El largo y torpe camino de las denuncias por violencia de género

Cosecha Roja.-

Briana, Ian, Yael, Shakira, Alejo, Mayla, Gastón y María Karina no pudieron escapar del fuego porque no era fácil: según cuentan los vecinos, la casa estaba tapiada por las reiteradas amenazas del ex marido de Karina, Cristian Méndez. Vivían atrincherados y así murieron los dos adultos y los seis niños. La mujer lo había denunciado siete veces por maltratos y amenazas. ¿Por qué no se escucharon sus reclamos? ¿Qué pasa con las denuncias de violencia de género que no se atienden?

Aunque los vecinos y familiares aseguran que Karina lo había denunciado en reiteradas ocasiones, una sola está asentada en la comisaría III, en Parque San Martín, Merlo. “Esto es de lo que hablamos cuando mencionamos el mal trabajo de la justicia o la policía: lo que pasó es una muestra de los miles de casos que suceden en el Conurbano”, dijo a Cosecha Roja Nelly Vórquez, directora de la Casa de la Mujer Juana Chazarreta desde 1995. “Es una falacia burocrática muy común: existen las medidas y procedimientos pero no los medios para implementarlas”, explicó a Cosecha Roja Laurana Malacalza, ‎Coordinadora del Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.

Si una mujer es víctima de violencia de género tiene un largo y torpe camino por delante. Vórquez y Malacalza describieron cómo debería funcionar el procedimiento idealmente y los principales obstáculos que existen en la realidad. Primero, la mujer debe acercarse a denunciar: puede hacerlo en la Comisaría de la Mujer pero como las que hay en la Provincia de Buenos Aires no alcanzan para la cantidad de casos, también puede ir a cualquier dependencia policial. Aunque muchas veces intentan disuadir a la denunciante, los policías no solamente están obligados a tomarla sino que también deben -según la ley 26.485- evitar la revictimización y facilitar la debida atención, asistencia y protección. Eso incluye pasarle los teléfonos de las asociaciones que se dedican al tema.

“En las comisarías suelen opinar, decir que la mujer después se va a arrepentir, pero no están ahí para aplicar su criterio, están para darle curso a la denuncia y que pase al juzgado”, dijo Vórquez. “El femicidio se puede evitar si cada uno cumple bien su rol y función”, agregó. “La primera escucha es en la sede policial y ahí no están sensibilizados con el tema”, opinó Malacalza.

El siguiente paso es que la denuncia pase a la justicia. Pero hay dos problemas: la demora de hasta 15 días (cuando deberían ser menos de 72 horas) y que es la policía la que determina a qué fuero va -si al de familia o al penal. “En la comisaría no suelen identificar con claridad los indicadores de riesgo”, explicó Malacalza. Se debería evaluar, entre otras cosas, si la violencia es asidua, si no es la primera denuncia, si hay armas blancas, si ya ha ido a un hospital.

A las 72 horas, la mujer debería poder ir con el DNI y tener un juzgado asignado. Dependiendo del caso, el juez podría determinar la exclusión o restricción. En ese caso, es la policía la que luego debe dar cumplimiento. “La mayor parte de las veces la policía departamental argumenta que no tiene personal ni móviles para hacer cumplir la medida”, contó Malacalza. Para este momento la víctima ya tendría que estar conectada con alguna asociación que trabaje el tema para que la asesore y contenga. “Cuando vienen nos ocupamos del miedo, de la toma de decisiones, del autoestima, de cómo hablar con las distintas instituciones”, contó Vórquez.

Según la Asociación Civil La Casa del Encuentro, en 2013 los femicidios se incrementaron un 15%: pasaron de 255 a 295, uno cada 30 horas. En 2012 había un caso de femicidio cada 35 horas. Son 40 casos más y casi todas las víctimas son madres entre 19 y 30 años. La cifra, además, viene aumentando en los últimos cinco años: 208 en 2008; 231 en 2009; 260 en 2010; 282 en 2011. “Venimos diciendo que estamos en emergencia. El sistema patriarcal sobrevive en la justicia y las comisarías: todos miran para otro lado”, dijo Vórquez.

No es una sola cosa la que no sucedió en el caso de Karina: son un cúmulo de procedimientos y actores los que no funcionaron para que en este momento estén enterrando a ocho personas. No le aceptaron todas las denuncias, la que le tomaron no circuló y Karina no fue asesorada. Todos murieron por inhalar monóxido de carbono. Los bomberos no tenían agua, la ambulancia nunca llegó y los tuvieron que trasladar en un patrullero al hospital. El fiscal de Merlo, Sergio Dileo, pidió la detención de Cristian Méndez. Más de 600 policías lo buscaban desde el jueves y lo encontraron el sábado a la madrugada cuando llegó a la casa de su abuela en Villa Domínico.

Foto: Mariano Armagno / Infojus Noticias