Mariela Leiva recuerda que vio el avión por la ventana de la escuela y se le tensó el cuello. Estaba nerviosa pero siguió escribiendo en el pizarrón. A los pocos minutos sintió que le picaban la garganta y los ojos. Cerró las persianas y les dijo a los chicos que se quedaran en el aula, que ella iba a salir a mirar algo afuera. Con su teléfono grabó el vuelo del ruidoso aparato que le pasaba muy cerca. Cuando volvió al aula los chicos le decían que tenían dolor de estómago. Una de las nenas comenzó a vomitar.
Según un relevamiento provincial, el 80% de las escuelas rurales de Entre Ríos son fumigadas entre cuatro y ocho veces por año agrotóxicos.
Marta Vergniaud es docente en una escuela de Santa Ana, a 50 kilómetros de Santa Anita. Ella denunció que un mosquito, esos tractores con alas de riego, tiraban el veneno cerca de donde jugaban los chicos.
En un encuentro al que las invitaron a Buenos Aires les hicieron un estudio de sangre a 20 maestras que trabajan en zonas rurales y habían tenido contacto con agrotóxicos. A 19 de ellas les aparecieron rastros de insecticidas. En el estudio que le entregó Vergniaud a Cosecha Roja hay registros de Clorpirifos y Diazenon, dos venenos utilizados en la agricultura industrial.
Mariela dice que esa mañana de diciembre de hace tres años no se la olvida más y que por eso, cuando escuchó la decisión de los jueces, se le hizo un nudo en la garganta. En un fallo inédito e histórico, la semana pasada un tribunal de Concepción de Uruguay condenó a los tres imputados por la fumigación de agrotóxicos sobre la escuela rural Nª 44 de Colonia Santa Anita, en Entre Ríos, donde estaban Mariela y sus cinco alumnos.
“Celebramos el fallo no por la dureza de las penas sino por lo que significa hacia adelante. Yo hubiese preferido que les dieran el máximo para estos casos, que es de tres años. Pero igual representa un tremendo antecedente jurídico para otros casos de contaminación, explica Mariela a Cosecha Roja.
Los condenados fueron el titular de la empresa fumigadora, el dueño del campo y el piloto de la aeronave. Se los encontró culpables de “lesiones leves culposas y contaminación ambiental culposa” por haber pulverizado agroquímicos en los alrededores la escuela sin aviso, en horario de clases y sin cumplir con los cuidados que exige la ley. Aunque es una pena en suspenso, de un año y tres meses, el fallo sienta precedentes para esta problemática, que afecta a extensas zonas donde la producción agrícola no tiene controles.
Este juicio es el primero que se hace en Entre Ríos por la fumigación de una escuela. La causa se inició a partir de la denuncia de Leiva. El reclamo fue acompañado por la campaña “Paren de Fumigar las Escuelas”, encabezada por Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer). Los condenados fueron Bernardo Rodríguez, titular de la empresa, José Mario Honecker, dueño del campo, y el piloto César Martín Visconti.
“El fallo es importante, de eso no hay dudas, pero sólo con el fallo no alcanza. No es que mañana se va a dejar de fumigar por la decisión de un Tribunal en Concepción del Uruguay. Pero es un caso testigo de lo que puede suceder cuando se comprometen los docentes, los padres, los médicos, los abogados, el fiscal. Las pruebas se tomaron rápido, no se permitieron que se perdieran en el camino, como sucede en muchos de los casos de intoxicación por agrotóxicos”, detalla a Cosecha Roja Mario Arcusín, el abogado que acompañó a Mariela en su denuncia.
La fiscalía pidió que les hicieran análisis de sangre de los afectados y muestras de agua y suelo en la escuela. Allí se registró el alto nivel de toxicidad que había en los pastizales de la escuela, pero nunca se pagaron los estudios a los chicos y a las docentes porque había que hacerlos en un laboratorio de La Plata y costaba cerca de 6.000 pesos cada uno. También se allanaron los depósitos de la empresa de aplicaciones aéreas y se constató que no tenían habilitación ni permiso para fumigar en Entre Ríos.
La resolución del caso protagonizado por Mariela Leiva parece una excepción. La denuncia de Vergniaud, por ejemplo, fue archivada. Pero ella igual siguió adelante junto a otras maestras que siguen estos casos en toda la provincia.
“Sentí mucha impotencia cuando cerraron mi causa. El fallo de la semana pasada nos devuelve un poco la esperanza. Es una lucha muy solitaria, pero la llevamos adelante por los chicos. Solo pensar que ellos se envenenen me duele en el alma. Hay que seguir con la pelea”, dice.
“Lo que sucedió con este caso nos enseña el camino que tienen que tomar las víctimas. Para que haya más fallos así hay que estar muy encima porque hay muchos intereses económicos detrás. Acá el sector agropecuario ejerció muchas presiones”, alerta Arcusín.
El abogado se refiere a los enormes condicionamientos que sufrieron los jueces. La Mesa de Enlace local sacó un comunicado en el que llamaba “a la reflexión” a los integrantes del tribunal porque la sentencia podía perjudicar al agro. El mismo discurso tuvo el abogado defensor durante el proceso.
Los denunciantes también recibieron presiones de todo tipo. A Mariela la amenazaron por teléfono a su celular diciéndole que si no se callaba la boca la iba a pasar mal. Para ella lo más duro fue que uno de los padres de los chicos afectados declararan a favor de la empresa, a pesar de que lo sucedido con los alumnos estaba probado por los médicos y los peritos y que los menores lo habían confirmado en una cámara Gesell.
“Fue fuerte. Nos dolió mucho. Desacreditaban nuestra versión. Sé que eran conocidos del dueño del campo, pero del otro lado estaba su hijo”, relata Mariela, quien se enteró en el juicio que los padres serían citados por la defensa.
