Ni bien la pandemia de Covid 19 empezó a asomarse en la Argentina, Elisabeth Del Valle Pérez habló con sus supervisores de la empresa donde trabajaba hace más de 5 años, el Canal 2, de Jujuy, y les pidió hacer home office. Le dijeron que no.
Elisabeth tenía 38 años y padecía múltiples enfermedades crónicas consideradas de riesgo: diabetes, hipertensión y una fibromialgia que muchas veces no la dejaba moverse. Por eso, mientras seguía yendo a su lugar de trabajo en plena pandemia, insistía en trabajar desde su casa.
Elisabeth tenía miedo de contagiarse. “No quería dejar de trabajar, quería no enfermarse”, cuenta su pareja, José María Matorras, a Cosecha Roja.
De los siete meses de pandemia, sólo le permitieron en agosto trabajar 15 días desde su casa.
En Canal 2, Elisabeth era una especie de “comodín” porque trabajaba donde la necesitaban: a veces en el call center, a veces en la caja y a veces haciendo atención al cliente. No tenía un espacio fijo, la iban cambiando de sucursales y tenía horarios rotativos.
“En pleno pico de la pandemia en Jujuy, la hacían trabajar de 8 a 21.30, con sólo una hora para el almuerzo y sin guantes ni máscara para el coronavirus”, dice Matorras. Tuvo que pagar de su bolsillo barbijo y guantes.
En estos siete meses, Elisabeth nunca dejó de pedir el home office. Una vez los supervisores le respondieron que eso estaba reservado para quienes usan el transporte público. “Vos venís auto, llegas rápido acá, no te vas a contagiar”, le contestaron.
Otra vez, la encargada de Recursos Humanos de la empresa le dijo que necesitaba una carpeta médica, para confirmar sus enfermedades. Elisabeth le contestó que en su legajo estaban todos los certificados médicos anteriores. “Mi mujer no podía concurrir a los médicos por la pandemia, no le daban turnos. Y era mucho peor ir a un hospital, porque también podía contagiarse”, dice Matorras.
Uno de sus últimos intentos fue un mensaje de WhatsApp a uno de los encargados: llorando, le pidió por favor que la deje trabajar en su casa.
Un miércoles, a principios de septiembre, Elisabeth empezó a sentirse mal: le dolía la cabeza y el cuerpo. Les avisó a sus supervisores y les dijo que tenía miedo. “Ya veremos qué hacemos”, le contestaron.
El fin de semana empeoró. El domingo a la tarde la fiebre llegó a 37.8 y el lunes ya no fue a trabajar. Recién el jueves tuvo la orden para hacerse el hisopado y el sábado a la tarde les llegó la confirmación del Covid positivo por WhatsApp. Matorras detalló que Elisabeth estuvo 8 días en su casa, sólo medicada con paracetamol por la obra social Medifé. “Eso ayudaba a bajarle la fiebre, pero le costaba mucho respirar”.
Ese sábado a la noche, la llevaron a un hospital de la zona pero tenían 20 personas adelante, así que fueron hasta un hospital que armó el gobierno provincial en Ciudad Cultural. Allí le hicieron una placa y quedó internada: tenía neumonía bilateral. A los pocos días, por la gravedad de su estado, la tuvieron que derivar a la terapia intensiva de la Clínica de Fátima, el único centro de salud donde había una cama disponible.
Estuvo 23 días internada y el 7 de octubre murió.
Su familia organizó una marcha donde culpó a la empresa por la muerte de Elisabeth y exigió justicia. La empresa publicó un comunicado, donde aseguró que se cumplieron con todos los protocolos sanitarios. “Se implementaron rotaciones de personal, sistemas de guardias mínimas, trabajo a distancia cuando era posible y se dispensó a todo personal que fuera considerado de riesgo, ya sea por edad o por problemas de salud preexistentes. De la misma manera, se consideraron todos los certificados médicos presentados, con sus debidas licencias, y ningún personal se reincorporó a sus funciones sin tener previamente la correspondiente alta médica de las autoridades pertinentes designadas por el COE provincial”.
Matorras hizo una denuncia formal en la Fiscalía Especializada en Delitos Genéricos de Jujuy, a cargo del fiscal Aldo Lozano. En estos días acercó pruebas: entre otras, el celular de su mujer y las conversaciones en las que pedía por favor que la dejen hacer home office.
En los próximos días, el fiscal citará a declarar a familiares, compañerxs de trabajo y médicxs de Elisabeth y recolectará la información pertinente, para constatar sus enfermedades preexistentes, así como la negativa de la empresa al home office y sus protocolos de bioseguridad.
En declaraciones a “Red de cables del interior”, Lozano dijo que su obligación es “investigar y determinar si hay una conducta por parte de la empresa que pueda considerarse un delito”. A partir de allí, la causa podría encuadrarse en abandono de persona.
“Si yo soy un empleador y tengo una persona que está en una situación de riesgo, mi obligación es cumplir con la normativa y el decreto nacional y provincial de darle la posibilidad de quedarse en su casa”, declaró Lozano.
Desde el Sindicato Argentino de Televisión Servicios Audiovisuales Interactivos y de Datos (Satsaid) seccional Jujuy informaron que están trabajando para que se cumpla con los protocolos de bioseguridad con los empleados de Canal 2 de Jujuy y que harán una presentación legal. Los empleadxs de Canal 2 no tienen representación de ese gremio, sino que están encuadrados bajo convenios de UOCRA y de Comercio.
Elisabeth y José María vivían juntxs hace 3 años. Ella tenía un hijo de 15 años de una pareja anterior y él tiene una hija de 12. Estaban planeando tener un hijo juntxs.
