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El Economista.-

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) expuso en un pronunciamiento que ha documentado, además, 433 quejas por agresiones en el mismo periodo.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos exhibió que tiene en sus registros, del 2010 a enero de este año, 433 expedientes de queja por agresiones a periodistas o medios de comunicación; además, conoce de 97 muertes de periodistas o trabajadores del sector periodístico, asesinados presuntamente en razón de su trabajo.

A esto se suma el hecho de que, de 2005 a la fecha, ha documentado la desaparición de 22 comunicadores, y desde el 2006 registra 42 atentados a instalaciones de medios de comunicación.

Por ello, demandó que las autoridades deben investigar y esclarecer estas agresiones; además, emitió un pronunciamiento con relación a estos hechos, por ejemplo, el Estado es el primer obligado a constituirse en garante de la libertad de expresión, ya que las instituciones deben asumir su responsabilidad esencial para dar vigencia a la democracia en nuestro país.

“La profesión periodística es, por definición, una actividad pública. En este carácter encuentra precisamente su razón de ser. Su función esencial de investigar y difundir los hechos de interés colectivo, así como de opinar libremente sobre ellos, permite a la sociedad estar en mejores condiciones para decidir su destino. Es aquí donde convergen los ejercicios a los derechos de expresión y de información”, expone.

En el pronunciamiento advirtió que es mediante el ejercicio de la libertad de expresión, que los periodistas y los medios de comunicación son aliados naturales de la ciudadanía para vigilar al poder y oponerse a los abusos de la autoridad.

Agregó que los profesionales del periodismo requieren garantías que hagan posible su trabajo en un entorno libre de amenazas y de violencia, condiciones que vulneran sus derechos y que terminan por dañar a la sociedad entera, al restringirle la oportuna y permanente circulación de noticias y opiniones; se limita entonces a la sociedad su derecho a estar informada.

“El Estado, por tanto, tiene la obligación de investigar efectivamente los hechos acerca de las desapariciones, los homicidios y demás actos violatorios contra periodistas, así como investigar, detener y sancionar a quienes los llevan a cabo”, indica la CNDH.

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