La Roberta tenía 50 años y era una de las trans históricas de La Plata, donde llegó en la década del 90 para buscar una mejor calidad de vida que la que tenía en su Perú natal. La madrugada del sábado la apuñalaron en 1 y 62, donde se encontraba en situación de prostitución. Sus compañeras la ayudaron a ir hasta el Hospital San Martín. Murió unas horas después. Por su travesticidio hay dos detenidos.
En 2010 había hecho un taller literario en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social y los domingos solía juntarse con otras compañeras a jugar al voley en el parque. De ahí la conoce Claudia Vásquez Haro, presidenta de Otrans Argentina. “La muerte de Roberta es una muestra clara de lo que venimos denunciando, es el resultado de la impunidad que tienen los machos para matar nuestros cuerpos, porque la mataron por travesti”, dijo Claudia a Cosecha Roja.
El momento en que apuñalaron a La Roberta quedó registrado por las cámaras y el reconocimiento de los autores fue fácil: sus compañeras ya los tenían vistos como los cafishos que cobraban un precio por hacer parada. El miedo a las represalias era el principal freno para denunciarlos.
“Las compañeras vieron cuando la apuñaló. Esos dos pibes vienen hace rato extorsionándolas, cobrándoles la parada. Esto se enmarca en una trama más compleja y es una práctica que está avalada por la policía, que lo sabe todo. En 2014 hicimos un plenario en plaza Mattheu y uno de ellos irrumpió de manera impune y le pegó una piña a una compañera. Son dos hermanos muy conocidos”, dijo Claudia.
La fiscalía de instrucción del caso es la UFI 16, a cargo de Juan Cruz Condomi Alcorta, y la carátula del crimen es homicidio dóblemente agravado, aunque el pedido de Otrans es que se maneje la investigación como un travesticidio: es decir, un homicidio agravado por el odio a la identidad de género travesti trans, tal como se llevó adelante el juicio por Diana Sacayán.
Ayer se hizo una marcha para pedir justicia. Para Claudia, la muerte es la culminación de la criminalidad a las identidades T: “Le pedimos a la sociedad que hagan propia su muerte como la que hacen por cualquier crimen de una persona cis, merecemos derecho al duelo. Necesitamos que el Estado tenga intervención directa, porque sino está fallando la política, no puede quedarse en un monitoreo de cómo nos matan”.
