Por Arlén Buchara en El Ciudadano
Las denuncias surgieron del relato de niños, niñas y adolescentes pero también de sospechas de docentes y de adultos que se dieron cuenta de situaciones que sufrieron en la infancia.
Desde que empezaron las clases este año el Ministerio de Educación de Santa Fe relevó 368 casos de abuso sexual infantil y adolescente. Muchos surgieron gracias a los contenidos de la ley de Educación Sexual Integral (ESI), sancionada en 2006 y que después del debate de legalización del aborto está siendo cuestionada por grupos religiosos. En las jornadas de ESI niños, niñas y adolescentes aprenden a diferenciar los vínculos afectivos de los abusivos, identifican situaciones de violencia, conocen su cuerpo y cómo cuidarlo y trabajan en el respeto de la diversidad. Los casos de abuso también son registrados ante la sospecha de docentes, que están obligados a denunciar.
Pero la ESI no sólo sirvió para detectar casos recientes. Según el Ministerio de Educación, gran parte de las denuncias aparecieron en escuelas nocturnas y profesorados, donde adultos y adultas se dieron cuenta de que habían sido abusados en la infancia. Ante cualquier sospecha las autoridades activan un protocolo en el que acompañan para que no dejen la escuela y derivan a la Justicia para que investigue. En Argentina por cada 1.000 casos denuncian 100 y sólo 1 recibe condena, de acuerdo con estadísticas elaboradas en conjunto por el Ministerio Público Fiscal, la Procuración General de la Nación y el Cuerpo de Peritos Forenses. El 75 por ciento de los abusadores están dentro de la familia.
Abusos en la infancia
El secretario de Gestión Territorial Educativa, Federico Paggi, explicó a <El Ciudadano> que los casos de abuso sexual infantil y adolescente son atendidos y registrados por el equipo socioeducativo del Ministerio. Desde que empezaron las clases hasta fines de octubre detectaron 368 situaciones en los niveles inicial, primario, secundario y terciario. La mayoría fueron en las regionales más pobladas, que incluyen a Rosario y Santa Fe. “Muchas denuncias son de personas adultas que cursan los profesorados o los Eempa. Con los contenidos de ESI pudieron hablar. Antes se callaban”, contó. En particular, los profesorados tienen el ateneo, un espacio curricular dedicado exclusivamente a ESI. En el resto de los niveles la educación sexual atraviesa todas las materias y hacen jornadas especiales durante el año.
Según Paggi la escuela siempre fue un lugar de escucha y confianza que se consolidó con la capacitación de docentes y estudiantes en ESI. “Generar de manera institucional el espacio para recibir las palabras de los niños y niñas es muy importante. Además de la ESI, tenemos los Consejos de Convivencia y los espacios de tutoría. Si no hubiera lugar para hablar de estos temas, muchas denuncias no habrían aparecido. Y parte de la recuperación y la cura es poder contarlo porque callarse daña emocional y psicológicamente”, agregó.
El funcionario aclaró que ante cualquier sospecha de abuso infantil las y los docentes tienen la obligación de denunciar para que se active el protocolo. El equipo socioeducativo interviene en la contención y da intervención a la Justicia. En la última paritaria incluyeron que la denuncia puede hacerse preservando el nombre de quien sospechó del abuso en la escuela. “Desde el Ministerio nos ocupamos de contener para que no abandone la escuela y pueda denunciar. Lo que se nos dificulta es saber qué pasa después en la Justicia con los casos”, agregó.
La ley en debate
La ley de ESI fue pensada de manera integral para que atraviese a todas las materias desde el jardín hasta los estudios terciarios. No se reduce a las clases de biología ni se trata sólo de que chicas y chicas sepan cómo prevenir un embarazo o cuidarse de las enfermedades de transmisión sexual. Busca pensar y construir vínculos libres de todo tipo de violencia a partir del respeto a la diversidad sexual y a las mujeres. También sirve para que puedan diferenciar el cariño del abuso sexual. La provincia de Santa Fe empezó a implementar la ESI desde 2008 a través de la capacitación de docentes. Hace cuatro años incluyó a integrantes de los centros de estudiantes, quienes fueron los principales demandantes de educación sexual en la escuela.
Durante el debate por la legalización del aborto en el Congreso Nacional las voces a favor y en contra coincidieron en que era importante avanzar en la implementación efectiva de la ESI porque la mayoría de las provincias no la aplican. Tras el rechazo en el Senado, un grupo de diputados y diputadas impulsó la modificación y actualización del texto. El principal cambio es que sea declarada de orden público para que todas provincias la apliquen de manera obligatoria en las escuelas públicas y privadas. También elimina el artículo 5 que dice que cada institución puede dar educación sexual según su ideario. Y actualiza conceptos incluyendo las leyes de ampliación de derechos sancionadas en la última década, como identidad de género, matrimonio igualitario y protección integral de niños, niñas y adolescentes.
La posible modificación de la ley generó la oposición de sectores religiosos evangelistas y católicos bajo la campaña “Con mis hijos no te metas”. La cruzada con los colores celeste y rosa surgió en Perú y llegó a la Argentina para oponerse a la perspectiva de género y diversidad sexual.
Abuso como delito público
En octubre el Congreso Nacional convirtió al abuso sexual infantil en un delito público. Lo hizo a través de la modificación del artículo 72 del Código Penal y significa que el Estado deberá investigar de oficio cualquier denuncia de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. Antes de la ley, la madre, el padre o la persona a cargo tenían que ratificar los testimonios. Si bien la ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes había avanzado en el mismo sentido, la modificación era importante porque, según estadísticas oficiales, en Argentina el 75 por ciento de los agresores son familiares y casi el 60 por ciento son el papá o el padrastro. El 90 por ciento de los abusadores son varones y la mayoría de las víctimas son niñas y adolescentes mujeres.