Dos artefactos explosivos caseros, de esos que se pueden fabricar mirando tutoriales en internet. Uno explota frente a la tumba de Ramón Falcón. La única herida es la mujer que intentaba detonarlo. Queda internada y su compañero es detenido. El otro artefacto -que cae debajo del auto del juez federal Claudio Bonadío- no llega a explotar y la policía atrapa al supuesto responsable. Resultado: el gobierno nacional, con el apoyo de la Justicia Federal, lanza la cacería mediática y policial. Patricia Bullrich habla de grupos organizados y de “violencia extrema” y la policía allana casas anarquistas y el ateneo de Constitución, donde está el archivo sobre anarquismo más importante de América Latina.
“Son personas del mismo tipo de orientación anarquista”, anunció la ministra en una radio. “Todos vivían en el mismo aguantadero”. El jefe de la Policía Federal encabezó el allanamiento: en la casa de Pavón al 2300 donde vivían dos de los detenidos sacaron fotos a las pintadas en las paredes, a las consignas escritas con aerosol -”Odio a la policía”- y a banderas con símbolos anarquistas. Entregaron esas imágenes a los medios con la lista de elementos secuestrados -pólvora, mechas y caños- y detuvieron a nueve personas. La policía allí no llegó por una investigación exhaustiva y profunda: la dirección de esa casa es la que figuraba en el documento de uno de los detenidos.
El lugar ya es conocido. Por ”el aguantadero” había pasado Cristian Ariel Genez, el “Largo”, el hombre que está detenido por asesinar de un cuchillazo a Juan Ledesma, el baterista de Superuva. El asesino estaba vinculado al grupo más lumpenizado y descompuesto de la escena punk porteña. Tipos capaces “de robarle la campera y los borceguíes al que tenían al lado”, contó a Cosecha Roja un habitué de la escena de los ‘90 en ese entonces. Hace unos meses, en la casa de Pavón organizaron un recital para juntar dinero y apoyar a ‘Largo’. En abril del año pasado, la Federación Libertaria Argentina denunció que un grupo que paraba en el conventillo de la calle Pavón atacó su ateneo en Constitución, el mismo que hoy fue allanado.
Las imágenes de las detenciones se contradicen con la idea de grupos organizados capaces de desplegar una “violencia extrema”. Más bien dan la sensación de una organización precaria y marginal. Los ataques tuvieron una sola persona herida: la chica que manipuló el explosivo. Los elementos secuestrados se compran en una ferretería. Y para fabricar las supuestas bombas no es necesario tener vínculos con organizaciones terroristas internacionales: alcanza con buscar videos en internet.
En paralelo al allanamiento en la casa de Pavón la policía de la Ciudad fue hasta la casa donde supuestamente vivía el hombre detenido por el ataque en la casa de Bonadío. “La persona que vivía ahí explicó que este hombre se había ido hace cinco años”, contó una fuente a Cosecha Roja.
Simpatía por las bombas caseras
El ataque a la tumba de Falcón -el jefe de policía responsable de la muerte de más de una decena de anarquistas- no es nuevo. Desde hace décadas la lápida luce frases que reivindican a Simón Radowitzky, el militante obrero que vengó el asesinato de sus compañeros con una bomba en el auto del policía. La figura extemporánea del anarquista vindicador, asociado a la colocación de bombas, es una imagen que siempre vuelve. Vinculada, por un lado, a la fascinación de algunos grupos anarquistas. Por el otro, a la construcción del gobierno de la figura de un enemigo peligroso que justifica la persecución y criminalización.
El ataque en la casa de Bonadío se dio casi al mismo tiempo y con artefacto similar al del cementerio. El que lo tiró salió corriendo y la custodia del juez lo alcanzó. Todo se hizo a pie. El caño no llegó a explotar.
El fiscal Carlos Stornelli salió a hablar enseguida: dijo que no tiene “ninguna duda” de que el atentado tiene vinculación con “la causa de los cuadernos” en las que investigan a varios funcionarios kirchneristas. Pero la verdad es que el sector al que pertenecen los acusados desprecian por igual a kirchneristas y macristas. Unos y otros se los tiran por la cabeza: de un lado los acusan de servicios. Del otro, de ‘zurdos montoneros’.
En el caso de Bonadio, el ataque fallido podría estar vinculado al accionar del juez federal después de la represión en las afueras el Congreso el 14 de diciembre de 2017, mientras se debatía la reforma previsional. Entre los 53 detenidos de ese día había dos anarquistas. Uno de ellos pasó diez meses preso. El juez se negaba a liberarlo por su militancia. En las redes sociales hay fotos de pintadas y volantes pidiéndole al juez la libertad de los anarquistas.
La construcción del enemigo
Desde la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, el 1 de agosto de 2017, el enemigo número uno del gobierno pasó a ser una supuesta organización terrorista cuya existencia nunca fue probada: la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). Según una investigación interna del ministerio la RAM recibía armas y apoyo financiero de organizaciones internacionales, pero atacaba con cuchillos, martillos y serruchos.
Entre la larga lista de atentados que el gobierno le atribuyó a la RAM están el ataque a piedrazos a gendarmes durante la represión en la que murió ahogado Santiago Maldonado y el supuesto “enfrentamiento” con integrantes del grupo Albatros de Prefectura en el que fue asesinado por la espalda el joven mapuche Rafael Nahuel.
Según el informe de 180 páginas -basado principalmente en búsquedas en internet- explican cómo identificar a un integrante de la “organización terrorista”: salen en las fotos con un gesto “atribuído al anarquismo: brazo extendido en alto y puño cerrado”.
Hoy no se sabe más nada de la RAM. La supuesta organización terrorista internacional duró lo mismo que las portadas hablando del caso Maldonado. Hoy la noticia de las bombas caseras desplazó a la inflación y los recortes presupuestarios. La nueva amenaza -que usa domicilios legales y no oculta su rostro- ocupa las portadas de los diarios. Sus fotos, como no podría ser de otra manera, son bajadas de las redes sociales.
