Por Francisco Hernández*
José Efraín Martínez Rivas, compañero de oficina, el hombre que la había acosado sexualmente durante dos años, estaba parado detrás de Rebeca.
—Mire, bebé. No le va a pasar nada, al contrario, le dijo.
Eran las 8:05 del sábado y a ambos les había tocado trabajar, como sucedía una vez al mes, durante el primer día del fin de semana. Laboraban en un centro de llamadas gubernamental.
—Es algo bueno lo que le va a pasar. Lo que yo tanto había esperado en dos años, hoy este día se me cumple. Tranquila, colabore, siguió diciéndole su compañero.
Rebeca tiene 40 años y trabaja en Cancillería. El día que sucedió todo, el 3 de marzo de 2018, llegó a la oficina y se sentó frente a la computadora. Rebeca supo que estaba sola con José Efraín Martínez Rivas cuando llegó junto al escritorio, la abordó por la espalda y le tocó los pechos.
No era la primera vez que lo hacía. En 2016, siempre en la oficina de gobierno, la abrazó y le tocó los pechos; la mujer puso una queja ante su jefe inmediato, por lo que amonestaron al agresor. A pesar de la denuncia. En 2017, José, de 41 años, siguió con el acoso: empujó a Rebeca contra la pared, le tocó sus pechos, nalgas e intentó besarla.
Aquel sábado debían ser tres las personas en la oficina, pero el otro empleado había faltado, sin que se conocieran las razones.
—Nadie escucha si pides ayuda, le dijo José mientras seguía acosándola.
—Estamos solos, sentenció.
—Ubíquese, alcanzó a decir Rebeca.
—Deje de estarme molestando, insistió ella para persuadirlo.
Él le respondió con un fuerte apretón en los pechos. La víctima intentó defenderse, pero el hombre tenía más fuerza. La llevó hacia una pared, la empujó y la botó boca abajo en la mesa de una compañera. Luego, la violó.
Cuando se separó de ella, le dijo que le pidiera a su esposo que no fuera a traerla al trabajo para ir a un lugar más “relajado”. Él se ofreció a pagar el hotel y le aseguró que podían ser amantes. Ella no dijo nada y se fue a llorar al baño.
Pasaron los días y Rebeca temía hacer una denuncia. Le contó a otro compañero de trabajo, quien le recomendó proceder legalmente. La mujer tomó valor y acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) el 11 de marzo, una semana después del hecho.
La víctima le contó a las fiscales todo lo que el agresor le había hecho. También contó que no lo había denunciado antes porque José tenía influencias con las autoridades de Cancillería. La unidad fiscal de Santa Tecla retomó el caso porque los hechos ocurrieron en el edificio de Cancillería que está en Antiguo Cuscatlán, en el departamento de La Libertad.
La fiscalía empezó a investigar hasta que ordenó la captura de José en agosto de 2018. La Policía Nacional Civil (PNC) lo detuvo en el parqueo de Cancillería. Un año y medio después, el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla concluyó que José violó a Rebeca y le impuso, el 20 de agosto pasado, una condena de ocho años de cárcel, según confirmó la fiscalía a LA PRENSA GRÁFICA.
La sentencia también incluye que la fiscalía y Rebeca, cuya identidad en esta noticia fue modificada para protegerla, pueden presentar el proceso ante un Tribunal de lo Civil para determinar la indemnización que debe pagar José a la víctima.
No sólo Rebeca
Rebeca no es la única. La semana anterior, una encuesta de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) reveló que el 7.5 % de mujeres fue víctima de acoso sexual en el trabajo “por parte de jefes, jefas, compañeros o compañeras”. En el estudio participaron 1,090 trabajadoras.
El estudio recopila que la Dirección General de Inspección de Trabajo solo recibió dos denuncias por acoso sexual durante 2018 sufrida por mujeres, y en ningún caso despidieron al agresor. Mientras, la Procuraduría General de la República da cuenta de cinco casos.
El año en que Rebeca fue violada, en el país hubo 6,142 denuncias de mujeres víctimas de agresiones sexuales: 2,600 de esos casos (el 44.14 %) fueron violaciones, de acuerdo con el informe anual Hechos de Violencia Contra las Mujeres 2018, elaborado por el gobierno salvadoreño.
La problemática de las violaciones en El Salvador no finaliza con la condena de los agresores. El Estado tiene una deuda con la rehabilitación de los abusadores sexuales que ingresan a prisión, reveló una investigación de LA PRENSA GRÁFICA. Desde 2016, 247 de los 569 exconvictos que salieron en libertad tras cometer agresiones sexuales no recibieron rehabilitación, según la Dirección General de Centros Penales (DGCP). En algunos años, José podría formar parte de esa lista.
*Esta nota se produjo en el marco de la Beca Cosecha Roja 2019 y fue publicada también en La Prensa Gráfica.
