Dilan López tenía 15 años y vivía en Villa Soldati. El cabo de la Policía Federal Pablo Emiliano Sueldo lo asesinó el martes a la madrugada mientras estaba fuera de servicio y manejaba un UBER. Según declaró ante la Justicia, Dilan y otros dos adolescentes intentaron robarle y él se defendió a los tiros.
“Todavía no sabemos nada”, contó a Cosecha Roja Claudio, tío de Dilan. El martes a las seis de la mañana escucharon los tiros. Unos minutos después un grupo de vecinos llegó hasta la casa en la que vivía el adolescente con tres de sus hermanos, la madre, el tío y la abuela. Cuando bajaron encontraron a Dilan en el piso de una playa de estacionamiento con dos disparos en la cabeza.
El policía declaró al día siguiente. Dijo que los chicos estaban armados y que se defendió a los tiros.“Ponele que haya sido que le quisieron robar pero no puede ser que te maten por la espalda”, dijo Claudio. Y desmintió que su sobrino hubiera estado armado. “No encontraron armas ni nada”.
Diez días antes en Virreyes, en Flores, otro policía fuera de servicio mató por la espalda a Matías Rodríguez, de 16 años. “Matías no se encontraba armado y no disparó como intenta instalar la versión policial, fue asesinado por la espalda por un policía que justificó su asesinato por un presunto robo”, dijeron los docentes de la escuela EMEM 3, donde había estudiado Matías.
Según el informe Muertes Naturalizadas elaborado el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) la gran mayoría de las muertes de particulares por la intervención de las fuerzas de seguridad ocurren cuando los funcionarios están fuera de servicio. “Lo que ocurre es que funcionarios policiales utilizan el arma reglamentaria en situaciones conflictivas de su vida cotidiana, en el barrio en el que viven o en sus casas, y causan la muerte de otras personas”, sostiene el documento.
Según los datos publicados por el CELS un 46 por ciento de las víctimas de la acción de las fuerzas de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano 1996 y 2017 murieron a manos de agentes que no estaban en servicio. Esta tendencia se profundiza sobre todo en los casos en los que interviene la Federal. De los 246 particulares asesinados por policías federales entre 2012 y 2015 solo 30 estaban de servicio.
Esta tendencia al abuso de la utilización de armas de fuego fuera de servicio evidencia un patrón de uso de armas de fuego que no parece ser percibido como un problema por las autoridades políticas. “Por el contrario, en los últimos tiempos parece alentado desde las máximas autoridades”, dijeron desde el CELS.
Un caso emblemático es el caso Chocobar. Un policía ejecuta a un ladrón por la espalda y la secuencia queda registrada por las cámaras de seguridad: Juan Pablo Kukoc, de 18 años, escapa después de asaltar y apuñalar a un turista estadounidense cuando el policía le disparó. No buscó proteger su vida ni la del turista. Disparó para matar. Al policía lo embargan y se queja en las redes sociales. La prensa lo toma como ejemplo y termina en la Casa Rosada abrazado con Macri.
La ministra Patricia Bullrich se hace cargo de la defensa del policía: “Siguió todos los protocolos de la nueva doctrina que hemos elaborado”, dice en televisión. La nueva doctrina Bullrich habilita el fusilamiento por la espalda.
Chocobar fue procesado y la Cámara confirmó el procesamiento. Pero es la excepción a la regla. Según el informe del CELS, de los 38 casos de policías involucradas en hechos de uso de la fuerza letal en la ciudad de Buenos Aires entre 2012 y 2015 solo 4 fueron condenados. El resto fueron absueltos, sobreseídos o los expedientes archivados.
“Así como los poderes ejecutivos no suelen abordar el uso abusivo o irracional de las armas de fuego como un problema que requiere soluciones, las investigaciones judiciales de los hechos también suelen ser deficientes”.
