Fotos Martina Peroza
Por 20 años, Carla Morales Ríos tuvo un recuerdo atragantado. No lo gritó a los cuatro vientos hasta que se enteró que a Juan Carlos García le había pasado lo mismo. Cuando eran menores, fueron víctimas de Emilio Lamas, un cura de la ciudad de la Ciudad de Salta que aprovechó su posición poder para abusar sexualmente de ellxs. Ahora están un poco más cerca de conseguir algo de justicia: el viernes el arzobispado salteño comunicó la decisión del Vaticano de la “pérdida del estado clerical” de Lamas. Es decir, la Iglesia les dio la razón. Falta que la justicia penal haga lo suyo: el caso está en la Corte Suprema provincial esperando sentencia.
En 1993, a los 12 años, Carla todavía no había hecho su transición de género ni tenía palabras para nombrar lo que le pasaba. Criada en una familia muy creyente, se iba a dormir pidiéndole a Dios despertarse con otro cuerpo, pero también sentía culpa. Pensó que el camino para liberarse de sus pecados era el de la fé, y se acercó a la Iglesia para convertirse en cura.
“En un retiro espiritual previo a mi confirmación, Lamas abusó de mí”, cuenta Carla. “En ese momento no lo pude entender, pero mi cuerpo empezó a sentir rechazo al acercarse. No me quise confesar más con él, ni quería saber más nada con la Iglesia”.
Pasaron muchos años y ella nunca lo denunció: no quería ponerse en contra de la fe de su mamá. Esto cambió cuando las dos conocieron la denuncia pública de Juan.
En 1991 Juan Carlos García tenía 16 años y soñaba con ser cura. Su entrega por la Iglesia le había hecho ganar la confianza del arzobispado, que a pesar de ser joven lo nombró sacristán y lo puso a cargo de clases de catecismo. Ese año transfirieron a la congregación al cura Lamas, que lo llevó con él a dar misas en El Alfarcito, un pequeño pueblo al que en aquella época no llegaba ni el tendido eléctrico.
-La capilla estaba al lado de la escuela, y al lado la piecita donde dormía el cura. Ahí fue que abusó de mí. El mundo y mis sueños se vinieron abajo -dice Juan a Cosecha Roja.
Cuando presentó la denuncia en ese momento, la justicia encontró la manera de desestimarla. Un expediente cajoneado de la jueza de Menores Silvia Bustos Rallé es una prueba. En la policía le pasaba lo mismo: un comisario lo zamarreó y le dijo “con la Iglesia no te metas”.
-Empecé a tener problemas psicológicos, dejé los estudios y perdí toda confianza en mí. También sé que las personas que estaban alrededor mío empezaron a cansarse de mis problemas. Me fui quedando solo -dice Juan.
Desde esa época Juan siguió insistiendo en tribunales que le daban la espalda y se pasaban su caso de mano en mano. Cuando decidió que la justicia tradicional no era suficiente empezó a hacer marchas para denunciar la complicidad entre la iglesia y la justicia. También se animó a dar notas y conferencias: le puso palabra al trauma para hacerlo más liviano. En una de las conferencias que dio, la madre de Carla se acercó a hablarle:
-Mi mamá le dijo que yo había pasado por lo mismo. Recién cuando ella tomó la iniciativa yo me animé a sumarme a la denuncia, porque sentí que no la iba a herir -dice Carla.
En 2017 su declaración se unió a la de Juan y la justicia empezó a avanzar lento. Carla es conocida en la comunidad LGBT+ por ser actriz y bailarina. Y en 2018 hizo un vía crucis por la Ciudad de Buenos Aires denunciando su calvario. Fue desde la cooperativa MU en el Congreso a Tribunales y de ahí a la Catedral cargando una cruz: hizo arte su dolor y se sintió acompañada por cientos de personas que compartieron su performance.
Hace un año que Lamas espera la sentencia de su caso en prisión domiciliaria. Ahora que el Vaticano le soltó la mano, quizá la justicia salteña se anime a juzgarlo. Para Juan su sentencia serviría para que decenas de personas se animen a creer en la justicia y denuncien. Él sabe de primera mano que en la ciudad más católica de Argentina (probablemente la ciudad con más iglesias del país) hubo muchos más abusos.
“A partir de la soledad que sentía con lo que me pasó, formé un grupo, la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Salta. Hoy somos una contención de ayuda para darle una mano a quienes pasan por estas situaciones más allá de que no hagan las denuncias legales, porque a cada cual le lleva su tiempo”, dice Juan.
La justicia salteña tenía que resolver la situación de Lamas en mayo, pero a partir de la pandemia del Covid-19 los tiempos se frenaron. Cuando definan su situación procesal, su prisión preventiva puede pasar a efectiva y tendrá que pagar por sus delitos en la cárcel.
