Roberto Valencia y Gabriel Labrador Aragón. El Faro.-

La Mara Salvatrucha y el Barrio 18 piden que se forme una mesa negociadora en la que ellos se sienten con los representantes que la sociedad y el Estado salvadoreños designen. La reinserción social y laboral se perfila como uno de los temas a discutir. El objetivo final, aseguran los pandilleros, es renunciar a todo tipo de actividades delictivas. El ministro de Seguridad no descarta de entrada la propuesta.

Más cartas sobre la mesa. La Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 pidieron este martes 19 de junio a la sociedad salvadoreña y al Estado que se inicie un proceso formal de diálogo, similar al que a inicios de los noventa puso fin a la guerra civil. El objetivo a corto plazo sería consolidar y profundizar el cese el fuego vigente desde el 9 de marzo; a medio y largo plazo, aseguran, sería que las pandillas renuncien por completo a las acciones delictivas.

Para el anuncio se recurrió a un comunicado suscrito por ambas pandillas, el tercero desde que inició el proceso. MS-13 y Barrio 18 aseguran estar preparados para buscar una solución “firme y duradera” a un conflicto sociodelincuencial que hasta hace poco más de tres meses dejaba un promedio diario de 14 asesinatos en el país. “La pregunta sobre la cual necesitamos respuesta es si la sociedad salvadoreña y el Estado también están dispuestos y listos para entrar realmente en este proceso de diálogo, respuesta de la cual nos quedamos en espera”, reza el comunicado en su punto más relevante.

El lugar elegido en esta ocasión para el anuncio fue el Centro Penal de Izalco, en Sonsonate, una cárcel en la que están recluidos pandilleros de las dos facciones del Barrio 18: Sureños en el Sector 1 y Revolucionarios en el Sector 2. Ayer, sin embargo, todos compartieron espacio en aparente armonía y se esforzaron por dar la impresión de ser una única pandilla.

El texto fue leído por Carlos Alberto Rivas Barahona, (a) Chino Tres Colas, a quien el gobierno movió a Izalco en los primeros días de abril desde el centro de máxima seguridad de Zacatecoluca.

Tanto a los pandilleros como a los facilitadores –el obispo castrense Fabio Colindres y el exdiputado Raúl Mijango–, los poco más de 100 días transcurridos desde que la tregua inició les han dejado buen sabor de boca. En su balance destacan la drástica reducción en los homicidios –de 14 a 6 diarios– y de las atenciones de personas lesionadas en los hospitales. Aseguran también, con respaldo de cifras oficiales, que también han disminuido las extorsiones.

Asimismo, en el comunicado se refirieron a la polémica creada en torno a la cifra de personas desaparecidas, al punto de acusar veladamente de irresponsables a los portavoces del Instituto de Medicina Legal (IML): “Rechazamos toda manipulación de datos que con propósito de opacar los efectos positivos de este proceso se están haciendo de parte de algunas instituciones públicas y privadas, al atribuirnos maliciosamente la responsabilidad de más de 800 desaparecidos en lo que va de este período, por lo cual instamos y demandamos de las autoridades competentes un estudio más serio que aclare cuántos de esos desaparecidos han aparecido, ya sea vivos o muertos”.

Sin que se mencionara explícitamente nombre y apellido, en el documento hubo una alusión a la muerte que más impacto ha causado en la opinión pública desde que comezó la tregua: el de la joven atleta vicentina Alison Renderos, secuestrada, asesinada y desmembrada supuestamente por pandilleros. Al solicitar claridad sobre los desaparecidos, asegura el comunicado, “no pretendemos desligarnos de algunos casos que, debido a la imperfección de un proceso tan complejo como este, se pudieron haber cometido, escapándose de la buena voluntad y de la palabra que hemos comprometido ante los facilitadores, la sociedad y el Estado”.

El mensaje concluye con un emplazamiento directo a la sociedad salvadoreña: “Estamos convencidos que este proyecto inédito e histórico que hemos provocado es lo mejor que le pudo haber sucedido a El Salvador en los últimos 20 años, y que ofrece beneficios para toda la sociedad”.

Leído en horas de la tarde, el comunicado fue el colofón a una intensa jornada de actividades en distintos centros penales del país, realizada para conmemorar que el sábado 16 de junio se cumplieron los 100 primeros días de vigencia de la tregua. Cárceles no asignadas por completo a pandilleros, como el Centro Penal La Esperanza (Mariona) o el Centro de Readaptación para Mujeres también se sumaron a las conmemoraciones.

Colindres y Mijango

A la cárcel de Izalco llegaron monseñor Colindres, quien ofició una misa, y Raúl Mijango. Ambos evidenciaron su satisfacción por lo logrado hasta la fecha, pero con matices evidentes entre uno y otro. Monseñor Colindres enfatizó dos puntos: por un lado, al interés que el proceso está generando fuera de las fronteras de El Salvador, que tendrá un punto álgido a finales de este mes con la visita de José Miguel Insulza, secretario general de la Organización de Estados Americanos; y por otro, el obispo alabó las concesiones que el gobierno ha hecho a los pandilleros –los gestos, dijo él– en cuanto a mejoras en las cárceles, pero remarcó que queda mucho por hacer: “Sí ha habido gestos, ha habido respuestas, pero aún falta mucho más: hay centros penitenciarios donde todavía falta agua, falta luz, falta una atención adecuada a los enfermos terminales”.

Mijango centró sus intervenciones –tanto en su alocución ante los pandilleros como ante los periodistas presentes– en denunciar que hay sectores de la sociedad que se están oponiendo al proceso, cuya expresión más dramática sería la creación de al menos dos grupos de exterminio, uno en San Miguel y otro en Chalatenango, bautizado este último como Jaque Mate.

Raúl Mijango a los pandilleros: “Sabemos que en los últimos días están apareciendo grupos en el oriente y en el norte del país, buscando exterminar miembros de pandillas con el único propósito de provocar la ruptura de este proceso. ¿Por qué? Porque son aquellos que sienten que si en el país hay paz, eso le hará mal a sus intereses. Aunque parezca mentira, hay mucha gente que se ha lucrado del clima que ustedes han generado”.

La idea de la aparición de grupos paramilitares es aceptada incluso por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Y, si bien este punto no se abordó expresamente en el comunicado leído, sí fue comentado por los líderes de pandillas que ofrecieron declaraciones. “Sí, hay grupos que siempre han estado en contra de esto y que quieren que esto se termine”, dijo Chino Tres Colas.

Óscar Armando Reyes Aguilera, (a) Sharky, comentó que la certeza la tienen porque “ha habido pandilleros muertos y tenemos la garantía 100% de que ninguna pandilla ha tenido que ver en esos homicidios, y si no ha sido la pandilla, ¿quién va a haber sido? Hay grupos que quieren que la MS y la Pandilla 18 entremos de nuevo en confrontación, pero no estamos dispuestos a entrar en ese juego, y no nos van a desesperar”.

Al margen de este punto, Sharky –al igual que Chino Tres Colas, un veterano pandillero, de 42 años– también hizo al país un llamado a no dejar pasar esta oportunidad: “Al pueblo salvadoreño le queremos reiterar que esto no lo estamos haciendo de boca a labio, sino que lo estamos haciendo de corazón, porque queremos un cambio para el pueblo y porque queremos un cambio para nosotros mismos y nuestras familias”.

De su boca también salió un modelo aún sin madurar para canalizar el hipotético diálogo de las pandillas con el Estado y la sociedad. Sería una mesa negociadora en toda regla. “La sociedad tiene que poner sus representantes, elegir a las personas idóneas para dialogar con nosotros”, señaló Sharky. El objetivo de la ronda negociadora sería alcanzar acuerdos concretos y verificables, en los que el tema de la reinserción sociolaboral de los pandilleros parece estar tomando fuerza como uno de los puntos clave.

A monseñor Colindres la propuesta le suena factible: “Acabamos de escuchar de ellos mismos una propuesta bien concreta: tienen intenciones de que el proceso se consolide de manera más sobria, en un diálogo más formal. Ellos han pedido un diálogo más hondo, y naturalmente también han dicho que esperarían una respuesta al propósito de paz más estructural y formal en el que ellos están pensando”.

¿Qué dice el gobierno?

A la misma hora en la que en Izalco se leía el comunicado, en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública se dio una conferencia en la que quedó claro que ya se conocía el contenido del documento. El ministro, general David Munguía Payés, habló sobre el tema y de alguna manera respaldó el llamado al diálogo y a la resinserción hecho por las pandillas. “Hay expectativa de los miembros de las pandillas de que iba a haber una respuesta más rápida de parte del gobierno en cuanto a la generación de empleo y de planes de reinserción, pero en eso ya se está trabajando”, dijo.

Como si se tratara de un déjà vu, el ministro hizo su propio llamado a la sociedad. “En este pacto para la seguridad y el empleo, en la medida que la sociedad se vaya integrando, le vamos a ir dando fuerza a este proceso. Desde el principio de la gestión dijimos que no era responsabilidad solo nuestra”.

El general Munguía Payés también dedicó palabras a los que él llama “escépticos del proceso”, y lanzó dardos contra los medios de comunicación que aseguran que los desaparecidos han aumentado desde el 8 de marzo: “Podría ser tendencioso querer desacreditar los grandes esfuerzos para disminuir la violencia aduciendo que lo que está ocurriendo ahora es desaparecer gente; es hasta morboso jugar artificiosamente con estos números que mandan un mensaje de desesperanza a la población y un mal mensaje a los inversionistas”.

La diferencia entre las estadísticas de Medicina Legal y la Policía Nacional Civil (PNC) es un viejo pleito. Desde hace unas semanas, y de nuevo este martes, el gabinete de seguridad salió al paso diciendo que las estadísticas forenses solo recogen denuncias de desaparición, mientras que la PNC depura y determina cuándo efectivamente se trata de un desaparecido. De 680 casos investigados por la PNC hasta el 10 de junio, solo 306 continúan desaparecidos. En 2011, siempre según las cifras policiales, en el mismo período se tenía 373 desaparecidos.

En cuanto a los homicidios, Munguía Payés confirmó que hasta el 18 de junio se reportaron 115, lo cual deja un promedio 6.4 muertes diarias, ligeramente superior a las cifras de abril y mayo, pero siempre muy por debajo de los 13.6 asesinatos que se promediaron en El Salvador hasta el 8 de marzo.

En términos porcentuales, la reducción es del 58% entre lo que ocurría antes y después del 8 de marzo. En comparación con los primeros 18 días de junio de 2011, la disminución es del 44%, según datos oficiales, pues ocurrieron 207 asesinatos.

“Muchos dijeron que esto no iba a durar ni dos semanas, pero ya tenemos 100 días y parece ir para largo; esto demuestra que hemos encontrado un camino”, insistió Munguía. La institución que dirige, sin embargo, ya teme repuntes en otros delitos. “Cuando las pandillas pierden beligerancia, surgen nuevos grupos delictivos”, señaló el ministro, y puso como ejemplo los grupos que se dedican a narcotráfico y que son parte de redes más complejas.

Foto: El faro

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