Por Consuelo Cabral
Foto: Facundo Nívolo
Marcelo Herrera tiene 26 años. Nació y se crió en Granja de Funes, segunda sección. Un barrio alejado del centro de la ciudad de Córdoba, que casi roza la periferia y donde los cumpleaños se festejan en la calle y la vereda. Con Daniel Pérez, de 32, hace casi 20 días que están presos acusados de robo calificado.
La supuesta víctima es un policía, Ángel Pintos, de la misma edad que Marcelo, del mismo barrio, incluso de la misma escuela a la que fueron cuando eran chicos. El mismo también que les disparó a matar en la noche del domingo 28 de julio, cuando Marcelo y Daniel fueron a comprar cigarrillos a un kiosko del barrio y a Pintos no le gustó cómo lo miraron. Ellos se habían fumado un porro. Según los vecinos, el policía estaba borracho y con su hijo de 4 años. Discutieron. Salieron del negocio. La cosa parecía haberse calmado. En la calle había gente festejando algún cumpleaños.
Unos metros más allá, después de entrar a su casa, Pintos les disparó con el arma reglamentaria. Les tiró a la altura del corazón. A Marcelo la bala le perforó el brazo izquierdo, a Daniel le rozó la costilla, también izquierda. Sobrevivieron. Corrieron. Alguien los llevó a un dispensario para que los atendieran. Ahí contaron lo que había pasado y les recomendaron hacer la denuncia después de que se repusieran. Los llevaron a hospitales públicos distintos.
Unas horas más tarde, ya madrugada del lunes 29 de julio, fueron hasta la seccional 14 para dejar constancia del ataque de Pintos. Pero cuando llegaron recibieron una notificación: quedaban detenidos acusados de robo calificado al mismo policía que horas antes les había disparado y al cual querían denunciar. Los trasladaron. La denuncia por doble tentativa de homicidio la terminó haciendo el hermano de Daniel, con ayuda de un abogado, porque en la fiscalía le decían “que no podían tomarle una ‘contradenuncia'”.
Para el abogado Luis Díaz, profesor de Derechos Humanos en la Universidad Nacional de Córdoba, y para el Colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos, Ángel Pintos los denuncia por robo calificado para cubrirse de una acusación por gatillo fácil.
De hecho, a diferencia de las balas calibre 9 milímetros que impactaron y rozaron a Marcelo y a Daniel, cuando la policía con orden del fiscal allanó sus casas y las de sus familiares no encontró nada: ni armas, ni objetos que no pertenecieran a los detenidos. Otro punto que destaca Díaz es que tampoco se les hizo la prueba del Hemotest para comprobar si habían o no disparado, como denunció el policía.
Cuando llegaron los canales de televisión, sólo hablaron con un comisario, que dio su versión de los hechos. Por eso, si se guglea la noticia lo único que se encuentra es que “un policía hirió a dos delincuentes que intentaron asaltarlo”. El mismo medio de comunicación que publicó la entrevista con el comisario también habló con dos chicas que vieron la discusión y cuando Pinto les disparaba a quemarropa.
“Pero sacaron esa parte donde las pibas cuentan lo que vieron. Si vos ves la nota, ellas no salen. Me dijeron que quieren ser testigos. Nos conocen de toda la vida. Saben cómo somos, cómo es mi familia. Que Marcelo y Daniel estaban desarmados, que intentaron escapar, y que este tipo les disparó sin más. Ángel fue a la escuela con mi hermano, pero desde que se volvió policía dejó de saludarnos. Nosotros no queremos problemas con nadie, menos viviendo a media cuadra”, dice Cristian Herrera.
Según datos de la Correpi (Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional), Córdoba es la tercera provincia del país con mayor cantidad de casos de gatillo fácil después de Buenos Aires y Sante Fe. En cuarto lugar se ubica CABA y en quinto Mendoza.
Un top five en el que la provincia gobernada por Juan Schiaretti se mantiene firme en su puesto, más aún desde la firma del convenio con el ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, a través del cual se creó el Comando Unificado Córdoba (CUC) que recorre todos los barrios delimitados con color rojo en el mapa cordobés de la ley y el orden.
