Por Victoria Law
Marissa Alexander. Bresha Meadows.Cyntoia Brown. Cherelle Baldwin.
Las cuatro son mujeres o niñas negras que fueron arrestadas y procesadas por defenderse. Las cuatro fueron condenadas a décadas en prisión. Las cuatro fueron liberadas como resultado de la organización y el activismo.
La articulación entre las luchas contra la violencia de género y las luchas contra el encarcelamiento masivo, como lo hicieron quienes pelearon por estas cuatro mujeres, no es algo nuevo. Pero las historias de justicia carcelaria y de organización anticarcelaria a menudo se han centrado en hombres. Por su parte, las historias de lucha contra la violencia de género con frecuencia se centran en reclamos feministas por el aumento de la vigilancia policial, el enjuiciamiento y el encarcelamiento, con escasa atención y análisis en los efectos devastadores que esto tiene en las comunidades racializadas y en la seguridad de las mujeres pertenecientes a colectivos marginados.
En su libro “All Our Trials: Prisons, Policing, and the Feminist Fight to End Violence” (Todas nuestras luchas: cárceles, vigilancia y la lucha feminista para acabar con la violencia) (1), Emily Thuma muestra que estos dos movimientos no siempre estuvieron tensionados entre sí y que, en ocasiones, estuvieron conectados a partir de campañas de organización y defensa. Thuma, profesora asistente de la Universidad de California en Irvine, relata la historia de algunos de los grupos de la década de los ‘70 que se centraron en la defensa de mujeres criminalizadas. Describe movimientos formados para acompañar a mujeres de color procesadas por defenderse de agresiones sexuales, para obstaculizar (y finalmente detener) la expansión de unidades penitenciarias, para apoyar a las mujeres encarceladas y para crear sus propios medios y métodos de seguridad sin depender de la policía o de sistemas penitenciarios.
Thuma habló con Rewire.News sobre algunas de estas historias, su ausencia en (muchas) crónicas feministas y las lecciones que pueden darles hoy a las organizaciones anticarcelarias y contra la violencia.
Rewire.News: ¿Por qué escribiste este libro? ¿Qué ausencias notaste en la historia de los movimientos contra la violencia y otros afines?
Emily Thuma: Me interesé por estudiar el activismo feminista contra la violencia y el estado carcelario cuando trabajaba en una organización en Seattle llamada Comunidades Contra la Violación y el Abuso (Communities Against Rape and Abuse, CARA). Esto fue a principios de los 2000, y CARA era parte de una creciente constelación de grupos que se estaban organizando en torno a las intersecciones de la violencia interpersonal y la estatal. Estos grupos estaban conectados a través de dos organizaciones nacionales innovadoras: Resistencia Crítica (Critical Resistance, CR) e INCITE! Mujeres de Color Contra la Violencia (INCITE! Women of Color Against Violence). Ambas colaboraron a amplificar una conversación (liderada por feministas de color), sobre la doble necesidad de que el movimiento anticarcelario tuviera en cuenta la violencia de género y de que el movimiento feminista contra la violencia asumiera su relación con el encarcelamiento masivo.
Años más tarde, cuando comencé la investigación para este libro, un nuevo trabajo expuso relatos poderosos sobre la construcción del feminismo carcelario, o como Beth Richie lo expresa en su increíble libro Arrested Justice, cómo los activistas contra la violencia “lograron ser mainstream, pero perdieron el movimiento” al adoptar una respuesta punitiva a la violencia interpersonal. Quería saber qué tensiones internas había habido, las visiones y prácticas alternativas, y qué estaba sucediendo entre los movimientos más visibles. También quise saber más sobre las formas organizativas que se dieron dentro y alrededor de las cárceles para mujeres en ese período, ya que, como tu propio libro señala (2) de manera tan importante, las personas alojadas en las cárceles de mujeres a menudo son marginadas de las conversaciones y de las historias sobre la resistencia al encarcelamiento. Quería entender de qué forma estos diferentes tipos de organización contra la violencia habían interactuado y se habían moldeado mutuamente.
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Rewire.News: ¿Por qué no conocemos esta historia alternativa del feminismo y del estado carcelario?
Emily Thuma: A lo largo de los ‘80 y ’90, las organizaciones de violencia doméstica y sexual se entrelazaron cada vez más con las policías y fiscalías, y la formulación de políticas en torno a la violencia de género se volvió cada vez más punitiva.
Un buen ejemplo es la proliferación de leyes de arresto obligatorio, que obliga a la policía a que realice un arresto al responder a una llamada de violencia doméstica. En su declaración de 2001 sobre la violencia de género y el complejo industrial carcelario, las organizaciones INCITE! y CR señalaron que esta política había producido resultados dañinos, especialmente para las mujeres racializadas, pobres, queer e indocumentadas. Como resultado de esta norma, en muchos casos la policía arrestó no sólo a la pareja abusiva sino también a la persona violentada.
En 1994, el Congreso aprobó la Ley de Violencia contra las Mujeres (Violence Against Women Act, VAWA), y esto realmente fortaleció la vinculación entre el abordaje de la violencia de género y la expansión carcelaria. Fue parte de una gigantesca ley de delitos que asignó casi $ 10 mil millones de dólares para la construcción de prisiones, expandió la sentencia de tres strikes (que ordenaba una sentencia de cadena perpetua para cualquier persona condenada por un tercer cargo grave por violencia o vinculado a drogas en un tribunal federal) y el uso de la pena de muerte para delitos federales. La ley también puso fin al financiamiento estatal de la educación postsecundaria en las cárceles, entre otras cosas. Y la abrumadora mayoría de los fondos de la VAWA, en ese entonces y también ahora, se destinó a programas para alentar arrestos y procesamientos.
Por lo tanto, las sobrevivientes de violencia de género criminalizadas, por defensa propia o por sus estrategias de supervivencia bajo una creciente desigualdad económica, o por los daños cometidos por su pareja abusiva, fueron cada vez más marginadas de este movimiento mainstream contra la violencia.
Rewire.News: En 1974, Joan Little, una mujer negra de 20 años alojada en la cárcel del condado de Beaufort en Carolina del Norte, mató al guardia blanco de 62 años que la violó. Su acto, y el juicio posterior, planteó los temas de la agresión sexual, la raza y la defensa propia. Mirando hacia atrás, pareciera que su caso atrajo la atención y el apoyo nacional, pero al observar detenidamente vemos que solo 6 de las 150 personas en la lista de correo de Raleigh Rape Crisis (en ese momento) respondieron manifestando apoyo a Joan Little. Eso me recuerda el silencio de muchas organizaciones contra la violencia de género contemporáneas, en torno al caso de Marissa Alexander. Un defensor en casos de violencia doméstica dijo más tarde que, dado que dependen de la fiscalía para enjuiciar a las parejas abusivas, eran reaci*s a involucrarse en la campaña de defensa de Alexander. ¿Cómo puede ser que la confianza en el feminismo carcelario bloquee el apoyo a sobrevivientes de abuso criminalizadas por defensa propia?
Emily Thuma: Un paralelo entre la movilización “Libertad para Marissa Ahora” y el movimiento “Libertad para Joan Little” es que ni los Centros de Atención Urgente en casos de Violación (Rape Crisis Centers, RCCs), ni las agencias de violencia doméstica fueron las organizaciones que desarrollaron estas campañas de defensa. En ambos casos, fueron activistas (en particular mujeres negras) de organizaciones de base, raciales, de género y de justicia penitenciaria, las que formaron amplias coaliciones y alianzas para liberar a estas mujeres.
El hecho de que los RCC no fueran el centro del trabajo de defensa en los ‘70 se debió en parte a que se les demandaba un gran volumen de trabajo de servicio directo con un presupuesto acotado. Pero definitivamente hubo RCC que aceptaron fondos de la justicia penal, o trabajaron con la policía local para mejorar la forma en la que trataban a las mujeres que denunciaban violaciones, pero al mismo tiempo se negaban a respaldar movimientos de defensa para las sobrevivientes criminalizadas porque estas campañas acusaban al Estado de perpetrar y habilitar formas de violencia de género y racial.
Una importante excepción fue el Centro de Washington D.C., que fue dirigido principalmente por mujeres negras radicales de mediados a finales de los ‘70 y no aceptó fondos de la justicia penal. Como muestro en el último capítulo del libro, este organismo estuvo entre los primeros en establecer conexiones entre la violencia estatal y la violencia interpersonal.
Rewire.News: ¿Qué pueden aprender las organizaciones de hoy de las campañas de los ‘70 contra el “estado carcelario/psiquiátrico”, que vos examinas en tu segundo capítulo?
Emily Thuma: La campaña de 1976-1978 “Basta de Unidades de Violent*s” en Massachusetts fue dirigida por un grupo llamado Coalición para Detener la Violencia Institucional (Coalition to Stop Institutional Violence, CSIV). Este grupo se formó con el fin de impedir una iniciativa para construir un centro para las mujeres privadas de su libertad consideradas violentas, en uno de los más grandes hospitales psiquiátricos de encierro del estado. CSIV argumentó que la unidad se usaría contra quienes protestaban por los abusos cometidos en las cárceles y que las mujeres de color y las lesbianas serían un blanco especial, dado que ya se las consideraba amenazantes y peligrosas. Ésta fue parte de una campaña de resistencia más amplia en contra de lo que CSIV denominó “estado carcelario/psiquiátrico”: activistas en California, West Virginia, Nueva York y otros lugares también participaron en luchas contra las unidades de modificación de conducta para mujeres encarceladas. CSIV usó este término para nombrar las formas en las que los diagnósticos y tratamientos psiquiátricos operaban como herramientas de control social racializado y generizado en las prisiones, y para analizar las similitudes estructurales entre las instituciones psiquiátricas y las cárceles.
Creo que esta campaña resonará en las organizaciones de hoy que están luchando en contra de las reformas de la justicia penal que buscan reposicionar a las cárceles y prisiones como instalaciones de salud mental, o prometen lo que la difunta Rose Braz (cofundadora de Critical Resistance) llamó “jaulas más amables y gentiles”. Y apunta a la importancia de establecer conexiones entre las diferentes formas de institucionalización y encierro. También creo que esta campaña es un claro ejemplo del poder transformador de la construcción de coaliciones. No solo porque la alianza logró incidir exitosamente en una política pública, sino porque activistas de múltiples movimientos, incluidos los feministas, de liberación de pacientes mentales y movimientos penitenciarios, se transformaron a sí mismos a través del proceso de estudiar y luchar juntos.
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Rewire.News: ¿Cuál fue la importancia de los boletines por correspondencia de las cárceles de mujeres en los ‘70? Hoy en día, con más medios digitales en lugar de impresos, ¿qué ha significado ese cambio para las comunicaciones y la organización internas y externas?
Emily Thuma: Como trato de mostrar en el libro, boletines como “No más jaulas” y “A través del espejo” desafiaron el aislamiento del que dependen las cárceles. Los medios impresos radicales que incluían los escritos de las personas en las cárceles de mujeres desempeñaron un papel importante en la construcción de un movimiento anticarcelario de mujeres y el desarrollo de una agenda feminista anticarcelaria. Proporcionaron un espacio de debate para que l*s activistas encarcelad*s y sus aliad*s intercambiaran ideas y estrategias, y para generar apoyo mutuo en sus esfuerzos organizativos. Y permitieron que muchas personas que nunca se encontrarían cara a cara, participaran de una cultura política compartida. A pesar del declive del periodismo tradicional, los movimientos anticarcelarios continuaron dando prioridad al activismo impreso, incluyendo los programas de intercambio de cartas y la producción de medios propios, por muchas de estas mismas razones. Las organizaciones de movimientos sociales como CR, la Coalición de Mujeres Encarceladas de California (California Coalition for Women Prisoners), Justicia Transgénero e Intersex (Transgender Gender-Variant & Intersex Justice, TGI), Sobreviviente y Castigada (Survived and Punished) y Negro y Rosa (Black & Pink) dan prioridad a estas estrategias que ayudan a construir comunidades políticas a través de los muros y garantizan que las experiencias y análisis de las personas encarceladas alimenten de forma directa su trabajo organizativo.
Rewire.News: Hablando de material impreso, contanos sobre tu proceso de búsqueda en archivos para encontrar todos estos materiales históricos. ¿Cuál fue el descubrimiento más sorprendente o emocionante?
Emily Thuma: Creo que el descubrimiento más significativo para mí fue ver cuán intensamente fue impugnada la apropiación estatal de la lucha contra la violencia en los ‘70, y también la cantidad y variedad de ejemplos de organización feminista anticarcelaria que encontré. Por cada campaña u organización que destaco en el libro, descubrí media docena más en medios impresos radicales y en varios archivos y colecciones privadas. Como espero que el libro pueda mostrar, la cuestión sobre si era conveniente alinearse con el sistema legal penal y de qué manera hacerlo, fue una brecha importante en el activismo contra la violencia en esa década. Para quienes contribuyeron a desarrollar una política feminista anticarcelaria, el activismo anticarcelario necesariamente tenía que luchar contra la violencia hacia las mujeres, y viceversa.
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Originalmente titulado “New Book Explores the Overlooked History of Feminist Anti-Prison Activism”, y publicado en Rewire News Group. Traducido por Andrea Pereyra Barreyro.
Quienes traducimos no compartimos necesariamente todas las ideas formuladas por l*s autores de los artículos.
(1)Pueden encontrar una versión del primer capítulo del libro en la publicación del 16 de julio de Otrxs Dicen. Disponible acá.
(2)Nota de traducción: Victoria Law, la entrevistadora, ha escrito numerosos libros sobre la materia, tales como: “Resistance Behind Bars: The Struggles of Incarcerated Women” (PM Press, 2009), “Prison By Any Other Name:The Harmful Consequences of Popular Reform” (New Press, 2020), y “Prisons Make Us Safer and 20 Other Myths About Mass Incarceration” (Beacon Press, 2021).
