El problema de las drogas en clave regresiva

Declarar la guerra contra las drogas, militarizar las fronteras, igualar la “inseguridad” al narco, criminalizar a los usuarios. Las medidas del gobierno de Mauricio Macri se publicitan con el eslogan “lucha contra el narcotráfico”, que promete resolver el problema de raíz. Todavía creen posible un mundo libre de drogas. “Es una quimera, es imposible lograrlo”, dijo Juan Tokatlian, miembro de la Comisión Directiva del CELS. Para el organismo, el enfoque en política de drogas actual es una regresión al paradigma prohibicionista.

En enero, el gobierno anunció la emergencia en seguridad pública a través del Decreto 228/16. La medida permite que las Fuerzas Armadas derriben aviones que se usan para comercializar drogas. Pero el problema principal no es aéreo, sino territorial. Según el informe anual 2016 del CELS, “la Argentina no tiene conocimiento institucional profundo, sistemático y actualizado en materia de droga”. Para la gestión de Macri, la prohibición parece ser la única solución viable. La consecuencia: no hay disminución ni en el tráfico, ni en el consumo y se toman medidas “duras” contra microtraficantes y adictos.

Esteban, de 21 años, vive en un asentamiento al norte de la provincia de Buenos Aires. A los 14 probó la cocaína y aspiró pegamento. Tomó conciencia de su adicción cuando le fracturaron una pierna en una pelea barrial. Todavía fuma marihuana porque le sirvió para dejar las sustancias más pesadas. “Le encontré el sentido a la droga”, dijo. Según el informe 2014 de SEDRONAR, el 70,5 por ciento de los estudiantes de todo el país probó alguna vez el alcohol y el 15,9 por ciento, la marihuana.

El informe del CELS muestra cómo esta política se ataca a las personas equivocadas: una de cada tres causas por drogas son por tenencia para consumo personal. Hay una realidad invisibilizada: la ley 26.657 de Salud Mental especifica que las adicciones no deben ser abordadas por las políticas de seguridad, sino por especialistas en salud pública.

El informe insiste con que la prohibición alienta el mercado ilegal. La idea del “narcotráfico cero” corrompe a las fuerzas de seguridad y también a la Justicia. Para el CELS, los funcionarios judiciales pueden dar autorizaciones y licencias que habiliten negocios. Uno de los casos más significativos es el del empresario boliviano José Sejas Rosales, líder de una banda narco. La policía lo detuvo en 2014 por ingresar más de 450 kg de cocaína a la Argentina. Días después en Orán, Salta, el juez federal Raúl Reynoso lo liberó a cambio de una coima. Detrás está el negociado: la liberación de las rutas para el transporte de drogas sin controles desde Bolivia y con pagos de hasta medio millón de dólares. Hoy Reynoso renunció a su cargo y está procesado por beneficiar a los narcos.

En Argentina, las bandas narco cuentan con la connivencia de policías y funcionarios, pero no son carteles como en México o Colombia. “El principal problema de México es la macrodelincuencia: el vínculo estrecho entre el poder político y el crimen organizado”, contó Narce Santibañez, integrante del Centro PRO de Derechos Humanos. México es el “tercer país más violento después de Irak y Siria”, a pesar de que es una zona de paz. Según un informe de la ONU de octubre de 2015, el 98 por ciento de los casos quedan sin resolver.

La situación de las cárceles, la desaparición forzada de personas en democracia, la tortura y la brutalidad de las fuerzas policiales pueden emparentarse en varios países de la región. “América Latina es bicéfala en materia de drogas: denuncia internacionalmente, hace poco al interior de sus Estados. Hay una brecha entre el decir y el hacer, en ese espacio se vulneran los Derechos Humanos”, agregó Tokatlian.

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En la presentación, el CELS también abordó la cuestión de género. Además de destacar la convocatoria Ni Una Menos, plantearon la deficiencia del Estado: el 75 por ciento de las causas son archivadas. “Hace falta un sistema de denuncias unificado y un registro oficial de femicidios”, dijo Laurana Malacalza, coordinadora del Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo. El otro problema es la estigmatización de trans y travestis: la ausencia de definiciones inclusivas, el hostigamiento policial y la deficiencia en el acceso a la vivienda, el trabajo y la salud.

El informe se presentó en el Centro Cultural Caras y Caretas. “Es un panorama de la actualidad, pero también una rendición de cuentas de nuestro trabajo. Hubo que adecuar las prácticas de nuestro organismo a los cambios en la Argentina. De nuevo hay una política de violación de Derechos Humanos por parte de un gobierno democrático”, dijo el presidente del CELS, Horacio Verbitsky.