Cuando se enteró que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había emitido la primera cautelar de la historia y era a su favor, Milagro Sala saltó, festejó y lloró. Aunque sabe que la resolución sólo se cumplirá a medias y que no le otorgarán la libertad sino que le darán prisión domiciliaria, la dirigente social y diputada del Parlasur espera ansiosa el momento de abandonar el penal de mujeres de Alto Comedero, donde está presa desde hace más de un año y medio.
Milagro Sala es la cara más visible, pero no es la única presa política de Argentina. Para la Justicia la Tupac Amaru es la “organización criminal” más grande de Latinoamérica: en las provincias de Jujuy y Mendoza hay más de 100 imputados y 12 detenidos, todos militantes de la organización. Además de los integrantes de la Tupac, en Formosa está preso el docente wichi Agustín Santillán, y en Chubut el dirigente Mapuche Facundo Juanes Huala. La mayoría de los 14 presos políticos de Argentina son mujeres, integrantes de pueblos originarios y miembros de organizaciones sociales. Estas son sus historias.
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Milagro Sala, la Flaca
Milagro no sabe dónde nació. Le contaron que alguien la llevó a un hospital y una de las enfermeras se hizo cargo de ella. A los 14 años se enteró que era adoptada, se peleó con su madre y abandonó la casa familiar. Durante un tiempo vivió en la calle. Sobrevivió lustrando lustró zapatos.
Años después conoció a su mentor, Fernando “Nando” Acosta, referente de ATE en Jujuy. Juntos, en pleno auge de las políticas neoliberales de la década del ’90, encabezaron marchas, organizaron escraches y se enfrentaron con la policía. A principios de 2000, acordaron que él seguiría al frente del sindicato de estatales y ella fundaría un movimiento social: la Túpac Amaru.
Sólo en Jujuy, la organización llegó a tener 70 mil afiliados, creó fuentes de trabajo para 4600 personas, construyó 8 mil viviendas, cuatro escuelas y centros de salud y recreación.
“Morales me va a meter presa”, contó Milagro a los pocos días de que Gerardo Morales asumiera como gobernador de Jujuy.
Casi un mes después, la justicia jujeña ordenó su detención por participar de un acampe frente a la Gobernación. A los quince días, ordenó su libertad y también la prisión preventiva en otra causa. Actualmente tiene 12 expedientes abiertos en su contra que van desde asociación ilícita hasta amenazas. Otras dos denuncias se cayeron por falta de pruebas.
Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnesty International (AI) y otros organismos nacionales e internacionales sostienen que su detención es arbitraria y reclaman su inmediata libertad.
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Mirta Rosa Guerrero, la Shakira Morocha
Mirta Rosa Guerrero es una de las mujeres que acompañó a Milagro en la creación de la Tupac. Nadie la conoce por su nombre. Hace 15 años coordinaba una copa de leche, usaba el pelo largo y enrulado: la bautizaron Shakira. Desde ese entonces todos la llaman por el nombre de la cantante colombiana.
La Shakira Morocha vivió los primeros años de su vida en el barrio de Alto Comedero, en las afueras de San Salvador. A los nueve abandonó el hogar que compartía con su madre y sus ocho hermanos y, como Milagro, conoció la vida en la calle. A los 15 quedó embarazada de su primera hija, Celeste, que hoy tiene 25. Su cuerpo robusto y sus conocimientos de taekwondo le permitieron trabajar de seguridad en bares, boliches y casinos.
Años más tarde volvió al barrio de su infancia, donde la Tupac construyó seis mil viviendas, centros de salud, talleres, fábricas, escuelas, espacios recreativos y un parque acuático de 40 mil metros cuadrados. A unos pocos kilómetros de ahí, Shakira hoy está detenida junto a cuatro compañeras de la organización. Está imputada en dos causas por asociación ilícita, extorsión, fraude a la administración pública y robo.
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Mirtha Aizama, la modista
A pesar de haber nacido 60 años atrás en San Salvador, Mirtha Aizama se crió en el conurbano bonaerense. Cuando era chica, su familia dejó la capital jujeña y se instaló en Alejandro Korn, donde su padre consiguió trabajo como albañil.
En la adolescencia Mirtha se presentó con su madre en un taller que buscaba modistas. Ninguna había estado antes frente a una máquina de coser. “Somos aprendices”, dijeron. Y consiguieron el trabajo.
Muchos años más tarde volvió a Jujuy y acompañó a Milagro en la creación de la Tupac Amaru. Al igual que la mayoría de las mujeres de la organización, coordinó una copa de leche. Después, cuando comenzaron a construir viviendas, pasó a ser encargada de obra. Hasta que Milagro le pidió que se hiciera cargo de la fábrica textil que estaban creando en el barrio de Alto Comedero. “Fue lo mejor que me podía pasar”, recuerda hoy en el comedor del penal de mujeres donde está detenida. La acusan de asociación ilícita, extorsión y fraude a la administración pública.
En el taller, que llegó a tener 120 empleados, fabricaban desde delantales, pantalones y camisas de trabajo hasta ropa blanca y de fiesta, pasando por carteras, trapos de piso, tapices y vestimenta de niños. La fábrica ya no existe. Tras la intervención judicial, fue clausurada y saqueada.
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Gladis Díaz
Gladis conoció a Milagro en ATE, previo al estallido social de 2001. En plena crisis servía la copa de leche en el barrio La Merced, en Palpalá junto a otras mujeres. Empezaron con unos pocos chicos en la galería de una casa de chapa. Al poco tiempo le daban la merienda a casi cien niños.
Cuando la Tupac recibió las primeras partidas de dinero para la construcción de viviendas, Gladis quedó al frente de una de las más de 50 cooperativas. “Éramos casi todas mujeres separadas, madres solteras sin trabajo. Comenzamos de cero, no sabíamos nada”, recuerda. Un maestro mayor de obra les enseñó cómo construir una casa y ellas se hicieron cargo de todo: levantar paredes, instalar sanitarios, colocar el techo.
La organización creció con un ritmo veloz e inesperado. A los pocos años habían construido miles de casas, fábricas, escuelas y centros de salud y recreación. Gladis pasó a trabajar a la sede. Se encargaba de la facturación y de mantener en regla la documentación de las cooperativas. “A veces trabajábamos hasta las 2, 3 de la mañana. Así era nuestra vida, había días que llegaba a mi casa y ya todos dormían. Cómo van a decir que los tupaqueros somos ladrones”, se queja Gladis, sentada en el patio del penal de mujeres donde está presa acusada de fraude a la administración pública y encubrimiento. “No nos perdonan que los de clase más baja tengamos luz, gas, que nos compremos la misma ropa que ellos”.
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María Graciela López
A fines de 2009, Graciela López, referente de la Organización Social Libertad, se cruzó con Milagro en los pasillos de una oficina estatal mientras exigía respuestas para la paralización de obras. La líder de la Tupac la invitó a unirse a la incipiente Red de Organizaciones Sociales (ROS). “Había organizaciones hermanas como la Tupac Amaru que tenían cierta fuerza y podían seguir la construcción de las viviendas”, contó Graciela.
El 12 de septiembre de 2016 la policía entró por la fuerza en su casa en Palpalá. Le pegaron y le pusieron un rifle en el cuello. “Pensé que me iban a matar”, dijo la cooperativista. Los agentes le gritaban y le exigían que entregara “la plata de Milagro”. Se trataba de un allanamiento. Ocho días después la detuvieron y la trasladaron al penal de mujeres de Alto Comedero, donde hoy está junto a Milagro, Mirta Aizama, Mirta Guerrero y Gladis Díaz.
En diciembre la condenaron junto a la líder de la Tupac por el escrache a Morales en 2009. “Los mismos que nos llevaron al banquillo de los acusados son los responsables de la crisis de 2001, donde nosotros, producto de la desocupación, nos hemos organizado para poder salir adelante y llevar un plato de comida a nuestra mesa”, dijo Graciela frente al tribunal. Está imputada en otras dos causas por asociación ilícita, extorsión y fraude a la administración pública.
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Alberto “Beto” Cardozo, un “peronista de toda la vida”
Beto se define como un militante peronista “de toda la vida”. Trabajó como empleado del Consejo Deliberante, fue congresal del Partido Justicialista, secretario privado de un diputado provincial, funcionario municipal, secretario del bloque Unidos y Organizados en la Legislatura provincial y dos veces candidato a diputado provincial.
En 2007 creo la organización barrial Tekuré, que después integraría a la Red de Organizaciones Sociales que lideraba la Tupac Amaru. Ese mismo año, en medio de una interna político-futbolística, lo atacaron a balazos. Salió ileso, pero resultó herida una nena de 11 años. La investigación demostró que Beto no estaba armado. Cinco años después, la Justicia ordenó la detención de los dos atacantes, Fabián “Chato” Ávila y Jorge el “Loco” Páez. En 2016, tras la detención de Milagro, la causa dio un giro de 180 grados: Páez, que estuvo ocho años prófugo, declaró que había sido contratado por ella para matar a Beto. Milagro y Beto fueron imputados por tentativa de homicidio: ella por haber instigado el ataque y él porque supuestamente se habría defendido a tiros.
“Beto está preso por no querer ampliar la declaración diciendo que Milagro lo mandó a matar”, cuenta su esposa, Analía Tolaba.
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Javier Nieva
Javier Nieva se fue de Jujuy a principios de 2016, cuando comenzó la persecución contra dirigentes sociales en la provincia. Él no era la mano derecha de Milagro Sala, como dijeron los medios. Era dirigente de Marina Vilte, una de las organizaciones satélites de la Tupac que integraban la Red de Organizaciones Sociales que participaron del acampe frente a la gobernación a los pocos días que asumió el gobernador Gerardo Morales.
Fue uno de los denunciados por un grupo de cooperativistas que abandonó el acampe. En esa causa, fueron imputados Milagro y la diputada Mabel Balconte, que luego de declarar contra la diputada del Parlasur –presionada por la Justicia jujeña- intentó suicidarse.
A Nieva lo detuvieron en noviembre de 2016 en un supermercado del barrio porteño de Palermo, donde estaba trabajando.
– Ahora nos vas a pagar todo lo que hicimos para buscarte- le dijeron los policías jujeños que participaron del operativo conjunto con la Policía Federal.
Está detenido en el penal N°1 de varones de Jujuy por dos causas por fraude a la administración pública y extorsión.
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Nélida Rojas, “la Milagro Sala mendocina”
En 2007 Nélida Rojas vio un video sobre la obra de la Tupac en Jujuy que habían traído sus compañeras de ATE de un Encuentro de Mujeres en el norte. Nélida era enfermera y delegada. Al ver el video pensó que tenían que replicar la obra de la Tupac en Lavalle, en las afueras de la ciudad de Mendoza. “Acá teníamos una situación crítica. No había viviendas ni trabajo y teníamos una altísima mortalidad infantil por falta de controles médicos”, recuerda Nélida por teléfono desde su casa, donde hoy cumple detención domiciliaria.
Un año después, cuando Milagro viajó a Mendoza, Nélida le pidió una reunión. El encuentro duró una hora y la mendocina se fue con la promesa de la construcción de cien casas. Conseguir los terrenos no fue fácil: cada vez que iba a una oficina le daban un “no” como respuesta. Nélida la llamaba a Milagro y lloraba al teléfono. “Por eso me apodó ‘La Llorona’”, recuerda entre risas.
Así nació la Tupac en Mendoza: 160 familias se juntaron y gestionaron la compra de terrenos a través del Instituto Provincial de la Vivienda. En poco tiempo construyeron, sobre el monte y el salitre, 232 viviendas, un jardín maternal, una pileta y dos aulas.
El trabajo de la organización creció y se extendió a otros nueve departamentos de la provincia. Llegaron a construir 1300 viviendas y otras 300 quedaron sin terminar cuando la justicia ordenó la detención de Nélida, sus hijas Leonela y Carla Martínez, su marido Ramón Martínez y su nuera Fanny Villegas por amenazas y coacción. Después les incorporaron nuevas denuncias por estafa y asociación ilícita. Sólo en Mendoza hay 42 miembros de la organización imputados en más de 30 expedientes.
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Ramón Martínez, el encargado de los materiales
Ramón y Nélida se conocieron hace más de 35 años en el departamento Lavalle, donde tenían grupos de amigos en común. Juntos tuvieron ocho hijos.
Cuando Nélida comenzó a reunir vecinos para la construcción de viviendas sociales, Ramón tenía un taller de chapería y pintura con sus hijos varones y era remisero. Al poco tiempo se sumó a la Tupac Amaru: era el encargado de la compra de los materiales y de abastecer a las obras en toda la provincia. Ahora cumple prisión domiciliaria en su casa.
Es el único de los presos de la familia que no tiene tobillera electrónica: cuando le tenían que entregar el dispositivo, los efectores de justicia se encontraron con que no tenían más. Está acusado de amenazas, coacción, estafa y asociación ilícita.
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Carla Martínez, la administradora
Carla es la quinta de los ocho hijos de Nélida y Ramón. Al poco tiempo que nació la Tupac Amaru en la provincia de Mendoza, con la construcción de las primeras cien viviendas, ella comenzó a trabajar en el cuerpo administrativo. Era un equipo de seis personas, entre ayudantes y contadores, que se encargaban de las certificaciones, los trámites ante el Instituto Provincial de la Vivienda y los balances.
Cuando la detuvieron junto a su familia, la Justicia ordenó que se frenaran las obras y se secuestrara todo el material de las cooperativas. “No querían que tuviéramos acceso a nada”, contó Nélida.
Luego de pasar una noche en una comisaría, Carla, su hermana Leonela y su madre fueron trasladadas al penal de Agua de las Avispas. Esa noche, después de que Nélida se durmiera, Leonela le contó que estaba embarazada. Le pidió que guardara el secreto hasta que todas dejaran la cárcel. Esa fue la última vez que se vieron. Al día siguiente le dictaron la prisión domiciliaria y ordenaron el traslado a su casa, en Lavalle, donde vive con su marido, la hija de cinco años y su bebé de 8 meses. Está acusada de amenazas, coacción, estafa y asociación ilícita.
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Leonela Martínez, la hija menor
La menor de las mujeres de la familia Martínez empezó a militar en la Juventud de la Tupac en 2007, cuando tenía 15 años. Ayudaba en la copa de leche y en el armado de la murga. La ayudaba un profesor de la orquesta militar, que les enseñó a tocar la trompeta.
Cuando nació el proyecto de crear una fábrica textil en la Tupac mendocina, Leonela estuvo dos años en el taller y después pasó a ser delegada en la construcción de viviendas. Siempre vivió en la casa familiar. Hoy tiene 23 años.
El último 7 de abril Leonela tenía planeado contarle a su familia que estaba embarazada por tercera vez. No llegó a darles la noticia. Ese día la detuvieron junto a su madre, su padre, su hermana y su cuñada. Unos días después, cuando le dictaron la prisión domiciliaria (está acusada por amenazas, coacción, estafa y asociación ilícita) porque tenía una hija en edad de lactancia, tuvo que buscar una casa: la jueza no le permitió seguir viviendo en el mismo lugar que su padre, a quien también le habían dado la domiciliaria.
Leonela guardó el secreto de su embarazo durante tres meses. Nélida se enteró en junio, cuando abandonó el penal de Agua de las Avispas para continuar la detención en su casa.
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Fanny Villegas, la profesora
Una de las primeras mujeres que acompañó a Nélida en la creación de la Tupac en Mendoza fue su nuera Fanny Villegas, esposa del mayor de sus hijos.
Fanny estaba embarazada del segundo hijo. Durante el día, junto a su madre trabajaba en la cosecha del ajo; por las noches estudiaba el profesorado de Biología en el centro de Lavalle, a pocas cuadras de su casa.
En el barrio “Tupac Amaru” construyeron las primeras casas, la fábrica textil y el jardín maternal para los hijos de las trabajadoras. En esa zona de tierras áridas y salitrosas, lejos de los viñedos, la mayoría de los tupaqueros trabajaban en la cosecha de frutas y verduras. “Veía que el futuro de todos mis compañeros y compañeras era trabajar en las chacras. Y pensé: si yo pude estudiar, ellos también”. Había una dificultad: el barrio estaba lejos del centro y de los institutos educativos.
Fanny armó un listado de personas que no había terminado el colegio y recorrió oficinas de gobierno buscando ayuda para crear un aula en el barrio.
– ¿Y tienen dónde estudiar? – preguntó el director de Educación de Jóvenes y Adultos, que se interesó en el proyecto.
– Sí, tenemos un salón – mintió Fanny.
Esa misma tarde empezaron a juntar plata para construir el aula. Organizaron sorteos y bingos, vendieron empanadas, pan y pollo asado. En menos de un mes levantaron el salón, con paredes pintadas de un blanco perfecto, cortinas, pizarrón y tableros y bancos largos porque no les alcanzaba para los pupitres. Al poco tiempo arrancaron con más de cien alumnos. La escuelita suspendió sus clases el día que la Justicia ordenó la detención de Fanny.
Hoy está detenida en su casa. Al igual que sus cuñadas y sus suegros, está acusada de amenazas, coacción, estafa y asociación ilícita. Tiene una tobillera electrónica que no le permite traspasar el umbral de la puerta.
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Facundo Jones Huala, el dirigente Mapuche
A los once años Facundo, un chico inquieto y apasionado por la lectura, descubrió su linaje mapuche. Su padre, Ramón Eloy Jones Huala, nació y vivió en Chushamen, un paraje cercano a la localidad chubutense de Esquel que fue comprada por Benetton. La empresa extendió sus dominios hasta conformar un territorio de 800 mil hectáreas. En este proceso, los mapuches, pobladores originarios, fueron expulsados de sus tierras.
En 2015, Facundo y su comunidad recuperaron las tierras ancestrales y crearon el lof Resistencia Cushamen. El año pasado fue sometido a un juicio de extradición. El Estado chileno exigía su traslado para juzgarlo por un ataque incendiario contra la casa de los cuidadores de un campo en la zona de Valdivia en 2013. La Justicia argentina declaró nulo el juicio porque se comprobó que hubo tortura a testigos y espionaje ilegal, entre otras irregularidades.
El 27 de junio, unas horas después de una reunión entre el presidente argentino Mauricio Macri y su par chilena Michelle Bachelet, fue detenido en el control de Gendarmería de Villegas, entre Bariloche y El Bolsón, por la misma causa. “Mi detención la acordaron Macri y Bachelet”, dice Facundo desde su celda. El referente mapuche sostiene que su detención es “un mensaje para todos los luchadores sociales”.
A fines de julio, Gendarmería reprimió a un grupo de manifestantes que reclamaba la libertad de Facundo. Nueve personas fueron detenidas y varias resultaron heridas, entre ellas la hermana Jones Huala, que perdió varios dientes por los golpes en la cara.
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Agustín Santillán, el docente wichí
Al docente bilingüe Agustín Santillán lo despidieron por reclamarle al gobierno de Formosa mejoras en las escuelas, viviendas, trabajo, agua y postas sanitarias para la comunidad de Ingeniero Suárez, en el extremo oeste de la provincia, cerca del límite con Salta. El maestro siguió reclamando. Encabezó cortes de ruta y movilizaciones a Buenos Aires. En diez años, el referente wichí acumuló más de 20 causas judiciales en su contra. Todas a cargo el juez provincial Marcelo López Picabea.
Tras las inundaciones de marzo y abril de este año, hubo saqueos en la zona oeste de Formosa. El gobierno local señaló a Santillán como el organizador de los saqueos y lo acusó de “terrorista”. El juez Picabea lo imputó en siete nuevos expedientes por intimidación pública, instigación a cometer delitos, asociación ilícita, robo en banda, amenazas, lesiones, agresión y usurpación. El 14 de abril, un grupo de policías lo detuvo. Antes de trasladarlo a la Alcaidía de Las Lomitas, a 160 km de su casa, le dieron una paliza.
A pesar del pedido de Amnistía Internacional (AI), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), entre otros organismos, Agustín lleva casi cuatro meses detenido.
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