Hoy amanecimos con imágenes que ya vimos decenas de veces: familias escapando entre gases y balas, miles de policías armados avanzando sobre las casillas precarias, y dejando nuevamente vacías tierras que generaban la expectativa de miles de personas de resolver, aunque precariamente, su necesidad de vivienda. En este caso, con el agravante de desalojar en medio de una pandemia inédita. Esta vez lo vimos por TV porque la toma de Guernica, por sus dimensiones y el contexto político, entró en agenda.
Pero las ocupaciones de tierra son, desde hace décadas, la forma invisibilizada de resolver la necesidad de vivienda de un número creciente de personas en nuestro país, a las que ni el Estado ni el mercado les ofrecen respuesta habitacional alguna. Hace unas semanas el Ministerio de Seguridad contabilizaba 868 procedimientos para desactivar y desalojar tomas, con la detención de 524 personas. Decenas de ocupaciones están judicializadas con un desenlace inminente como el de Guernica. Pero, así y todo, según datos de la provincia de Buenos Aires, el número de tomas es menor al de 2019, pese a que creció en la cuarentena.
La respuesta estatal también se pareció demasiado a las de sus antecedentes: la distinción forzada entre ocupantes razonables y radicalizados, el asedio a las familias a través del corte de servicios o el acoso policial y funcionarios dividiéndose roles de intransigentes y dialoguistas. También, como de costumbre, las propuestas de corto plazo fueron insatisfactorias (subsidios por tres meses y un confuso repertorio de alternativas precarias) y contrastantes con los ambiciosos planes para los próximos años, que no dejan de ser inciertos y lejanos para las necesidades urgentes de las familias sin techo. A partir de Guernica se anunció el Plan Bonaerense de Suelo, Vivienda y Hábitat que prevé una inversión de casi $ 200 mil millones y a nivel nacional el hábitat parece ser una de las apuestas de reactivación económica. Pero es inevitable recordar el desalojo del parque Indoamericano con la promesa de una inversión conjunta entre los gobiernos de nación y ciudad que fue nula.
Las deficitarias propuestas estatales se montan sobre una cobertura mediática plagada de desinformación, prejuicios, estigmatizaciones y pedidos de represión por parte de quienes, en tiempos regulares, ignoran que las tomas son una consolidada y creciente forma de producir ciudad en nuestro país y todavía más en la mayor parte de las urbes de la región. Sobre esto también opera el equívoco de que las tomas no distinguen entre tierras vacantes o en uso, y se agita el temor a que “los desposeídos” avancen sobre las viviendas que ocupan las familias para deslegitimar estos procesos.
La pandemia puso en evidencia a la vivienda como derecho básico a resolver y el problema estructural de acceso al suelo urbano (y rural), pero en los imaginarios y discursos públicos la forma de resolver esa necesidad sigue estando sujeta a la capacidad de pago y posibilidades individuales. Es un enorme problema social y político cuando escandaliza más la ocupación de suelo sin uso que familias viviendo a la intemperie. Con esto lo que se evidencia es la naturalización del privilegio de la propiedad privada (vacía) por sobre el derecho a la vivienda, que sigue requiriendo políticas de provisión y regulación que respondan a la problemática. Paradójicamente, las políticas estatales existentes mayoritariamente apuntan a la regularización de tomas: la Ley N° 27.453, votada por todos los bloques del Congreso, establece el “Régimen de regularización dominial para la integración socio-urbana”. Esto no es otra cosa que la regularización de las tomas del pasado, que en el presente se abordan en forma punitiva y estigmatizante.
Las violentas imágenes con las que amanecimos deberían dejar clara la necesidad de anticipar soluciones habitacionales que eviten estos procesos tortuosos para las familias y las lamentables respuestas estatales que fluctúan entre la represión y la precariedad. La propia provincia de Buenos Aires cuenta con la mejor ley del país para responder a esta deuda histórica de acceso justo al hábitat, la 14.449. Son necesarias políticas como las que propone esa ley, que generen alternativas de acceso a la vivienda para los sectores populares, que vuelvan innecesarias nuevas ocupaciones de suelo vacante y los constantes padeceres de miles de familias, como las que acaban de ser desalojadas de Guernica.
