La coordinadora de la Unidad de Trata y Tráfico de Personas de Ecuador, María Fernanda Revelo, negó que las turistas argentinas hayan sido víctimas de ese delito y confirmó a Cosecha Roja que “la Unidad no fue convocada” para investigar el crimen. Según las estadísticas de la Fundación Alas de Colibrí hay 600 víctimas del tráfico de personas por año y la mayoría son niñas y adolescentes con fines de explotación sexual. Un informe de 2014 de la ONU calificó a Ecuador como un país de “origen, tránsito y destino” de trata de personas.
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La imagen proyecta una mujer en blanco y negro. Tiene los ojos vendados y la espalda recta, la única luz proviene del frente. En la escena siguiente un hombre sostiene un cartel que dice “1-800 Delito”. El hombre pregunta a la audiencia: “¿Qué es la trata de personas?” y responde “Es un delito”. Otro sostiene el mismo cartel: “Es un delito en el que se amenaza o engaña a una persona para que actúe a favor de los interés del delincuente”. Entre toma y toma pasan la imagen de la mujer vendada. Los actores concluyen a coro “Abramos los ojos”, repiten el número de teléfono y la página web del ministerio de Interior ecuatoriano. La campaña televisiva empezó el 2012 y continuó al año siguiente. Fue una de las reacciones del gobierno de Rafael Correa cuando Ecuador apareció en “la lista negra” de la trata de niños y mujeres que elaboró el gobierno norteamericano en 2011. El listado englobaba a los países que no cubrían los “estándares mínimos para la eliminación del tráfico de personas”, según el informe presentado por la senadora Hilary Clinton.
En paralelo a las campañas, crearon la Unidad de Trata y Tráfico de Personas. Dependiente del Ministerio de Interior, su objetivo es diagramar las políticas de concientización y asistir a la Justicia. Cosecha Roja habló con María Fernanda Revelo, la coordinadora de la Unidad.
– ¿Cuando arrancaron con el trabajo contra la trata de personas?
– En el Ecuador la lucha contra la trata ha evolucionado a partir del 2006. Luego de la firma del Tratado de Palermo, que establecía a nivel internacional el marco legal para los países firmantes, en agosto de 2012 se estableció un Plan Nacional de Combate a la Trata de Personas. Desde el 2012, comenzamos con una coordinación más amplia. Hubo un compromiso desde el Estado para la lucha contra este delito. Se firmaron tratados binacionales con Perú y Colombia, eso nos permitió hacer operativos conjuntos.
– ¿Qué estadísticas tienen sobre la trata en el Ecuador?
– Nosotros no manejamos las estadísticas. Eso lo lleva la Fiscalía General del Estado. No damos cifras.
– ¿Qué tipos de políticas llevan a cabo desde la Unidad de Trata?
– Trabajamos en tres fases distintas: la prevención, la investigación y sanción y la reparación del derecho de las víctimas. Mantenemos el vínculo con diversas instituciones para la reincorporación a la sociedad de las mujeres, niñas y niños ecuatorianos recuperados por la policía. Desde el 2014, la ley vigente tipifica este delito y hay unidades especializadas de la policía. Además, entre 2012 y 2013 hemos desarrollado campañas públicas de visibilización como “Abramos los ojos”.
-¿Con qué fines se da la trata en el Ecuador?
– Lo que más denuncias tiene es la explotación sexual. Nuestras campañas están orientadas a la lucha contra la trata de todo tipo aunque existe una mayor naturalización de la trata para la explotación laboral. Según las cifras la mayoría de las víctimas son niñas, adolescentes y adultas.
-¿Están relacionadas al turismo sexual?
Nosotros no hemos tenido casos de turismo sexual. Si hubo alguno, fue más bien aislado. Es más, el turismo no está relacionado con la trata de personas en nuestro país.
¿Están al tanto del caso de las argentinas que asesinaron en Montañita?
Estamos al tanto, pero en Ecuador ya hemos descartado la hipótesis del delito como tráfico de mujeres porque no se han encontrado indicios para configurarlo de esa manera. La Unidad de Trata de personas no ha sido convocada.
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La hipótesis de la familia
Montañita es un balneario de cinco cuadras, playas de postales, palmeras que enmarcan la entrada a boliches de tres pisos, vendedores ambulantes y surfistas de todo el planeta. Allí, Marina Meganzzo, una rubia de 21 años delgada y con lunar en el labio superior, desapareció el 22 de febrero junto con su amiga María José Coni, una morocha alta que usaba unos lentes de marcos negros. Tenían que tomarse un avión de vuelta a la Argentina el 25 de febrero, pero nadie supo de ellas. Cuando la familia había viajado a Ecuador para buscarlas, el 28 de febrero, aparecieron muertas, envueltas en bolsas de consorcio cerca de la playa.
La policía ecuatoriana tardó 24 horas en descubrir a los responsables: dos hombres que trabajaban en la zona, uno de ellos un patovica. Según la versión oficial, Segundo P. y Eduardo D. conocieron a las chicas en el bar “La Abogadita”. Ellas les dijeron que no tenían plata ni dónde alojarse y que volverían a dedo a Guayaquil. Eduardo les ofreció quedarse en su casa. Una vez allí, Segundo se quedó a solas con María José e intentó abusarla. La chica lo rechazó y él la mató a golpes con un palo. En la otra habitación, también se escucharon ruidos: Eduardo había matado a la otra Marina.
Para las familias, la historia oficial no cierra. Según ellos, la confesión atribuida a Segundo esconde una red de criminal: las chicas fueron víctimas de trata. “No concuerda absolutamente nada lo que dicen. A mi hermana la conozco. El testimonio de los sospechosos es absurdo. Tenían plata. Esto es un tema de trata de personas”, dijo a La Nación una de las hermanas de Marina.
Correa respondió que la Justicia fue víctima de su “propio éxito” y defendió el accionar de los policías. El presidente prometió, además, pagar el traslado de los cuerpos y cargar con los gastos de los pasajes y estadía de los Meganzzo y Coni; mientras, la familia aseguraba que la investigación tenía graves falencias.
La semana pasada el fiscal de Manglaralto Eduardo Gallardo, encargado de llevar adelante la investigación, renunció a su cargo. Su lugar lo ocupó Juan Pablo Arévalo, quien aseguró a la prensa argentina: “no hay trata y el caso está muy claro, por favor créanme”. El balneario de Montañita comenzó a vaciarse de turistas y en twiter se difundió el hashtag #MontañitaNoTieneLaCulpa.
Miguel Novoa, miembro de la Fundación Alas de Colibrí, dijo que el tráfico de personas con fines de explotación disminuyó en los últimos dos años. “La población está más sensibilizada, aunque todavía no hay tanta conciencia sobre la trata con fines de explotación laboral”, explicó a Cosecha Roja Novoa. Para la académica Verónica Supliguicha Cárdenas, fundadora de la red antitrata Quito, dijo a Cosecha Roja que los índices “no han declinado, más bien la trata de explotación sexual ha mutado”.
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