El cannabis y el solitario de los diputados

Las Comisiones de Seguridad Interior, Acción Social y Salud Pública y Legislación Penal terminaron de dictaminar sobre la regulación del cannabis medicinal, como paso previo al tratamiento por el pleno de la Cámara de Diputados. Mientras decenas de interesados planteaban sus posiciones, sus angustias y sus esperanzas de tener una mejor calidad de vida, el diputado Eduardo Amadeo jugaba al solitario con su tablet.

El gesto es apenas una anécdota. El dictamen del oficialismo se centraliza en el marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal de la planta del cannabis y sus derivados, pero poco o nada se detiene en los reclamos generalizados que los usuarios vienen realizando de un buen tiempo a esta parte y, principalmente, en el libre y legal acceso a la sustancia de modo inmediato.

El proyecto se limita a crear un Programa Nacional para el estudio y la investigación del uso medicinal del cannabis, en la órbita del Ministerio de Salud, que establece entre sus principales objetivos las clásicas acciones de promoción y prevención de la salud, el desarrollo de evidencias científicas sobre las alternativas terapéuticas de la marihuana, comprobar la eficacia de su empleo, sus efectos secundarios y, en lo que a usuarios se refiere, garantizar el acceso gratuito al aceite del cáñamo y demás derivados del cannabis a toda persona que se incorpore al Programa, en las condiciones que establezca la reglamentación, que sera dada dentro de los sesenta días de la sanción de la ley.

Poco, muy poco, para las enormes expectativas suscitadas en torno al tema y en las que en buena medida contribuyeron los legisladores con la convocatoria pública a los interesados.

La primera observación, de carácter general, pero no por ello de menor entidad, es la perplejidad que genera la presencia de la Comisión de Seguridad Interior en el tratamiento del tema, presencia que no solo se limitó a la participación, sino que fue la que en la persona de su titular, el diputado Luis Petri (UCR Mendoza), presidió la reunión informativa del plenario de las Comisiones con personas y organizaciones de la sociedad civil que expusieron sobre el particular. Puede comprenderse sin esfuerzo que el tema sea abordado, por razones de especialidad, por las Comisiones de Acción Social y Salud Publica y Legislación Penal, aun la Comisión de Asuntos Constitucionales. Pero cuesta pensar en la relación del cannabis medicinal con la Comisión de Seguridad Interior, como no sea que lo hagamos desde la lógica de la guerra a las drogas.

Despreciando la vasta experiencia científica acumulada en otros países, que han realizado pormenorizados estudios sobre las propiedades terapéuticas del cannabis y sus eventuales contraindicaciones y efectos secundarios, la República Argentina se propone volver a recorrer ese camino, en una acción que mas suena a una excusa que al verdadero propósito regulatorio. Estudios que, por otra parte, colocados en manos de personas con una evidente posición contraria al uso del cannabis medicinal nos permite avizorar sus resultados.

Independientemente de las especulaciones que puedan hacerse en torno a la cuestión, lo cierto es que luego de este dictamen el cultivo de cannabis con fines medicinales (del mismo modo que si lo fuera con fines recreativos) continuará siendo ilegal y sancionado por la Ley 23.737, de donde no se brindan respuestas serias y efectivas a las miles de personas que cotidianamente hacen uso del aceite de cannabis para el tratamiento de sus afecciones, y a las miles de personas que expresan su expectativa para acceder a la sustancia.

En el contexto precedente también cuesta pensar en el sentido de la convocatoria realizada por el plenario de las Comisiones para que personas y organizaciones expresaran sus puntos de vista sobre el tema. En ocasión de la reunión informativa no menos del 90% de los presentes expresaron su coincidencia acerca de la necesidad de despenalizar el uso medicinal del cannabis y habilitar el cultivo con esos fines, no solo en forma personal, sino también colectiva y solidaria. Sin embargo las Comisiones hicieron oídos sordos en forma completa a esas voces, convirtiendo a la convocatoria en un acto aparente, a los fines de cumplir una mera formalidad y brindar un barniz democrático a una situación que sigue sin resolverse.

La dirigencia política argentina, con las excepciones que solo sirven para confirmar la regla (no podemos olvidar que los que impulsan el dictamen de minoría habilitando el autocultivo y la despenalización tuvieron doce años de gobierno si haber avanzado en el tema) subestima la madurez del pueblo argentino y su capacidad para gestionar cuestiones que en apariencia se muestran conflictivas. La ciudadanía ha dado muestras cabales de encontrarse por encima del nivel de expectativas de la clase política cuando se sancionó la ley de divorcio, al igual que ocurrió con la ley de matrimonio igualitario y, mas recientemente, en las provincias donde se ha implementado el juicio por jurados. Siempre el pueblo argentino ha estado a la altura de las circunstancias, y no vemos motivos para que no suceda lo propio con el cannabis medicinal, como de hecho lo viene haciendo desde la clandestinidad a que la obliga la clase política.

La solución aparente, dilatada, a largo plazo, no alcanzará a detener un fenómeno que se muestra incontenible, y de sancionarse una ley en los términos propuestos solo servirá para continuar acumulando violencias e injusticias.