Informe de La Nueva Mañana
El viernes 12 de febrero, cuando ya había estrangulado a Ivana Módica y ocultado su cuerpo en la zona del viejo Camino del Cuadrado, Javier Galván denunció la desaparición de su pareja. El ahora ex oficial de la Fuerza Aérea de Córdoba dijo que la periodista de la Escuela de Aviación Militar había salido a caminar por el Cerro La Banderita y que no había regresado. Después de hacer la denuncia formal, el aún vicecomodoro fue a trabajar al Centro de Ensayos en Vuelo (CEV) como cualquier otro día. Ni las denuncias formales por violencia de género que Ivana había realizado contra él en octubre de 2020 fueron impedimento para que el militar saludara a sus compañeros como si nada hubiese ocurrido e ingresara normalmente a desarrollar sus actividades.
Durante los ocho días que la mujer de 47 años permaneció desaparecida, la Fuerza Aérea Argentina publicó dos comunicados políticamente correctos pero que no se condicen con la realidad que –según compañeras de Ivana- tiene lugar puertas adentro de la misma institución que aseguró encontrarse “consternada”, pero que no sancionó ni alejó a Galván de sus filas cuando Ivana lo denunció en octubre de 2020 por violencia de género, ni lo alejó de sus filas cuando la principal hipótesis de la investigación era que el vicecomodoro la había matado.
“Ante los hechos que son de público conocimiento sobre la situación de la Sra. Ivana Módica, personal civil de la Institución, la Fuerza se encuentra consternada y a la espera de un desenlace favorable, dando apoyo a su familia y colaborando con las autoridades judiciales”. Nada dice del oficial agresor.
Recién con la confesión del militar femicida y el cadáver de Ivana en las narices, y sin más opción, la Fuerza Aérea publicó su segundo comunicado, informando la destitución de Galván:
“La Fuerza Aérea Argentina lamenta la reciente pérdida de uno de sus integrantes, en este caso de la personal civil Ivana Módica, máxime en tan terribles circunstancias, que son de público conocimiento. En este momento tan doloroso, la familia aeronáutica acompaña a sus seres queridos, compañeros y amigos y reza por el descanso eterno de su alma. Asimismo, se informa que la Institución ha procedido a efectuar la destitución inmediata del femicida Javier Galván, dejando en claro que este tipo de conductas jamás serán toleradas y que resultan incompatibles con los valores que sustentan el accionar de la Fuerza Aérea”.
En ninguno de los dos textos la fuerza de seguridad asumió responsabilidad alguna. Solo se despegó del femicida, a quien sin poder proteger más, rechazó públicamente. Los títulos de los distintos medios de comunicación, voluntaria o involuntariamente, contribuyeron a limpiar la imagen de la institución: “La Fuerza Aérea echó a Javier Galván”. Lo mismo hicieron los medios con los dichos del abogado Felipe Jure, defensor del femicida, y quien de forma falaz, intentó convertir a la víctima en victimaria. El Colegio de Abogados de Córdoba tuvo una reacción rápida y acertada al repudiar sus declaraciones y recordar la necesidad de incluir la perspectiva de género en el ejercicio de la profesión. Por su parte, el Tribunal de Disciplina de Abogados de la Provincia de Córdoba (TDA) no avanzó en ningún tipo de sanción contra el letrado que pudiera servir de ejemplo para futuros casos similares.
Una Oficina de Género para proteger a los denunciados
En octubre de 2008, el Ministerio de Defensa de la Nación crea las Oficinas de Género en las Fuerzas Armadas. En la resolución que acompaña su creación, la cartera asume tener conocimiento de “las situaciones de conflicto atravesadas por el personal femenino de las Fuerzas Armadas relativas a su condición de género (..) que dado que las Fuerzas Armadas han sido históricamente integradas por hombres y que muchos de sus sentidos se han orientado por valores masculinos, es necesario reforzar la integración de las mujeres mediante la creación de un organismo que contemple las dificultades que puedan surgir de su inserción profesional”.
En Córdoba, la Oficina de Género de la Fuerza Aérea funciona en el Instituto Universitario Aeronáutico (IUA), y está a cargo de la Mayor Marcela María Carmona Canedo. Tras el femicidio de Ivana, sus compañeras salieron a las calles para exigir justicia y medidas urgentes, y denunciaron el mal funcionamiento de dicho departamento. “Necesitamos que se rompa el pacto de impunidad de las instituciones que encubren a agresores pertenecientes a las fuerzas de seguridad y de Defensa para que se los sancione de forma correcta y efectiva”, señalaron en el documento que leyeron en la marcha del sábado 21 de febrero.
“La Oficina de Género es una pantomima para lograr la impunidad de los militares denunciados”
Carolina Llanos es abogada, personal civil de la Fuerza Aérea de Córdoba, y delegada y Secretaria de Género de la Junta interna de la Guarnición Aérea de ATE. En diálogo con La Nueva Mañana dio cuenta de cuál es la situación de las mujeres dentro de la institución.
“La Oficina de Género a cargo de la Mayor Carmona existe, está reglamentada y tiene un protocolo, pero no cumple con su función. Es una pantomima para lograr la impunidad de los militares que son denunciados. No nos da información cuando la solicitamos. Degrada y presiona a las compañeras que denuncian. Hace lo posible para hacerlas desistir y no informa qué proceso desarrolla. Su accionar en la práctica es muy diferente a lo reglamentado. Se denuncia a un militar, y la denuncia recae en otro militar que no protege a la víctima, si no al victimario. Solo si hacemos mucha presión o es muy evidente y reiterado el accionar del denunciado, lo trasladan a otra unidad. Tampoco nuestras acusaciones impiden que los agresores sean ascendidos. Y cuando el caso es muy grave, lo único que hacen es cambiarlo de destino, lo cual es como un premio porque reciben una compensación económica muy grande. Esta impunidad hace que el ciclo se repita”, explicó la delegada de ATE.
Y agregó: “Debemos exigir un verdadero espacio de tratamiento de toda la cuestión de género e igualdad de oportunidades con resoluciones vinculantes, y con personal Civil con autoridad en la materia y no una militar cómplice y encargada de reproducir sistemáticamente la violencia institucional”.
En ese marco, la secretaria de Género de la Junta interna de la Guarnición Aérea de ATE, indicó que muchas compañeras le solicitan ayuda al no recibir una respuesta por parte de la institución. Dicho acompañamiento, en muchas oportunidades, viene seguido de agresiones hacia quienes defienden a las víctimas.
“He sufrido muchos destratos, violencia e intimidación por mi función”
“Muchas compañeras nos solicitan ayuda y las hemos acompañado, lo que pagamos con agresiones por parte del denunciado. Por mi función he sufrido muchos destratos, violencia e intimidación. Una de esas personas, un suboficial, llegó a romper la abertura de ingreso a mi oficina, irrumpiendo y arrojando basura y escombros donde trabajo. Lo hizo durante meses, siempre me dijeron que iba ser la última vez. Lo ascendieron hace semanas. Yo había presentado denuncia ante el director del Instituto Universitario Aeronáutico (IUA) y su jefe directo. Es increíble, ¿en qué otro lugar alguien rompe una cerradura, reitera su acción luego de ser denunciado y luego es ascendido?”, cuenta Llanos quien está analizando realizar una denuncia por fuera de la Fuerza Aérea.
“No queremos más Ivanas; y ya no nos callamos más”
Noelia Martino también es delegada de ATE y personal civil docente. A pesar de estar en distintas reparticiones conoció a Ivana, quien era corresponsal de las revistas Aeroespacio y Noticias en vuelo. “Siempre fue una chica muy para adelante, muy empoderada, muy independiente y muy reservada con su vida privada. Sus compañeras de oficina decían que ‘ojalá hubiera dicho algo’. Por eso insistimos en que es tan importante que se cumplan los protocolos, que las mujeres sepan que no están solas, y que si un hombre tiene una denuncia por violencia de género, esa información sea cruzada con la Fuerza para que haya una sanción o una desvinculación”.
“Vamos a salir a las calles todas las veces que sea necesario, aunque estamos seguras que ninguna justicia es suficiente a cambio de una vida. No queremos más Ivanas, y ya no nos callamos más. Y así como no nos callamos, decirles a todas y a cada una de las mujeres que están sufriendo cualquier violencia de género que no están solas, que somos miles las que estamos organizadas. Y que si bien sabemos que los mecanismos son lentos, que se acerquen a las organizaciones y se animen a denunciar”, concluye Martino.
La Nueva Mañana intentó contar con declaraciones de la Oficina de Género pero no obtuvo respuesta a sus consultas telefónicas y vía correo electrónico.
Opinión: En Argentina para las mujeres no hay Estado de Derecho
No es una locura, no es demencial, no es increíble, ni es casualidad que en una misma semana en Córdoba Ivana Módica haya sido asesinada por Javier Galván, Miriam Beatriz Farías por Jorge Juárez, y que Emilse Gajes haya aparecido “suicidada” tras reunirse con su pareja Fabricio Acuña. Es, por el contrario, la normalidad del fracaso del Estado de Derecho que debiera garantizar la vida pero que condena a las mujeres a la muerte. Un Estado donde la mujer sobrevive y muere a la intemperie.
Según el observatorio de Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá), el 12% de los femicidios en lo que va de 2021 sucedió a manos de personal de las fuerzas de seguridad. Galván era oficial de la Fuerza Aérea, Juárez Suboficial de la Policía de Córdoba y Acuña, un ex estudiante de la escuela de Policía. Entonces, no es casualidad, ni coincidencia. Hay patrones que se repiten, que alertan, y que incluyen no solo al femicida, sino a las instituciones que los protegen.
Por eso es necesario repetir una y mil veces que el Estado es responsable. Porque no basta con crear un Ministerio de la Mujer para que la ministra Claudia Martínez salga en distintas notas periodísticas a culpar por los femicidios a la pandemia de coronavirus o se saque una foto con el gobernador anunciando un aumento en la asistencia económica a mujeres víctimas de violencia de género mientras las trabajadoras del Polo de la Mujer vienen denunciando precarización laboral, falta de recursos para llevar adelante sus tareas y violencia institucional.
Por respeto a la memoria de todas las asesinadas, la lucha contra la violencia de género no puede ni debe ser utilizada como propaganda. Lo mismo vale a nivel nacional. El Estado debe evitar los femicidios y destinar mayor presupuesto para que funcione la estructura que está montada para prevenirlos, en vez de intentar luego justificarlos o sacar medidas a la manchancha.
Es fundamental que diseñen y apliquen protocolos, y que implementen de manera urgente la Ley Micaela, fundamentalmente en la Justicia y en las fuerzas de seguridad. Es una vergüenza y una irresponsabilidad que el femicida Javier Galván haya sido coordinador de la Red Aero Sanitaria del COE del Gobierno de la Provincia apenas unos meses antes de matar a Ivana, y cuando ya tenía denuncias. Todas las instituciones que debían proteger a la víctima, protegieron (por intención u omisión de acción) al victimario. Galván tendrá su juicio. Tendrá derecho a un abogado que lo defienda. Tendrá condena y algún día hasta recuperará la libertad. Para Ivana no hubo ley, no hubo defensa, no hubo Estado de Derecho. Hoy, no importa cuando leas esto, una mujer está siendo asesinada en Argentina.
