“El silencio sobre el destino de sus víctimas es una forma de tortura”

En una audiencia de casi diez horas, la fiscalía y las querellas de Mariana Eva Pérez, Rosa Roisinblit y Abuelas de Plaza de Mayo señalaron contradicciones de los acusados. Y repasaron las pruebas sobre el rol de la RIBA de Morón, donde estuvieron cautivos Patricia y José Perez Rojo. Pidieron penas que van de 20 años a prisión perpetua.

Después de buscar durante años, Mariana Eva Pérez ayer sintió alivio. Desde chica, busca algún dato que permita reconstruir qué pasó con sus padres José Manuel Perez Rojo y Patricia Roisinblit desde aquel 6 de octubre de 1978, cuando los secuestraron. Ella era una beba de un año y medio, su madre estaba embarazada de 8 meses. A su hermano, Guillermo, lo encontró en 2000: había sido apropiado por un agente de la Fuerza Aérea. Al principio, Mariana investigó por su cuenta. Sus abuelos ya habían iniciado denuncias. Pero la causa recién se motorizó en 2013, cuando Mariana se presentó a la Justicia y se empezó a perfilar el juicio a la Regional de Inteligencia de Buenos Aires. Su abuela Rosa (vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo) y luego su hermano Guillermo se sumaron como querellantes. En la audiencia de ayer, Mariana y Guillermo escucharon la historia de buena parte de sus vidas contada con la forma de un alegato ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 de San Martín. Acusados, pruebas, documentos, testimonios, delitos, penas en la voz de la fiscalía (Martín Niklison), la querella de Mariana (Pablo Llonto) y la de Rosa Roisinblit y Abuelas de Plaza de Mayo (Alan Iud y equipo).

A las ocho de la noche, tras casi diez horas de audiencia, Mariana no tenía cara de cansada sino la expresión de quien se quita un peso de encima. “Durante mucho tiempo, fue una carga: los datos estaban sólo en mi cabeza. Siento un alivio enorme. Detrás de los tres alegatos, hay mucha gente dedicándole a esta historia tiempo y corazón. Después de tantos años, es reparador”, dijo a Cosecha Roja.

Fue la audiencia más larga y con más público del juicio que empezó en mayo. La sala estaba repleta de estudiantes secundarios. “Esos son los tres acusados”, les explicaba una militante de Derechos Humanos, con el índice apuntando al banquillo donde estaban Omar Graffigna, Luis Trillo y Francisco Gómez. Los estudiantes dejaron la sala al mediodía. En cambio, los hombres que integraron a Fuerza Aérea y son juzgados por la privación de la libertad y los tormentos contra Roisinblit y Perez en una casona de Morón, debieron escuchar desde la mañana hasta la noche. En términos judiciales, los trataron de mentirosos, cobardes y de seguir delinquiendo. Los acusadores pidieron al tribunal penas de 25 años de prisión para Graffigna y Trillo (Fiscalía y Abuelas) y de 20 para Gómez. La querella de Mariana Perez pidió prisión perpetua por desaparición forzada para los tres.

Graffigna, Trillo y Gómez, uno al lado del otro y con fuerte custodia, no hablaron entre sí. Graffigna, el hombre que comandó la Fuerza Aérea entre 1978 y 1979, e integró la segunda junta militar de 1980 a 1981, suele permanecer impasible, casi inmóvil, la vista fija en la pared, como un pájaro indolente. Trillo, que llegó a juicio como jefe de la RIBA es movedizo: cada tanto se inclina y gira la cabeza sin disimulo para observar a quienes hablan ante el tribunal. Los ojos afilados, como si aún estuviera al acecho. Gómez, ya condenado por apropiarse del hijo de Patricia y José, casi siempre mira al suelo. Muchas veces Guillermo, desde otro costado de la sala, lo observa fijo. Pero su apropiador nunca jamás lo mira. Cada tanto, Gómez se agarra la cabeza entre las manos.  

“No solo tendrían que estar imputadas estas tres personas, sino quienes pasaron revista en la RIBA y sus superiores inmediatos hasta llegar a Graffigna” – dijo Guillermo Perez Roisinblit-. “Y no por privación ilegítima de la libertad, sino por la desaparición de mis padres. No los mantuvieron recluidos durante 37 años y 9 meses, los desaparecieron”. El hijo menor de la pareja se presentó como querellante en la etapa oral y por un tecnicismo la querella de Abuelas y de Rosa Roisinblit no pudo alegar en su nombre. Momentos cruciales de la vida de Guillermo sirvieron de base a los tres alegatos.

El del fiscal Martín Niklison – de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos – fue el primer alegato y el más extenso. Para empezar, enfatizó el rol de la Fuerza Aérea en la estructura represiva e hizo una referencia al Juicio a las Juntas. “Estamos de nuevo juzgando la responsabilidad de los miembros de la Fuerza Aérea Argentina que llevaron a cabo el plan de represión ilegal ya probado en la causa 13 en 1985 con iguales métodos criminales que el Ejército y la Armada”.

El fiscal recordó que en ese juicio a las Juntas se pudo probar que el papel de la Fuerza Aérea no fue menor. Pero Orlando Ramón Agosti (Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de 1976 a 1978 e integrante de la Primera junta militar de 1976 a 1980) recibió una pena baja (cuatro años) y Graffigna fue absuelto. “De no haber muerto” -hipotetizó Niklison- “Agosti hubiera sido juzgado y le habría correspondido una pena muy superior a la irrisoria que se le impuso en el Juicio de las Juntas”.

Del Estado Mayor a una casona en Morón

El alegato de la Fiscalía reconstruyó la estructura represiva de las fuerzas armadas, y detalló el rol de la RIBA: durante dictadura y a fines represivos, el país se dividió en zonas, subzonas y áreas. Al Ejército se le otorgó la responsabilidad de dirigir las operaciones. La subzona 1.6, donde actuó la RIBA, incluía los partidos de Morón, Merlo y Moreno, “y fue cedida por el Primer Cuerpo del Ejército a la Fuerza Aérea para que se hiciera cargo de la lucha antisubversiva en ese territorio”. Allí estaban la I Brigada Aérea de Palomar, la VII Brigada Aérea de Morón, la VIII Brigada Aérea Mariano Moreno y el Grupo I de Vigilancia Aérea de Merlo (GIVA).  

Para cumplir, la Fuerza Aérea organizó su propia estructura y tomó el control del territorio en junio de 1976. Una de esas estructuras fue la Fuerza de Tareas, a la que se subordinaron cuatro grupos de actuación en la subzona: GT 10 en Morón, GT 11 en el Palomar, GT 12 en Moreno y GT 13 en el GIVA. “Sin una adecuada inteligencia será imposible encarar con éxito cualquier acción efectiva contra la subversión”, decía la Orden de Operaciones Provincia (del 22 de junio de 1976) que leyó el fiscal. Y citó la resolución aprobada días después de esa orden, que anunciaba el 1 de julio la creación de diversas Regionales de inteligencia, entre ellas la Regional Buenos Aires. “El personal afectado a las Regionales de Inteligencia revistará por el Estado Mayor de la Fuerza Aérea (Jefatura II – Inteligencia)”, decía uno de sus artículos, publicado el 23 de julio de 1976 en el Boletín Aeronáutico Reservado. El fiscal trazó la línea con la responsabilidad de Graffigna: “Conforme surge del encabezado de la resolución, las regionales se crearon a raíz de lo propuesto por el Jefe del Estado Mayor General de la FA –el aquí imputado Graffigna-”.

“Difíciles y delicadas tareas”

Los documentos sobre la creación y organización de la RIBA son varios y de diversa índole. Dan cuenta de sus jerarquías, como un informe del Ministerio de Defensa que analiza legajos y permite reconstruir la cadena de mandos. En 1978, el orden jerárquico era Sende, Trillo y Sánchez Capracio. En esos papeles, Graffigna calificó a Sende: “Ha conducido las difíciles y delicadas tareas de la Regional en forma sobresaliente. Los resultados obtenidos han sido sumamente valiosos”. Pero Sende, según consta, sufrió una enfermedad cardíaca y pidió licencia desde mayo de 1978 en adelante: Trillo quedó a cargo.

De los legajos se desprenden datos valiosos. Diversos integrantes de la RIBA dieron cuenta de enfermedades que relacionaron con el estrés provocado por las situaciones de “actividades reservadas” o “tareas especiales”. La fiscalía citó, entre otros, el de Héctor Osvaldo Herrera, asignado a la RIBA en agosto de 1976. En 1980 se le diagnosticó depresión. Al declarar sobre su enfermedad, Herrera dijo:  

“Tuve enfrentamientos armados con delincuentes terroristas”. “Si se lograba la detención con vida de uno de ellos, se continuaba trabajando a destajo, sin límites de horas, realizando interrogatorios especiales para obtener las informaciones necesarias tendientes a la captura y/o destrucción en caso extremadamente necesario de integrantes de grupos u organizaciones que componían el aparato subversivo”. “Me tocó convivir con estos delincuentes subversivos durante grandes lapsos en los cuales permanecían detenidos”.

Para el fiscal, “queda clara cuál era la índole de las actividades reservadas que hacía la RIBA, un centro clandestino de detención a cargo de la Fuerza Aérea”. También reparó en que, para la época que desaparecieron Roisinblit y Perez Rojo, Mansión Seré -centro clandestino de la Fuerza Aérea en el partido de Morón-, ya había sido desmantelado, tras la fuga de cuatro secuestrados el 24 de marzo de ese año.

Sobre Graffigna, el fiscal valoró que “fue uno de los tres hombres más importantes de la Fuerza Aérea al momento del Golpe. Su compromiso con la dictadura cívico-militar es indudable y su responsabilidad por el plan sistemático de secuestro-tortura y desaparición de miles de personas también lo es, aunque aquí sólo se lo esté juzgando por estos dos casos”.

El fiscal recordó que en el juicio por el Plan Sistemático de robo de bebés, niñas y niños (del que también participó) hubo tres casos donde la sustracción estuvo vinculada a centros clandestinos de la Fuerza Aérea: Victoria Donda, Ezequiel Rochistein Tauro y Guillermo Pérez Roisinblit. “En ese juicio histórico hubo una ausencia notoria: los responsables de la fuerza aérea. Hoy Gómez y Graffigna son juzgados por los hechos de que fueron víctimas José Manuel y Patricia. Gómez fue condenado por apropiarse de Guillermo sin que ningún mando haya sido juzgado por ese hecho”, dijo el fiscal.

También se refirió a los argumentos de Graffigna en este juicio, cuando expresó que en 1978 estuvo abocado exclusivamente al conflicto con Chile: “Resulta tan absurdo como si alguien pretendiera defender a Hitler diciendo que no sabía nada de Auschwitz y demás campos de exterminio porque estaba muy ocupado con el gobierno de Alemania, de los extensos territorios ocupados y de conducir la guerra”.

Sobre Trillo, citó pruebas que lo ubican como jefe tras la licencia de Sende. Trillo firmó la calificación de 15 personas, más del 50 por ciento del personal de la RIBA: 27 subalternos en 1978. Acerca de Gómez, dijo que “no fue el jardinero inocente que dice, fue partícipe activo”.  No recordaba a nadie de la RIBA, aunque ofreció un testigo. Y ninguno de los compañeros que declararon en el juicio lo ubicaron en el jardín, donde decía encontrarse con Trillo cuando el jefe salía a fumar, sino adentro, en la cocina. “Además en esa época, nadie salía a fumar, se fumaba adentro”, recordó el fiscal.  

¿Dónde están desde hace 37 años?

Todos los alegatos recordaron los padecimientos de las víctimas, el último mes del embarazo que Patricia pasó atada a la pata de un escritorio, las torturas infringidas a su esposo. También destacaron la coincidencia absoluta entre los testimonios de las sobrevivientes de ESMA que fueron testigos del parto de Roisinblit, y los dichos de Gómez a Guillermo acerca de otros detalles del cautiverio de sus padres.

“¿Cómo mensurar el daño causado a los familiares de las víctimas?”, preguntó el fiscal a la hora del pedido de penas. Recordó las palabras de Mariana Eva Pérez el día de su declaración: “Lo que van a ver acá es una familia destruida, que llega a esta instancia como puede, cada uno de nosotros como puede, ellos nos han tratado como el enemigo”. Y dijo: “Los acusados pudieron mitigar en alguna medida ese dolor, ayudar a que se complete el duelo, incluso pueden hacerlo ahora. No lo han hecho. Debe ser tenido en cuenta al momento de condenarlos pues el silencio sobre el destino de sus víctimas es también una forma de tortura para sus seres queridos”.

El fiscal pidió 25 años para Graffigna y Trillo (coautores mediatos), y 20 para Gómez (coautor directo). Pidió que las penas se cumplan en prisión común. Que se revoque la domiciliaria de Graffigna y Trillo, y que se investigue la participación de Graffigna en la sustracción de Guillermo Perez Roisinblit. Por último, se preguntó: “si Patricia y José fueron privados de su libertad, ¿dónde están desde hace más de 37 años?”.

“Para mí esto tiene connotaciones que yo no veía tan claras al inicio del juicio”, dijo más tarde a Cosecha Roja Guillermo. “Antes no me había puesto a pensar la responsabilidad del resto de los integrantes de la RIBA en mi apropiación. Empiezo a caer en cuenta de otras cuestiones. Creía que los únicos secuestrados en la RIBA eran mis padres, aparecieron tres sobrevivientes. Y me pregunto ¿por qué no se investigan las cinco horas que mi hermana estuvo secuestrada o la desaparición de Gabriel Pontnau, secuestrado con mi papá?”.

Los alegatos de Pablo Llonto y del equipo de abogados de Abuelas de Plaza de Mayo coincidieron en muchos tramos con lo detallado por la fiscalía. También adhirieron a los pedidos y sumaron otros: que se investigue el secuestro de Mariana, la desaparición de Gabriel Pontnau, que se profundicen las investigaciones sobre la RIBA, y se tomen medidas para preservar el edificio -hoy abandonado- como sitio de memoria y prueba. Llonto también pidió se investigue el robo de bienes después del secuestro, del comercio y del depósito de Perez Rojo y Pontnau.

Correr los límites de lo posible

El alegato de Llonto destacó la cantidad de información que Mariana Eva Pérez sumó a la causa desde antes de encontrar a su hermano (y sigue sumando, como las recientes entrevistas a los comerciantes de la galería donde secuestraron a su padre). “Graffigna es el último dictador impune de las Juntas. Esta quizás sea la última oportunidad para juzgarlo”, dijo Llonto. Pidió al tribunal que declare a la RIBA como centro de detención y tortura, que se señalice y se escriban los nombres de Patricia y José. Y que a la hora de la sentencia, lea los hechos “en su totalidad”.  

Recordó la inspección ocular como “uno de los momentos más difíciles para Mariana y Guillermo”, y cómo tres sobrevivientes reconocieron haber estado cautivos ahí. Aquel día, Trillo paseó sin esposas por esas oficinas donde, dijo Llonto, “se comportó como jefe, tenía sello de jefe y actuó de jefe”. Consideró que tanto él como Graffigna, eran “engranajes imprescindibles, desde la estructura del Estado Mayor y de la RIBA; disponían los recursos  humanos y materiales. Y uno de los recursos era Gómez. Nadie desconocía nada de lo que allí pasaba”. Llonto preguntó en voz alta: “¿le vamos a creer a los testigos que dicen que Gómez viajó en 1978 a Mar del Plata a limpiar baños?”. Y volvió a pedir se cite a indagatoria a todos los que integraron la RIBA: muchos de ellos declararon en esta sala como testigos.

Llonto citó jurisprudencia y doctrina internacional y se refirió al concepto de desaparición forzada de personas. “Estamos ante un hecho que se sigue perpetrando”, dijo. Y pidió al tribunal condene a los tres a la pena de prisión perpetua por ese delito.

“La desaparición forzada es una apuesta porque la privación ilegal de la libertad queda chica. Había que jugársela con algo que represente la magnitud” -dijo Mariana Eva Pérez tras el alegato de su abogado-. “Cuando era más chica teníamos un colectivo de HIJOS y quedó una frase: ‘Correr los límites de lo posible’”. Y se emocionó cuando su abogado recordó las gestiones llevadas adelante por sus abuelos, hoy fallecidos, en la búsqueda de Justicia.

Por último, el alegato del equipo de Abuelas, hizo el mismo pedido de penas que la fiscalía. Al dirigirse al tribunal, Alan Iud le formuló cuatro preguntas: ¿El lugar fue la RIBA? ¿Dependía de Graffigna? ¿Trillo era el jefe? ¿Cómez era más que un maestranza? “Hay suficientes pruebas”, dijo Iud. Además de otros aspectos señalados por la fiscalía y por Llonto, se detuvo en el plus que Gómez percibía por “actividades riesgosas”, que ni el jefe de inteligencia actual, comodoro Hugo Schaub, pudo explicar. Habló también de las denuncias recibidas en Abuelas de Plaza de Mayo antes de encontrar a Guillermo. Daban datos que con el tiempo se confirmaron. Pablo Lachener, también de Abuelas, explicó que “es inverosímil que (el rol de Graffigna) haya sido ajeno”. Dijo que la RIBA estaba emplazada “en una zona neurálgica de poder aéreo”. Carolina Villella, del mismo equipo, dijo que “Trillo dio excusas pueriles” y señaló por qué hay pruebas de su jefatura.  

Los abogados de Abuelas pidieron penas por privación ilegal de la libertad agravada y tormentos, encuadrándolas en crímenes de lesa humanidad y desaparición forzada. Y recordaron algunas palabras del testimonio que dio Mariana en una de las primeras audiencias: “Mi familia fue destruida”, “Hasta hoy no puedo estar a solas con mi hijo de 2 años y 4 meses”, “Me robaron a un hermano”.

El último alegato del día terminó con la cita de palabras de Rosa Roisinblit, que a los 96 años, no pudo estar por problemas de salud. Alan Iud recordó que cuando declaró, la vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, le dijo al tribunal:

– Quiero hacer notar que aquellos que secuestraron, mataron y torturaron a nuestros hijos hoy tienen la posibilidad de un abogado defensor y un juicio. Nuestros hijos no. Por eso les pido (a los acusados) que respondan algo. Necesito saber ciertas cosas. Soy una mujer mayor. Necesito que la Justicia me escuche y me responda.

“Señores jueces, ustedes no pueden decirle a dónde están Patricia y josé. Pero tienen en sus manos la posibilidad de hacer justicia y de terminar con casi 40 años de impunidad”.