Por Santiago Rey en En estos días
La tercera pericia balística en torno al asesinato estatal de Rafael Nahuel está a punto de naufragar. Y con ella toda posibilidad de alcanzar Justicia.
Este miércoles debía realizarse en el Cuerpo de Investigaciones Fiscales del Ministerio Público de la Provincia de Salta la tercera pericia para determinar la procedencia del proyectil que acabó con la vida del joven mapuche. Esta nueva pericia fue ordenada por la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, luego de dos pericias con resultados contradictorios.
La primera de ellas fue realizada por peritos independientes de la Policía de Río Negro -Roberto Nigris y Karina Uribe- y había arrojado como resultado indubitable que el proyectil que mató a Nahuel salió del subfusil MP5 que portaba el Cabo Primero Francisco Javier Pintos, uno de los cinco integrantes del grupo Albatros que ingresó a la comunidad Lafken Winkul Mapu el 25 de noviembre de 2017.
A pesar de la contundencia de la pericia realizada por los prestigiosos profesionales, el por entonces Juez subrogante del Juzgado Federal de Bariloche, Gustavo Villanueva, ordenó un segundo informe y lo encargó a la Gendarmería Nacional, una fuerza dependiente del ministerio de Seguridad que conducía Patricia Bullrich, al igual que la Prefectura que es investigada en la causa.
Tal como era previsible, esa pericia no pudo determinar de qué arma salió el disparo letal.
Así, la Justicia Federal ordenó una tercera pericia. Pero la misma, a pesar de la antelación con la que fue convocada (principios de noviembre de 2019) no pudo ser realizada este miércoles debido a los significativos faltantes.
Según pudo saber En estos días, los peritos constataron que entre las armas que fueron secuestradas tras el asesinato de Nahuel y que permanecían en custodia no están el subfusil MP5 correspondiente a Pintos y el que portaba el Cabo Segundo Juan Ramón Obregón.
Además tampoco fue incluido en el material enviado a Salta el proyectil extraído del cuerpo de Rafael Nahuel, pieza clave para realizar la comparación microscópica que podría determinar con qué arma fue disparado.
Así quedó registrado en un acta, que da cuenta de los elementos recibidos en el Ministerio Público de la Provincia norteña, y donde no figuran las dos armas y el proyectil.
Los abogados querellantes de la familia, Natalia Araya, y de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Sebastián Feudal, analizaban esta tarde los pasos a seguir ante el escandaloso hecho, y no descartaban la presentación de una denuncia penal.
Los tres elementos faltantes estaban en poder de la Gendarmería, desde la realización de la segunda pericia. A esa fuerza de seguridad correspondía la custodia, así como al Poder Judicial de Bariloche.
El abogado Sebastián Feudal dijo a este medio que lo sucedido “es en el mejor de los casos una torpeza inadmisible que sirve para describir la negligencia con la que se investiga”.
Feudal confía en que los elementos aparezcan y puedan ser peritados.
Sin embargo otro dato arroja sombras sobre el proceso: Entre los peritos que iban a participar del estudio en Salta no había ninguno que represente al Ministerio Público del Juzgado Federal de Bariloche.
Es decir que la estructura pública que tiene la carga de la investigación no participaría de la medida clave para determinar la responsabilidad del disparo mortal.
