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Por Federico Schirmer – Cosecha roja. –

Todos los curas que denunciaron a uno de los abusadores que se escondía entre sus filas fueron trasladadores del azorbispado de Entre Rios, donde se los tildó de “traidores”.

Las víctimas habían denunciado a Juan José Ilarraz, quién habría abusado de ellos mientras estaban en el seminario cuando estudiaban para ser sacerdotes. Las 100 camas del pabellón de menores del Seminario de Paraná, Entre Ríos, están separadas apenas por una mesita de luz. Los seminaristas de entre 12 y 15 años no estaban tan solos. Ilarraz siempre andaba cerca. Su habitación estaba pegada a la capilla, ahí nomás del pabellón. Entre 1984 y 1995 Ilarraz fue el prefecto, la figura de autoridad, el padre adoptivo de esos cien chicos que llegaban al seminario porque sus padres soñaban con que ahí se hicieran hombres de fe.

Cuando las luces se apagaban, el cura los acariciaba, los bañaba, los besaba en la boca y los masturbaba. Cuando tenía tiempo, cuando el deseo no era apremiante, el secreto del cura quedaba silenciado por las cuatro paredes de su habitación. Pero no siempre había tiempo, e Ilarraz improvisaba, tal vez confiado de que sus trapos sucios nunca vieran la luz.

“Ustedes deben saber que ahora nuestra amistad es más grande. A mayor confianza, mayor es el amor y la amistad”, les repetía, suave, en el oído antes de dejarlos ir. En los 11 años que estuvo al frente del Seminario se calcula que habría abusado de al menos 50 chicos menores de 15 años.

Ilarraz no era un paracaidista en la curia entrerriana. Para cuando asumió de prefecto ya era un hombre de confianza para el Arzobispado. Durante años había sido secretario privado y chofer personal del actual Cardenal Karlic. Además, desde su ordenamiento como Arzobispo del Seminario Menor, el 8 de diciembre del 1983, tenía una relación de suma cercanía con Juan Alberto Puiggari –quien actualmente se desempeña como Arzobispo de la capital entrerriana- que estaba a cargo de los chicos mayores de 15.

 

Razia eclesial: el silencio es salud. El Arzobispo Puiggari estaría llevando adelante una serie de nombramientos decididos en las últimas horas. La decisión llama la atención porque confirmaría las sospechas de que desde la cúpula eclesial de Paraná se estaría haciendo una especie de razia contra los sacerdotes que colaboraron con la justicia en el caso por el que se acusa a Ilarraz de abuso sexual.

José Dumoulin, que se desempeñaba en el área de Educación del Arzobispado y es reconocido por su desempeño, será trasladado a la

parroquia Santa Rosa de Lima en Villaguay. Aunque no está claro si como párroco o ayudante. Según trascendió, Dumoulin le contó a sus amigos que Puiggari le dijo que lo trasladaba por considerarlo un traidor después de declarar ante la justicia.

También se habla del traslado del titular de la parroquia de San Benito Abad, Leonardo Tovar. Según comentan fuentes del Arzobispado, Puiggari todavía no decidió el traslado de Tovar por cautela, ya que supone que la decisión traería revuelo en la comunidad parroquial y no quiere agitar demasiado las aguas. La determinación de Puiggari sería completar la “limpieza” de los “traidores” siempre y cuando se mantenga la calma que ronda la causa en los últimos meses: casi sin novedades judiciales y sin presencia en los medios.

 

La causa: acá no hay gato encerrado. El periodista Daniel Enz, que destapó los abusos a través de una investigación publicada en la revista Análisis Digital, comentó: “Se sabía que Puiggari iba a cobrase la vendetta contra los curas que movilizaron la causa desde dentro de la iglesia. Lo hace en verano que están todos de vacaciones. Y en el ordenamiento incluyó muchos sacerdotes que nada tenían que ver para camuflar sus verdaderas intenciones”.

Para Enz, no hay que olvidarse de que Karlic era arzobispo en el momento en que Ilarraz estaba de prefecto en el Seminario “así que tiene una gran responsabilidad en todo lo que pasó”. El periodista no tiene dudas de que Puiggros “maneja todo en los papeles, pero que fue Karlic el que delineó las decisiones que se tomaron”.

Tanto Karlic como Puiggari pusieron dos condiciones para presentarse ante la justicia. La primera, que la declaración fuera por escrito. Y la segunda, que no iban a declarar hasta que la justicia no se expidiera sobre la prescripción o no de las acusaciones de abuso que enfrenta Ilarraz.

Para el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull: “Los curas, como ciertos funcionarios públicos, tienen derecho a pedir el beneficio de la declaración por escrito. Pero imponer condiciones para presentarse ante la justicia, eso sí que no es una facultad del testigo”.

En la actualidad la causa se encuentra en manos del Juez de Instrucción Número 3 de Paraná, Alejandro Grippo. El magistrado debe resolver dos cuestiones sensibles: un pedido de la defensa de prescripción de las denuncias, que el Código Penal establece en un plazo de 15 años para los casos de abuso; y uno de la fiscalía para que se dispense una ampliación de responsabilidad ya que entiende que el Cardenal Karlic –que en ese momento era Arzobispo de la ciudad- cumplió un rol fundamental el hecho.

“No me consta que se haya ido del país. Tanto él como su defensa siempre comparecieron ante las demandas del juzgado”, dice Ramírez Montrull. Según la información que maneja el fiscal, el cura fue suspendido en sus

funciones y abandonó su cargo en la iglesia de Monteros, Tucumán, en la que oficiaba de párroco desde el 99. Y hoy viviría en San Miguel de Tucumán.

“Es extraño porque desde hace tiempo que no se lo ve por ningún lado. Desde la denuncia en septiembre hasta fines de diciembre estuve revisando los registros de los pasos aduaneros y, al menos legalmente, sigue en el país. Pero claro, estamos en Argentina y las fronteras, se sabe, no son todo lo infranqueables que resultan en otros lados del mundo”, dice Enz.

Al que si se lo vio fue al hermano de Ilarraz. Cuentan que en diciembre solía ir a la misa del domingo y esperaba al final para hablar con los feligreses. “¿Qué les iba a decir?”, se pregunta Enz. “Que las acusaciones eran puras patrañas, que se quedaran tranquilos que su hermano iba a volver rápido a la parroquia”. Otras versiones dicen que al cura se lo vio visitando las familias de la zona rural para tratar de instalar el discurso de la defensa de que todo lo que se dice es una mentira.

Lo cierto es que a la denuncia de 7 seminaristas que estuvieron bajo su tutela en distintos periodos de tiempo, se le suma otros 10 testigos que aplazaron su declaración hasta que la justicia no se exprese sobre la prescripción, o no, de la causa.

Enz agrega que el cura pasó más de 10 años en Tucumán y “por eso el fiscal viajó hasta ahí para investigar los hechos, porque se sabe que existen nuevos casos de chicos abusados que no quieren declarar ya que se trata de una comunidad muy cerrada y muy católica”.

El rol de Ilarraz como cura ya había sido puesto en duda en 1993 cuando se le inició un Juicio Diocesano donde declararon muchos de los jóvenes abusados por él. La pena que se le impuso fue un castigo irrisorio: una temporada en el Vaticano para que se cure de sus pecados. Una suerte de indulgencia moderna que la iglesia aplicó a contramano del pedido de los fieles, que insistían con la excomulgación.

Los que lo juzgaron tal vez habrán repetido lo mismo que él les decía a los seminaristas en el silencio de su habitación: “Acá todo es amor y eso es lo que te daré, hijo mío, en nombre de Dios y la Santa Virgen”.

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