A tres semanas del comienzo del juicio oral por la causa más grande por delitos de lesa humanidad en el sur de Santa Fe, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación dio de baja al contrato de la única representante del Estado como querellante en este y otros 129 expedientes por crímenes cometidos durante la última dictadura en la región.
Moyano había recibido presiones en el último año. Las autoridades de la Secretaría de DDHH le habían prohibido utilizar en las presentaciones judiciales los términos “represores” y “genocidas”. También le reclamaron que no debía oponerse a los pedidos de prisiones domiciliarias de condenados y procesados por delitos de lesa humanidad.
Desde HIJOS Rosario denunciaron que recibió “recriminaciones por firmar documentos críticos con la gestión de Mauricio Macri” y que antes de separarla del cargo el Estado había dejado de pagarle el sueldo.
Políticas de vaciamiento
El año pasado había sido despedido de la Secretaría de Derechos Humanos de Rosario el abogado Santiago Bereciartúa. En los cuatro años que estuvo en el cargo no recibió sanciones ni reclamos de sus superiores. En ese período representó al Ejecutivo nacional en cinco debates orales e impulsó otras cinco causas por delitos de lesa humanidad que están a punto de ser elevadas a juicio. También intervino en el expediente por la desaparición de Franco Casco, un albañil de 17 años que en 2014 apareció flotando en el río Paraná después de haber sido torturado en una comisaría de la ciudad.
Antes, había llevado adelante juicios por delitos de lesa humanidad como funcionario de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y como abogado de Abuelas de Plaza de Mayo.
“Sin tortura no hay información”
“El vaciamiento de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que no está aislado del que se viene llevando adelante en otras áreas clave del Estado, adquiere una mayor gravedad ante el próximo inicio de los juicios Klotzman y Feced III pautado para las primeras semanas de marzo”, explicaron desde HIJOS Rosario.
La causa Feced III es el expediente más grande por delitos de lesa humanidad en Rosario. Trece ex policías y el capellán de la Santafesina durante la dictadura, Eugenio Zitelli estarán en el banquillo. Están acusados por los crímenes cometidos contra 153 víctimas en el Servicio de Informaciones de la Policía de Santa Fe. En este centro clandestino de detención -por donde pasaron unas 2000 personas- Zitelli, ofició “misas” y “confesiones”, según él mismo contó en una entrevista televisiva en 1996.
En el expediente consta un diálogo entre el capellán y el sacerdote Ángel Prescello, quien le preguntó por las torturas en el Servicio de Informaciones.
—Y qué querés Ángel, sin tortura no hay información— le explicó Zitelli.
El cura, nombrado monseñor por el Vaticano a fines de 1998, podría convertirse en el segundo representante de la Iglesia Católica en ser condenado por delitos de lesa humanidad en el país, junto al sacerdote Cristian Von Wernich.
El comienzo del juicio está previsto para el 15 de marzo. Desde H.I.J.O.S anticiparon que a pesar del retiro del gobierno nacional seguirán luchando con sus abogados y abogadas por Memoria, Verdad y Justicia. “Para que todos los genocidas, asesinos, torturadores, ladrones de bebés y vende patria estén en el lugar que les corresponde: la cárcel”.
