Los autos de alta gama son tres y los tres pertenecen a los directivos de la empresa Servicios Integrales de Alimentación S.A. Los tres fueron embargados a pedido del Ministerio Público Fiscal, por orden del juez federal, Miguel Antonio Medina. De esta forma, la justicia se aseguró que la empresa que sobrefacturó la compra de mercaderías y sometió a los privados de su libertad a lo que se consideró “un régimen de hambre”, el ingreso de casi dos millones de pesos

La carátula de la causa que se investiga es “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en concurso real con el delito de vejaciones” en la compra de mercaderías por más de 42 millones de pesos a la empresa Servicios Integrales de Alimentación S.A. SIAL para proveer alimentos a la población carcelaria y personal del Complejo Penitenciario Federal de NOA. La maniobra significó la efectiva percepción de un lucro indebido y, por tanto, representó un perjuicio al patrimonio de Estado, constituyendo la suma de casi dos millones de pesos el delito investigado.

El 24 de febrero, el titular del juzgado federal N° 2 de Salta ordenó declaraciones indagatorias y ordenó embargos contra los bienes de los directivos de SIAL por el monto sobrefacturado pero de manera genérica, sin afectar bienes concretos. Pero el titular de la Fiscalía Federal N°2, Eduardo José Villalba y la titular de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes, María del Carmen Chena, hicieron una presentación en la que individualizaron, con fines de embargo preventivo, tres automotores de alta gama pertenecientes a los directivos de SIAL que, de acuerdo a sus valuaciones, alcanza para cubrir el monto fijado y que es la suma detectada como sobrefacturada.

La investigación Fiscalía Federal N§ 2 de Salta, a cargo de Eduardo Villalba, y la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), según informó el diario El tribuno de Salta en noviembre de 2016, reveló millonarios desmanejos detrás de la comida de los presos del Servicio Penitenciario Federal. Fue luego de que los investigadores cotejaran las raciones facturadas de septiembre de 2013 a diciembre de 2015 con la cantidad de población que poseía el complejo penitenciario.

El hambre en las cárceles por la entrega de escasos alimentos desde hace décadas es denunciado por distintos organismos, pero es la primera vez que una investigación provoca impacto en el Servicio Penitenciario Federal.

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