Yesica Emilia Uscamayta estudiaba Periodismo en la Universidad de La Plata. El 1 de enero fue con las amigas a bailar a una quinta de la localidad platense Melchor Rodríguez y murió ahogada. Un funcionario municipal declaró ante la fiscalía que los organizadores pagaron coimas para hacer la fiesta y que de haberse realizado los controles, podría haberse impedido la muerte de la joven. Hoy, a dos meses, los compañeros y familiares organizan una radio abierta frente a la fiscalía.
Era la noche de año nuevo. Emilia tenía 26 años y salió a festejar con sus amigos la llegada del 2016 en la quinta La Frontera. La fiesta se anunciaba a través de las redes sociales y había un local en el centro de Melchor Romero que vendía las entradas anticipadas. Entre la avenida 520 y 120, uno de los afiches decía “Quinta La Frontera: el límite lo pones vos”.
Las entradas costaban entre $150 y $300. Las más caras aseguraban el ingreso a una pileta de grandes dimensiones que podía cubrir a una persona en la parte más honda. Emilia no sabía nadar. En la quinta no había salvavidas, ni médicos, paramédicos o una ambulancia. “Se actuó tan mal que estamos convencidos hubo un hecho de corrupción municipal. El protocolo vigente para este tipo de fiestas falló en cada punto”, dijo a Cosecha Roja el abogado de la familia Uscamayta, Adrián Rodríguez Antinao.
Entre la confusión de la música y las luces de la fiesta, alguien gritó que dos personas (una chica y un chico) se estaban ahogando. Cuando las sacaron, otra asistente a la fiesta que sabía RCP tocó la muñeca de Emilia y descubrió que tenía débil el pulso. Intentó revivirla pero, según contaron fuentes del caso, un guardia la empujó para tomar su lugar.
La organización de la fiesta no se hizo cargo. Un policía que estaba en la fiesta de civil llevó a Emilia al Hospital Alejandro Korn a las 9 de la mañana. Ya era tarde: los médicos no pudieron reanimarla. El chico que se había caído con ella a la pileta se salvó con lo justo.
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La fiesta de año nuevo era la tercera fiesta que se organizaba en la quinta La Frontera. Adrián Ariel Zamudio, el delegado municipal de la localidad que vive en las cercanías de la avenida 520 y 160, había recibido las quejas de los vecinos. En todo el barrio sabían que allí se celebraban fiestas privadas. La música no paraba por la noche y había peleas en la vereda.
“Me parecía que esta fiesta iba a ser peligrosa porque el predio posee una pileta enorme, además el horario era excesivo. Proponían que la fiesta durara desde las dos de la mañana hasta las 19 del 1 de enero”, declaró Zamudio ante el fiscal platense Álvaro Garganta, que lleva adelante la investigación por el homicidio de Emilia.
Un día antes de la fiesta, Zamudio realizó las denuncias a Control Urbano pero la fiesta siguió adelante. Según sus declaraciones en la investigaciones de la fiscalía uno de los organizadores estaba en contacto con Juan Manuel Garmendia, integrante del equipo del intendente de La Plata, Julio Garro.
“Llamé a Control Urbano y me dijeron que no podían hacer nada, que estaban atados de pies y manos porque la fiesta estaba arreglada. Habían pagado a gente de Control Urbano $20.000 para hacer la fiesta”, dijo Zamudio en el expediente.
Las denuncias de coimas y negligencia de la municipalidad llegaron hasta funcionarios de la Justicia. El juez de garantías César Melazo denunció la negligencia municipal al otro día de la muerte de Emilia, a través de su cuenta en Twitter:“Bueno se cumplió: murió una joven ahogada en la fiesta de 520 y 159” dijo en la red social.
“Estos dueños gerencian con el riesgo y por ese capitalismo exacerbado prescinden de una ambulancia, un médico, un paramédico, de las normas básicas para administrar de una fiesta. Aún sabiendo el riesgo al que exponían a sus clientes en la fiesta”, dijo el abogado de los Uscamayta.
La Universidad Nacional de La Plata emitió un comunicado en el que advertía el peligro de las fiestas privadas sin habilitación: “Decenas de miles de jóvenes corren riesgos cada noche por falta de controles adecuados en los lugares a los que concurren, supuestamente aptos y legalmente habilitados”.
Hoy, a dos meses de la muerte de la joven, sus compañeros y familiares realizarán una “radio abierta” al frente de la fiscalía (entre 56 y 57) para pedir que avance la investigación de la muerte de la joven y que investiguen no solo a los responsables directos, sino también por aquellos funcionarios municipales que permitieron que la fiesta siguiera adelante. “Hay cuatro imputados en la causa de mi hermana, pero sabemos que hay responsabilidades de fondo. Pensamos que acá hubo coimas”, dijo a Cosecha Roja Cristian Uscamayta.
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