Micaela Ortega tenía doce años y una cuenta en Facebook. Jonathan Luna tenía 26 y administraba varios perfiles, uno de ellos para hacerse pasar por una nena. En esa cuenta había agregado a mil setecientos contactos: la mayoría eran pibas de la edad de Micaela. Un mes atrás la contactó a ella. Micaela creyó ver en él a una amiga. Le pidió ayuda, dijo el fiscal Rodolfo de Lucía, “porque se estaba yendo de la casa”. “Creemos”, agregó, “que se encontró con él porque pensaba que estaba siendo acompañada a la casa de una amiga”.
La chica estuvo desaparecida durante un mes. La justicia nunca tuvo acceso a su cuenta de Facebook. Recién el 25 de mayo, el fiscal recibió un informe con un análisis de los vínculos y conversaciones que había tenido antes de desaparecer. El trabajo lo hizo una institución que trabaja casos de abuso. A partir de esa información lograron llegar primero a la pareja del acusado, y luego a él, que terminó por confesar el crimen.
El fiscal había pedido a Facebook que revelara las conversaciones que Micaela tuvo con su femicida. De ser así, quizás podrían haberla salvado. O al menos resolver el crimen con mayor celeridad. El fiscal explicó que Facebook nunca le dio permiso para acceder al perfil. Y que para tener información su actividad en las redes sociales pidieron ayuda Centro De Chicos Perdidos de Estados Unidos, que elaboró el informe.
“El procedimiento es engorroso. La red social sólo da la información cuando considera que hay riesgo de vida o a través de una orden judicial. Dicen que los datos privados no son de ellos, sino de sus clientes”, explicó a Cosecha Roja Horacio Azzolín, fiscal especializado en Ciberdelincuencia.
La privacidad está protegida por la Ley de Datos Personales, pero queda sin efecto cuando existe una ilegalidad. “En estos casos el problema radica en la jurisdicción: la ley es argentina y el contrato que el usuario firma cuando abre una cuenta es con una empresa de Estados Unidos”, explicó a Cosecha Roja la periodista Natalia Zuazo.
Diariamente, Facebook recibe datos de usuarios en todo el mundo. La información en este tipo de redes está demasiado concentrada y el proceso de almacenamiento lleva su tiempo. “Es un problema, pero tenemos que empezar a trabajar para que cada fiscal o policía pueda pedir lo que necesita”, dijo Azzolín.
“Todo nace de las malditas redes sociales”, dijo uno de los asistentes a la marcha por Micaela. Los medios de comunicación echaron culpas a la víctima y a los padres por dejar que su hija tuviera un perfil en la red.
“El problema no es Facebook. El chat entre dos dealers es narcotráfico, la captación de menores es trata y el crimen de una chica es por culpa de la violencia machista”, dijo Natalia Zuazo. “En Internet hay dos tipos de delitos: el computer crime y el computer related crime. El primero refiere a casos de bloqueos de páginas o hackeos y el segundo es la utilización del medio para cometer delitos graves”, agregó.
Micaela había dejado una nota a su mamá. Dijo que se iba a la casa de una amiga y nunca volvió. La encontraron ayer al costado de la ruta 3, en uno de los accesos de la ciudad de Bahía Blanca. La autopsia reveló que la estrangularon ese mismo sábado 23 de abril.
El único acusado, Jonathan Luna, confesó ser el autor del crimen. Tenía pedido de captura por haberse fugado de un penal. Podría recibir perpetua: será acusado por “homicidio agravado”.
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