Foto: Pandilla Feminista
La Legislatura de Tucumán debatirá un proyecto de ley que busca prohibir los abortos en casos de violación. La iniciativa, firmada por más de la mitad de los legisladores, prohíbe la intervención autorizada desde 1921 por el Código Penal argentino, y refrendada en 2012 por un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La propuesta fue presentada por el legislador peronista Marcelo Caponio el primero de noviembre y reflota un proyecto idéntico ingresado en la conformación anterior de la Cámara pero que había perdido estado parlamentario. Cuenta con la adhesión de 29 de 49 legisladores, es decir que, si llega al recinto, cuenta con los votos para su aprobación.
Se trata del proyecto con más firmas del año, entre sectores oficialistas y opositores. Hasta las presidentas de dos comisiones que deberán darle tratamiento, las peronistas Graciela Medina (Derechos de la Mujer) y Sara Alejandra Assán (Familia, Niñez, Adolescencia, Adultos Mayores y Discapacidad), lo firmaron. “Estamos avanzando para que el Estado (provincial) esté al lado de la mujer y el niño, y se salven las dos vidas”, dijo Caponio, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales.
El texto, que propone la “Protección integral de la mujer embarazada y del niño por nacer”, establece en su artículo 4 la decisión de una víctima de violación de realizarse un aborto no punible como “discriminación”: “queda absolutamente prohibida la discriminación al niño por nacer gestado por causa de violación. En el ámbito de la provincia, no se reconoce la categoría discriminatoria de ‘niños deseados’ y ‘niños no deseados’ por ser contraria a la garantía constitucional de igualdad, y a los Tratados de Derechos Humanos incorporados a la Constitución Nacional”.
No es la primera vez que los legisladores tucumanos legislan contra los derechos de las mujeres: en agosto, con el debate por la Interrupción Voluntaria del Embarazo en el Congreso, se aprobó la declaración de Tucumán como “Provincia pro-vida”, luego de marchas de los sectores conservadores que contaron con la participación del gobernador, Juan Manzur, y de su vice, Osvaldo Jaldo. La provincia es la única que no se adhirió a la ley de Salud Sexual y Procreación Responsable (25.673) que asegura la provisión de métodos anticonceptivos a la población.
El proyecto despertó el rechazo de organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres. “Es un retroceso absoluto, lleva a los profesionales de la salud a la persecución de mujeres, introduce la objeción de conciencia en instituciones, desconoce el fallo FAL absolutamente”, dijo Fernanda Fernández, abogada y referente de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Tucumán. “La norma habilita el accionar de una red de voluntarias y voluntarios que promuevan este supuesto derecho a la vida. De alguna manera intenta explicarle a las mujeres como si fueran un mero receptáculo con fines reproductivos. El proyecto ni siquiera distingue etapas gestacionales, habla desde el momento cero de niño, ignorando el saco gestacional, el feto y todas las etapas”, agregó.
Fernández también cuestionó el artículo 7 de la iniciativa, que considera como “violencia contra la mujer” a “toda interferencia externa, sea estatal o particular que tenga por objeto inducir o convencer a la mujer embarazada a la práctica de un aborto”: “Es tremendo, no se puede considerar violencia contra la mujer a ofrecer información, que ellos creen que induce a una práctica cuando en realidad induce a una decisión: si la mujer quiere o no seguir con un embarazo. Esta ley tiene un desconocimiento total de los sentimientos de las mujeres en esta situación”.
A través de un comunicado, “Mujeres por Mujeres” y “Católicas por el derecho a decidir” repudiaron la iniciativa que “evidencia un absoluto desconocimiento del derecho y en especial, del orden constitucional y republicano vigente en nuestro país que impide que desde las provincias se modifiquen los códigos de fondo”. Es que la interrupción de un embarazo producto de una violación no puede prohibirse provincialmente.
Para la decana de la facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, Laura Giosa, la propuesta de los legisladores tucumanos es un rebote de la votación en el Senado, que rechazó el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
“Es claramente inconstitucional. Una ley provincial no puede ir en contra de una ley nacional como el Código Penal. Es un intento más en una de las provincias que intentan prohibir toda clase de posibilidad de decidir sobre su propio cuerpo. En ese sentido el caso Belén es paradigmático”, dijo.
“También va contra las recomendaciones de los órganos de los tratados internacionales, que le están diciendo al Estado argentino que remueva todos los obstáculos para que las mujeres puedan acudir a un hospitales públicas para practicarse abortos legales en condiciones de seguridad”.
