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El presidente de Guatemala, Otto Pérez, expresó apoyo a su ministro de Gobernación (Interior), Mauricio López, pese a ser señalado por vínculos con la mafia que domina las cárceles liderada por un militar convicto.

Durante una gira de trabajo efectuada por varios municipios de Quiché, el mandatario restó importancia a las acusaciones de Byron Lima Oliva, quien cumple una condena de 20 años por la muerte del obispo Juan José Gerardi.

Esta semana Lima fue acusado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) de encabezar una estructura criminal desde Pavoncito, que involucra también a autoridades del Sistema Penitenciario. Se trata de una red de corrupción en las cárceles que fue desmantelada por el organismo auspiciado por la ONU.

Según la investigación, Lima Oliva acumuló -desde la cárcel- una fortuna en dinero y en bienes tales como residencias en la playa, en San Marino, Puerto San José, Escuintla, y en la capital vehículos de lujo y blindados, además de fondos en cuentas bancarias.

López fue apuntado por el militar Byron Lima pero el presidente Pérez Molina dijo que el ministro “ha hecho un excelente trabajo” en la lucha por restablecer la seguridad en el país, restó credibilidad a las declaraciones del reo y descartó la posibilidad de removerlo de su puesto.

Lima Oliva aseguró el viernes pasado que López Bonilla es parte de la red desmantelada por la Cicig y por el Ministerio Público. Mostró fotos de su conviviente, Alejandra Reyes, junto a Julissa Palma, esposa de Mauricio López Bonilla, y Cristina de la Rosa, asesora de Gobernación.

“Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que las sindicaciones provienen de un reo a quien la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala investigaba. Tenemos que esperar a ver qué pruebas presentarán —la Cicig— y de ahí se desprenderán muchas cosas”, argumentó el mandatario.

Pérez Molina habló con la Prensa en la aldea Jalá Las Flores, Chajul. Lo acompañaron los ministros de Salud Pública, Jorge Villavicencio, y de Desarrollo Social, Leonel Rodríguez Lara, y autoridades del departamento.

Analistas independientes manifestaron dudas sobre la postura oficial. “Todo lo que se está viendo es que vivimos en un Estado fallido, en términos generales, donde el Estado de derecho se debilita porque están a la vista el enriquecimiento ilícito y su incidencia en el poder político”, criticó Carmen Ibarra, analista del no gubernamental Movimiento Pro Justicia.

Fuente: Prensa Libre y Télam

Foto: Plaza Pública

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