Arte: Jael Díaz Vila
Unas horas antes de que los monumentos de la Ciudad de Buenos Aires se iluminaran con los colores de la Policía porteña, las letras BA del Obelisco mostraran el escudo de la fuerza y varios carteles leds saludaran los cinco años del mayor orgullo de Horacio Rodríguez Larreta, un policía de civil le disparaba en la cabeza a Lucas González, un jugador de fútbol de juveniles del club Barracas Central.
Lucas tenía 17 años. Estuvo internado un día y medio con muerte cerebral en el Hospital El Cruce de Florencio Varela. Murió el jueves a la tarde por las balas policiales.
Lucas jugaba en la sexta división del Barracas Central. Este miércoles a la mañana fue temprano al entrenamiento. Lo acompañaron tres amigos que se fueron a probar al club del sur de Caba.
Salieron a eso de las 9.30. Se subieron al Volkswagen Suran de uno de los chicos, hicieron unas cuadras y pararon en un kiosco. Ahí se les cruzó otro auto, con al menos dos personas vestidas de civil: después se supo que eran policías.
Lucas y sus amigos pensaron que les iban a robar. Así que aceleraron. Los policías los siguieron y empezaron a disparar. Dos balas le dieron en la cabeza a Lucas. Uno de los amigos se bajó del auto y escapó. A los otros los tuvieron detenidos en un instituto de menores hasta hoy a la mañana.
A Lucas lo internaron en el hospital Penna pero por su estado grave el jueves a la mañana lo trasladaron a El Cruce, un hospital de mayor complejidad. Murió a la tarde.
“Lucas está mal, el daño es irreversible. Lo único que me lo puede salvar es un milagro”, había dicho a la mañana su mamá, Cintia López, en diálogo con Radio Con Vos. La familia denunció que fue gatillo fácil.
El cuento de la policía al servicio de la comunidad
En casos de gatillo fácil, la Policía siempre tiene casi la misma versión oficial: que los pibes eran ladrones (en el mejor de los casos reconocen que los confundieron con ladrones), que se negaron a parar, que no respondieron a la voz de alto, que hubo un tiroteo o enfrentamiento (es decir: que hubo intercambio de balas), y ahí uno de los pibes fue alcanzado por una bala. La Policía nunca abusa de su poder, ni tira tiros a mansalva ni asesina a adolescentes. Las balas no están dirigidas a los cuerpos de los pibes jóvenes: los alcanzan.
El modus operandi también incluye la plantación de armas para justificar el asesinato. Esta vez no fue diferente: los policías dijeron que en el baúl del auto en el que viajaban Lucas y sus amigos encontraron una réplica de un arma. Ni siquiera un arma real. La familia denuncia que la plantaron.
El chico que había escapado esta mañana fue a la Justicia con su madre. Según adelantó un familiar a los medios, él y los otros dos van a declarar como testigos en la causa en la que se investiga cómo actuaron los policías.
El Juzgado de Menores 4, a cargo del juez Alejandro Cilleruelo, separó a la Policía de la Ciudad de los peritajes y ordenó que todos los trabajos forenses sean hechos por peritos de la Policía Federal Argentina (PFA).
Un festejo a puro tiro
En el sur de la Ciudad los cinco años de la Policía se festejaron a pura bala. A la tarde, en el barrio de Constitución, otro efectivo le disparó al menos 11 veces a un hombre que los amenazó con un arma blanca.
El hombre es un migrante dominicano de 38 años. El policía le pidió identificación mientras caminaba por la Plaza Garay y él sacó un cuchillo. El policía pidió refuerzos y, como el hombre no dejaba el arma, le dispararon al menos 15 veces. Una de las balas hirió a otra persona que caminaba por la plaza.
Los medios no tardaron en encabezar la noticia con que el caso reavivó el debate que hace tiempo vienen impulsando algunos partidos políticos: la necesidad de que las fuerzas de seguridad utilicen las pistolas taser. Y lo compararon con otros casos donde la Policía “está en riesgo” ante un problema de salud mental de una persona a la que quieren detener.
Ninguna fuerza del país parece tener muy en claro qué hacer ante estas situaciones: pasó en la provincia de Buenos Aires, con Chano Charpentier; en Salta con Matías Nicolás Ruiz; en Entre Ríos con Victoria Nuñez, y en Chubut con Tino John, por sólo poner unos pocos ejemplos.
Para colmo, la dirigencia política de siempre y la recién llegada no se cansa de pedir mano dura.
Lo sabemos: la Policía de Rodríguez Larreta no es la única que violenta y mata: por nombrar un caso cercano en el tiempo, la semana pasada en Corrientes apareció el cuerpo de Lautaro Rosé, un pibe de 18 años que se tiró al Paraná en medio de una razzia policial.
No, no es sólo la Policía de la Ciudad. Pero los números no la ayudan: entre 2017 y 2019, la fuerza de Caba fue responsable de la muerte de 43 personas en hechos clásicos de violencia institucional, según un informe de la Comisión Especial de Seguimiento y Prevención de la Violencia Institucional de la Legislatura porteña. Los datos coinciden con los últimos registros de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi).
En 2018 un informe del Ministerio Público de la Defensa de Buenos Aires registró 623 casos de violencia institucional. Las víctimas tenían un claro perfil definido: migrantes senegaleses, vendedores ambulantes y trabajadoras sexuales.
