Mientras la diputada provincial de Santa Fe Amalia Granata utiliza su poder, el espacio que le dan los medios y el privilegio de estar sentada en una banca para discriminar a las personas trans y travestis, a más de 350 kilómetros, en la provincia de Córdoba, encontraron muerta a Nati, la primera adolescente en acceder a una intervención de adecuación genital.
El cuerpo de Nati fue encontrado por su padrastro en su casa de Mina Clavero. No tenía signos de violencia. Por ahora, su muerte es “dudosa”.
El caso de Nati es histórico: a los 14 años, junto a su madre y su padre, inició una batalla judicial para cambiar de género. En 2007 el Comité Bioético de la Justicia cordobesa falló a su favor y recomendó la autorización de la cirugía. Sentó un precedente judicial, científico y cultural.
Nati tenía 31 años. Le faltaban 4 para llegar a la esperanza de vida de la población trans.
Su muerte se lee en portales cordobeses y en algún que otro medio nacional. Mañana ya no merecerá ni una columna perdida en un diario.
La que sigue manteniéndose en agenda es la funcionaria pública Amalia Granata. Esta vez porque tuiteó que inició acciones legales contra Franco Torchia, el periodista que con altura y argumentos la llamó “delincuente”. La figura que eligió Granata es tan vetusta como su discurso: calumnias e injurias.
“En mi barrio y en mi país, una persona que viola leyes, es un delincuente. Es, en este caso, una delincuente. Si violás leyes ostensiblemente, estás funcionando como un delincuente. ¿Qué leyes? Viola en sus declaraciones, la ley de identidad de género, que este año cumple 10 años en Argentina”, dijo Torchia entre otras muchas cosas interesantes.
Cuando Torchia habla de Granata remarca el “diputada provincial” o “funcionaria pública”. Es la clave para destacar la gravedad institucional que supone este amedrentamiento. “Corresponde tomarlo como algo excesivamente serio, en la medida en que es una afrenta de una funcionaria pública, una legisladora provincial, contra un periodista”, dice a Cosecha Roja.
“Muy a menudo vemos otras escenas similares, cuando referentes políticos, dirigentes, funcionarios públicos cargan contra periodistas y ciudadanos. Esto debe ser encuadrado en el mismo tipo de amedrentamiento desde el poder, en una situación de alevosa asimetría de poder”, agrega y explica: “Yo no soy funcionario público, no soy diputado, soy una persona que trabaja de periodista”.
Para decir que Granata es una delincuente, es decir, una persona que cometió un delito, Torchia tiene argumentos: “No lo digo yo, lo entiende el estado de derecho en el que vivimos: ¿Cómo debemos llamar a quien viola una ley? ¿Violador de ley? ¿Infractor?”, se pregunta.
Y cita todas las normas que violó Granata al discriminar a la población trans: la Ley de Identidad de género, la ley antidiscriminatoria de la Ciudad de Buenos Aires (porque sus declaraciones fueron en un canal de CABA), el Código Civil y la Constitución Nacional.
“No hay posibilidad alguna de que eso que la Constitución Nacional denomina libertad de expresión garantice o habilite la posibilidad de menoscabar de semejante manera a un grupo de personas”, aporta.
Torchia cree que desde el punto de vista jurídico y legal está todo dicho. “Voy a enfrentar este proceso con la fuerza que supe ganar en el mismo momento en el que dejé de sentirme solo hace muchos años cuando, tras décadas y décadas de vida de haberme sentido solo, entendí que no estaba más solo”, dice. “ Y esa ausencia de soledad me fue otorgada por los activismos de la diversidad sexual, por los intelectuales que me ayudaron a pensar, por los escritores que me ayudan a imaginar, por algunos dirigentes políticos que me ayudan a argumentar, por las personas que me quieren y a las que quiero, y por los colegas también”.
Ese amor y apoyo Franco lo está viviendo ahora mismo, con todas las personas, colegas, funcionarixs y diputadxs de todo el arco político que se solidarizaron con él tras la embestida de la legisladora santafesina.
Torchia sabe que el discurso de las Granatas y las Canosas no es ingenuo. Que la desinformación que divulgan no es inocente. “Creo que llegó el momento de entender que robustecer nuestro estado de derecho es ahora directamente proporcional a combatir conformaciones políticas de dudosísima procedencia, pero que responden a un mapa regional”, destaca. “Esto mismo está pasando en otros países pero de manera más cruenta, como en Perú o Paraguay”, dice.
El periodista coincide con lo que desde hace años venimos machacando desde las organizaciones y movimientos feministas sobre los discursos antiderechos legitimados en medios y hasta en espacios gubernamentales. “La legisladora Amalia Granata forma parte de una trama regional muy intrincada y fuertemente financiada, tendiente a desactivar determinados discursos”, agrega. “En otros países y sociedades esto les resulta más fácil porque no existe el estado de derecho que sí existe en la Argentina ni las leyes o los derechos sexuales vigentes en la Argentina”.
Para Torchia este abuso de poder es una oportunidad. “Siento que esto quizás nos permita empezar a pensar ahora sí en otros términos. En un sinfín de cuestiones vinculadas a los mecanismos electorales e, insisto, en el cruce problemático, no saldado, pero es alarmante entre lo que denominamos libertad de expresión y toda esta proliferación de discursos 100 por ciento agraviantes”, detalla.
Por eso insiste con no olvidar lo obvio: Granata es una funcionaria pública. “Estamos muy acostumbrados a ubicar a Amalia Granata en el hábitat en el que siempre se la ha visto y ese hábitat es como si desactivara hoy su condición de funcionaria pública. Pues no: hay que decir la diputada Amalia Granata, la funcionaria pública Amalia Granata, porque hay que reponer esta responsabilidad que de ningún modo es equivalente a cuando no era funcionaria”.
Es sabido que Granata llegó a ser diputada por su discurso antiderechos. También por una alianza con un sector de las iglesias evangélica y católica de la provincia. Esa alianza le garantizó llegada territorial, mientras ella se movía en la arena que le queda más cómoda: los programas de chimentos. Mientras en campaña electoral no iba a ningún debate de candidatos, no atendía a medios de su provincia y usaba poca cartelería, garantizaba su triunfo polemizando en LAM, el programa de Moria y otros espacios de la TV donde siempre tiene un espacio.
Apenas entró a la legislatura se peleó con los cinco compañeros de bloque y quedó sola. Hoy es un monobloque atendido desde el zoom en Buenos Aires. En la página de la Legislatura hay cargadas sólo dos intervenciones de ella. Presentó 233 expedientes, la mayoría de pedido de información al Poder Ejecutivo. En más de dos años, sólo ocho iniciativas fueron de ley y la mayoría son de modificación de artículos de leyes ya existentes. Es decir, pocas propuestas nuevas. Toda una cultura del trabajo bancada con plata del Estado santafesino.
Para Torchia en esta violencia contra la población travesti trans es clave mirar a Santa Fe. Es que en la provincia que representa Granata más de 30 mujeres trans y travestis santafesinas fueron reconocidas, desde 2018, como víctimas de la última dictadura militar a través de la reparación histórica contemplada en la ley provincial 13.298. Lo lograron después de presentar un recurso en la Justicia para ser consideradas presas políticas por su identidad de género. Y no sólo eso: las organizaciones LGBT+ buscan ampliar la pensión más allá de la dictadura.
“Hay que leer esta intervención suya como una estrategia también política muy concreta hacia el interior de la política santafesina y por supuesto en atención a su electorado”, opina.
