“Doscientos gendarmes, camiones hidrantes, helicópteros y drones contra una comunidad de 15 personas”. La médica María Elvira Gauna todavía no lo puede creer. Ella estuvo en la Lof de Resistencia Cushamen luego del ataque y se ocupó de curar a los heridos que dejó la policía. “Los que están hospitalizados, Emilio Jones y Fausto Jones Huala, padecen cuadros muy graves aunque evolucionan favorablemente. Pero en la Lof atendí muchos heridos, mujeres y niños golpeados, ellas con las marcas de los precintos en las muñecas. Todos están muy lastimados”, dijo a Cosecha Roja.

“Para Emilio no hay prótesis de mandíbula. Lo querían mandar a su casa pero nos negamos porque no puede ni comer. Fausto está en terapia intermedia. Tiene un coágulo en el cerebro que puede moverse. Todavía no escucha nada del oído izquierdo” contó a Cosecha Roja Fiorella Jones Huala, hermana y prima de los internados.

Jorge Buchile, Ivana Huenelaf, Gustavo Jaime, Daniela Gonzalez, Javier Huenchupan, Pablo Seguí y Gonzalo Segui fueron liberados aunque la justicia los procesó y deberán presentarse en el Juzgado el lunes por la mañana.

Nicolás Hernández Huala, Ricardo Antihual y Ariel Garzi continúan detenidos por la Justicia Federal y esperan la visita del juez en la Unidad 14.

Para Gauna, quien además es coordinadora de la Junta Promotora de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en Esquel, el ataque hacia esa comunidad es político. “Los miembros de la Lof, el Lonko Facundo Jones Huala, se posicionaron muy bien en la Mesa de Diálogo con el gobierno que se realizó durante todo 2016. Ellos conocen muy bien las leyes y a las autoridades les molesta”, explicó.

Hoy, en la Mesa de Diálogo que se está realizando y de la que dan cuenta los medios de comunicación locales no hay representantes de la Lof en Resistencia Cushamen. “A la mesa están sentados miembros de las comunidades mapuches-tehuelches que viven en la costa, a 600 kilómetros de acá”, explicó Gauna. “La última reunión a la que asistimos con representantes de la Lof Cushamen fue positiva. La comunidad expresó que no se opondría al paso de La Trochita con la única condición de que le avisaran porque el paso del tren, que está muy cerquita de la casa en la que viven, perjudica la cotidianeidad de la comunidad, sus tareas, sus rituales”.

Las partes coincidieron pero el gobierno levantó unilateralmente la mesa y no ratificó el acuerdo. Según Gauna , el verdadero tema tiene que ver con la posesión de la tierra. “Hace dos años que esta zona está militarizada al igual que El Bolsón donde el empresario Lewis tiene propiedades. En este momento allá hay acampes y gente en la calle para preveer que pase lo mismo que acá”.

Varios representantes de organizaciones de Derechos Humanos viajaron a Chubut para intervenir en el caso: el CELS que presentó un pedido al Ministerio de Seguridad de la Nación para que tome medidas de protección e investigación, la Asociación de Abogados de Derecho Indígena, el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, la Comisión Provincial por la Memoria, Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Margarita Cruz de Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, Pablo Pimentel de APDH La Matanza; Nilo Cayuqueo, de la comunidad mapuche; y María del Carmen Verdú de Correpi.

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