Por En Estos días
Pasaron un año, seis meses y 18 días desde que el cabo primero Fracisco Javier Pintos asesinó al joven mapuche Rafael Nahuel. Este lunes, a las 18.35, la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, comunicó oficialmente al Juzgado Federal de Bariloche que Pintos había sido detenido.
Se cumplió así con la orden emanada por la Cámara Federal de General Roca, que el pasado 15 de mayo procesó al integrante del grupo Albatros por “homicidio agravado” y le dictó la prisión preventiva.
Ante esa resolución, el juez federal de Bariloche, Leónidas Moldes, debió cumplir con el requerimiento y solicitar la detención a su par de San Isidro. Moldes había procesado a Pintos bajo la figura de “homicidio cometido en exceso de legítima defensa” y no le había dictado la prisión preventiva, fallo que corrigió luego la Cámara Federal.
Pintos -como oportunamente reveló este medio- fue el responsable del disparo mortal, aquella tarde del 15 de noviembre de 2017, cuando los cinco miembros del grupo Albatros ingresaron al territorio de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu y dispararon con munición de plomo -balas 9 mm- entre 114 y 129 veces.
Nahuel recibió el tiro por la espalda. Ingresó por su glúteo izquierdo y se alojó en el tórax.
A partir de ese momento el Gobierno nacional de la alianza Cambiemos -fundamentalmente a través del ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich-, instaló la teoría sobre la existencia de un enfrentamiento armado, y aseguró que los Albatros habían sido emboscado por la comunidad mapuche.
Sin embargo, las pruebas que se acumularon durante la instrucción del expediente judicial demuestran que, según palabras de la Cámara Federal de Roca, existió una “persecución” y una cacería que provocó la muerte de Rafael Nahuel.
Esa resolución del Tribunal cuestionó duramente la injerencia de Bullrich en la causa a través de los comunicados oficiales y la presión sobre los medios colaborativos que daban cuenta del relato del enfrentamiento.
