Foto: Pandilla Feminista
Elisa tiene 37 años y cuatro hijes de 5, 12, 16 y 19 años. Durante más de 10 años fue violentada física y simbólicamente por su pareja y padre de sus dos hijas menores.
Por defenderse y defender a sus hijes, el 14 de febrero de 2020 fue detenida y acusada de homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa. Se la acusa de haberle arrojado una botella de combustible a su ex para atentar contra su vida.
Estuvo dos meses presa en la cárcel de Ezeiza y desde abril cumple prisión domiciliaria en su casa del barrio porteño de La Boca.
Durante este año y medio, Eli quedó a cargo de sus cuatro hijes pero no tiene posibilidad de trabajar. Sobreviven por la Asignación Universal por Hijo que cobra por tres de les cuatro hijes y gracias a las redes de organizaciones feministas que la acompañan y vecines del barrio que la ayudan y organizan ollas populares.
Su ex siguió con su vida: armó una nueva familia con otra mujer y nunca aportó a la mantención de sus hijas. Además, se quedó con posesiones de Elisa y, como suele suceder en estos casos, siguió ejerciendo violencia psicológica contra ella. En varias oportunidades, Elisa llamó a la Policía y hasta tuvo que cambiar el número de teléfono para que él dejara de acosarla.
“La situación de Eli no se encuentra por fuera de la norma sino que es lo más generalizado”, dijeron a Cosecha Roja desde la agrupación Mala Junta-Soberana. “El 87 por ciento de las mujeres con arresto domiciliario están a cargo de familias monomarentales, con dificultades para acceder a salidas laborales, controles de salud y asistencia alimentaria para ellas y sus hijes”, detallaron.
Para llevar a les niñes a la escuela, Elisa tiene que pedir una autorización judicial, por lo que muchas veces recurre a familiares y amigues para que la ayuden con estas tareas de cuidado. Las redes barriales y las organizaciones sociales se vuelven un sostén fundamental para las mujeres que atraviesan situaciones similares.
La semana que viene, el 11 y 12 de agosto, Elisa será juzgada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 18 de la Ciudad de Buenos Aires. Si la declaran culpable, podría afrontar una condena de 20 años de cárcel. ¿Qué pasaría con sus hijes? Quedarían a cargo del padre, el hombre que les violentó durante tantos años.
Paolo Zaniratto y Jonathan Cano, abogados defensores de Elisa, aseguraron que “en ninguna instancia judicial se ha podido probar tanto la materialidad del hecho como la responsabilidad penal de nuestra defendida”. “La circunstancia demuestra que las pruebas en la causa son endebles y la mirada parcial de la justicia en primera instancia, desde donde la causa acumula irregularidades que debieron anular el proceso”, agregaron.
Para la defensa, Elisa tiene que ser absuelta. “El hecho de que hoy Elisa Molina se encuentre detenida, da cuenta de la injusticia que se está cometiendo con una persona no sólo inocente, sino víctima”, dijeron.
Desde las organizaciones barriales y feministas que la acompañan denunciaron que “la situación de Elisa la viven miles de mujeres violentadas sistemáticamente que por no aceptar el papel de “buenas víctimas” son convertidas en victimarias por la Justicia”. En un comunicado que difundieron esta semana exigieron “una reforma feminista de la justicia que condene a los agresores y no a las víctimas”.
