En los primeros días al frente de la causa por la desaparición de Santiago Maldonado, el juez Gustavo Lleral habló con los padres del joven tatuador, tomó declaración testimonial a su hermano y visitó la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia. Ayer, recibió el primer pedido de medidas por parte de una de las querellas: la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos reclamó el secuestro y peritaje de los teléfonos del jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti. Los abogados creen que hay suficientes pruebas de que el funcionario estuvo al frente “de un comando estratégico” del operativo en el que desapareció Santiago.
La Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos pidió que se analicen los dos teléfonos que usaba Noceti y que se solicite información a la empresa Movistar sobre los mensajes y llamadas entrantes y salientes para “determinar el tipo, frecuencia y contenido de las comunicaciones” entre el funcionario y los jefes de Gendarmería que comandaron la represión. Lo piden “debido a la cantidad de irregularidades cometidas por esa fuerza, que indica una clara voluntad de encubrir y que habría tenido información de medidas judiciales antes de que éstas se llevaran a cabo”.
“Todos los elementos que hay en la causa indican que el comando estratégico estuvo a cargo de Noceti”, explicó a Cosecha Roja Ernesto Martín Alderete, uno de los abogados de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. “Hay que determinar cuál fue el rol que jugó, sobre todo teniendo en cuenta las numerosas irregularidades posteriores. Está comprobado en la causa que Gendarmería conocía de antemano las medidas judiciales, como el secuestro de teléfonos y el allanamiento de vehículos”.
Los abogados justificaron los pedidos en base a una serie de elementos que forman parte del expediente:
– Un día antes de la desaparición de Santiago, Noceti encabezó una reunión con los jefes de Gendarmería en un hotel de Bariloche donde se planificó la represión a la comunidad mapuche.
– Los informes de Gendarmería demuestran que la fuerza realizó “tareas de inteligencia” sobre la comunidad y sus integrantes.
En los primeros días de la investigación, Gendarmería entregó a la Justicia un listado del personal que participó en el operativo en la ruta 40. Días después, la fiscal Silvina Ávila descubrió que habían ocultado información. La fiscal le envió un oficio a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich en el que calificó la maniobra como una irregularidad grave.
La fiscal también detectó irregularidades en el listado sobre los vehículos utilizados. Entregaron información parcial y errónea y no informaron una camioneta Amarok y un camión Unimog que participaron en el operativo.
El 3 de agosto, dos días después de la represión, Noceti anticipó telefónicamente a Gendarmería que el juez iba a librar un oficio para peritar los vehículos utilizados en el operativo. Al día siguiente, el sargento Sergio Sartirana, conductor de una de las camionetas, recibió un mensaje en su celular: “ahí dicen que saquen los vehículos, que saquen los vehículos, que escondan”.
– “Trae tu teléfono porque te (lo) van a secuestrar”
Antes del allanamiento al Escuadrón de El Bolsón, el sargento Federico Yucra, uno de los que encabezó el pelotón que llegó hasta el río Chubut durante la represión, recibió una llamada. “Tenés que venir para el escuadrón, papito. Urgente, si, y trae tu teléfono porque te van a secuestrar”, le explicó una voz masculina.
El juez Guido Otranto, desplazado de la causa por prejuzgamiento, ya había rechazado un pedido de la fiscalía para peritar los teléfonos de Noceti. Los abogados de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos plantearon que las nuevas pruebas que hay en el expediente demuestran que Noceti “jugó un rol activo y presencial” durante el operativo y mantuvo frecuentes comunicaciones con los jefes de Gendarmería los días siguientes.
Desde que se hizo cargo de la causa, el juez Lleral tuvo gestos que fueron bien recibidos por las querellas. En los próximos días deberá definir si avanza en la hipótesis que plantea la familia Maldonado: que a Santiago se lo llevó Gendarmería.
