Javier Sadir – La Palta.-

Una vez más Mónica Rojas debió enfrentarse cara a cara con los acusados de violar a su hija. Otra vez contó sobre la noche en que la adolescente llegó a la casa temblando. “Un policía abusó de mí”, le dijo. Durante tres días, el tribunal escuchó y debatió el caso de violación del 22 de mayo de 2012. Esa noche la joven estaba con su amigo Agustín viendo las picadas de motos en el parque 9 de Julio cuando aparecieron dos policías y les pidieron dinero para evitar el secuestro de la moto en la que andaban. Juntaron lo que tenían en el bolsillo, apenas llegaban a 50 pesos.

– No tenés ni para empezar, chango, le dijo el agente Aníbal Leiva a Agustín.

Entonces, el otro policía, Juan González, retuvo a Agustín en la moto y Leiva se llevó a la muchacha a la zona más oscura. Detrás un árbol, sin luz y sin testigos, la violó.

La condena se repitió a ambos, por segunda vez: diez y cinco años de prisión. En 2015, Mónica ya había contado la historia cuando la justicia acusó a Leiva como autor responsable de la violación y a González como partícipe necesario. Aquella vez, la Justicia condenó a diez años de prisión al violador y cinco años de cárcel al encubridor. A fines del año pasado, la defensa apeló la condena por la falta de fundamentación de la jueza Alicia Freidenberg a su voto en disidencia en cuanto al monto de la pena. La Corte Suprema de Justicia de Tucumán anuló la sentencia y ordenó llevar la causa a fojas cero.

Ante el tribunal integrado por los jueces Rafael Macoritto, Dante Ibáñez y Carlos Caramutti, Mónica volvió a contar la historia. “Después de lo ocurrido mi hija no volvió a ser la misma. Temblaba mucho, cerraba la boca y se mordía los labios. Eran convulsiones”, dijo. Después del ataque, la joven tuvo miedo de salir a la calle y se fue a vivir a otra provincia. Es una chica tímida, la describió su mamá. Eso quedó en evidencia cuando se reprodujo en una de las audiencias la entrevista en cámara gesell que le hicieron luego de la denuncia. Con voz de niña, la espalda encorvada y el pelo sobre los ojos, la joven le relató a la psicóloga que Leiva le bajó los pantalones y la violó. No le resultó fácil el relato, lloraba. La psicóloga Mariela Garvich determinó que había “indicadores de enlentecimiento de las funciones psíquicas” de la víctima.

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El nuevo juicio duró tres días y finalizó con una condena similar para los imputados. Aníbal Leiva le dieron 10 años de prisión como responsable por acoso sexual con acceso carnal agravado, y a Juan González lo condenaron a 8 años de prisión por ser partícipe necesario para el acoso sexual con acceso carnal agravado. La condena de ambos se profundizó al pertenecer a las fuerzas policiales y faltar al deber con el Estado.

En este segundo debate oral, la fiscal Juana Prieto de Solomino no escatimó en detalles respecto al accionar policial al momento de la denuncia. Por eso cuando el doctor José María Ildarraz escribió “no hay lesiones de tipo traumático” en el examen de sanidad que le realizó a la víctima, la ambigüedad del informe no pasó inadvertida. El alerta aparece cuando el médico describe una irritación en la zona externa de la vagina.

– ¿Ese enrojecimiento puede deberse a una violación?, preguntó Prieto de Solimo en la declaración de Ildarraz.

– Puede que sí, pero nada lo asegura. También puede deberse a una irritación causada por la ropa interior.

– Dígame, doctor, ¿usted puede notar si una mujer fue abusada en un exámen como este?

– Si el coito se realizó con violencia, hay marcas en el cuerpo que lo demuestran porque la víctima opone resistencia. En este caso no lo veo claro.

– Pero si a usted le ponen una pistola en la cabeza, ¿va a oponer resistencia? – preguntó Dante Ibáñez, juez vocal del tribunal.

En el examen no se dejaba en claro el abuso. Plagado de ambigüedades, este informe es parte de la evidencia que se tuvo en cuenta para que los jueces del tribunal decidieran abrir una investigación sobre el médico ante el posible delito de encubrimiento al momento de la sentencia. “¿Usted sabía que los acusados de la violación eran policías?”, preguntó Prieto de Solimo. Un titubeo y la respuesta del doctor: “No lo sabía”.

Otros detalles importantes surgieron de las declaraciones de los policías que prestaban servicio para la comisaría 11º la noche de la violación y de los que fueron hasta la zona donde se produjo. Esos mismos policías son los que se hicieron cargo de la denuncia que hizo Mónica la madrugada después de que su hija le contó el abuso. Los agentes José Martín Páez y Javier Contreras trasladaron a la madre y a la hija en el patrullero. “Cuando la señora me vio, me señaló y le preguntó a la hija si era yo”, declaró Contreras, “entonces le pregunté a mi compañero por qué me señalaba”.

– ¿Qué le dijo su compañero cuando le preguntó eso?

– Me dijo que hubo una violación.

– ¿Le dijo algo sobre las características de los acusados?

– No.

Antes de iniciar la declaración, el tribunal le había tomado juramento a Javier Contreras. En ese momento el presidente le preguntó si tenía algún interés por la resolución de esta causa. “Que se absuelva a mis compañeros, por supuesto”, manifestó el testigo. Ese pedido llamó la atención de los jueces y Macoritto repreguntó sobre la duda de la fiscal:

– ¿Su compañero le dijo a qué se dedicaban los acusados?

– Me dijo que dos policías abusaron de una menor en el parque.

– Eso es lo que queríamos saber, si usted sabía que los acusados eran policías.

En la sentencia, el tribunal ordenó la apertura de una investigación sobre el comisario Miguel Ángel Juárez, tercer jefe de la comisaría 11º al momento del hecho, y sobre el médico que hizo el examen sanitario en la sede policial por el posible delito de encubrimiento.

Hasta que quede firme la condena, los dos policías tienen prisión preventiva ante el peligro de fuga. Mónica lloró cuando escuchó que la Justicia los condenaba por segunda vez. Y es que ante la anulación de una condena, la amenaza de tener a los policías cerca y los vejámenes sobre su hija que reflotaron en dos juicios orales, el hecho de ver al abusador de su hija salir arrestado por los policías camino a la cárcel de Villa Urquiza significó una reparación. Una reparación que sentó justicia frente a la violencia institucional.

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