Por Dominique Galeano*
“Queremos llegar a un destino, no queremos el sueño americano”, le dice Douglas Oviedo, migrante hondureño, a la televisión mexicana. Douglas viaja en la segunda caravana migrante que el domingo pasado fue reprimida por la policía cuando cruzaba el río Suchiate que divide a Guatemala y a México. En las redes circularon imágenes de un helicóptero sobrevolando y atemorizando a los migrantes que hacían fuerza para mantenerse de pie entre la corriente del río y el viento de las hélices.
En ese punto fronterizo fue asesinado Henry Díaz Reyes, de 26 años, a quien la policía mexicana le disparó una bala de goma en la cara. Leticia Reyes, madre de Henry, le cuenta a los medios hondureños la desesperación que tenía su hijo por salir de Honduras. Era trabajador de transportes, un rubro cada vez más peligroso en el país centroamericano. Según un informe del Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), el trabajo en transporte público es una ocupación de alto riesgo: entre enero de 2010 hasta diciembre de 2016 se registraron un promedio de 16 muertes mensuales de personas que trabajan en transporte público, un total de 1335 víctimas de homicidio.
Unos 400 kilómetros al norte de la frontera con Guatemala, en Juchitán, Oaxaca, se encuentra la primera caravana migrante que salió de San Pedro Sula, Honduras, el 13 de octubre de 2018. Al principio eran unas 2000 personas, a medida que seguían su camino llegaron a ser 7000 personas de Honduras, Guatemala y El Salvador.
Desde que la caravana arrancó, el presidente Donald Trump la utilizó para sostener sus dichos xenófobos. En un video le dijo a un grupo de periodistas en la Casa Blanca que “vayan a la caravana y van a encontrar pandilleros, terroristas y gente del Medio Oriente”. Después tuvo que reconocerle a un periodista que lo cuestionó que no tenía ninguna prueba que respaldara sus acusaciones. “No hay prueba de nada, pero podría ser”, dijo.
Los que viajan
Los y las periodistas que pasaron por la caravana cuentan una historia diferente. A través del relato de los migrantes se puede construir una cotidianidad de violencia en los países de origen. En Chiapas una reportera decidió entrevistar a niños que viajaban en la caravana con sus padres. Ever Torres, tiene ocho años y es de La Ceiba, ciudad ubicada en la costa norte de Honduras. Viaja con su mamá, quien cada noche se encarga de que, dentro de las posibilidades, sus hijos puedan dormir cómodos. Cuando le preguntan por su padre, Ever contesta que lo mataron y a su padrastro también. Tiene ganas de ir a Estados Unidos a buscar trabajo para ayudar a su mamá.
Otro de los niños cuenta que se sumó a la caravana en el día de su cumpleaños, se acuerda porque todos sus compañeros lo fueron a despedir. No tiene más de 10 años y le explicó a la periodista que en Honduras no hay oportunidades laborales, lo sabe porque para sobrevivir tuvo que dejar los estudios y empezar a trabajar.
Prosperidad y seguridad
Dos días antes de que se iniciara la primera caravana, se realizó en Washington la segunda Conferencia Sobre Prosperidad y Seguridad en Centroamérica. De prosperidad se habló poco y nada. El vicepresidente Mike Pence, reafirmador constante de los dichos xenófobos de Trump, abrió su discurso con el tema migratorio: habló de cómo el gobierno estadounidense está reforzando la seguridad en la frontera con México y le recordó al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, su compromiso de redoblar la seguridad en las fronteras hondureñas para 2020. Lo mismo hizo con el presidente de Guatemala y el vicepresidente de El Salvador, los “alentó respetuosamente” a que refuercen la seguridad en los países del Triángulo Norte para, según él, ayudar a “resolver los problemas de nuestro vecindario”. “Nuestro” porque en territorio hondureño se pueden contar -hasta la fecha- ocho bases militares estadounidenses.
Cuando la primera caravana arrancó, el presidente hondureño recordó los pedidos de Estados Unidos y llamó a detenerla. Hernández transita el primer año de su segundo periodo como mandatario. El fraude electoral que gestó el oficialismo al robarle el triunfo a Salvador Nasralla, candidato de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, consolidó a Hernández en el poder y dejó un saldo de 34 personas asesinadas durante hechos represivos. La historia no tiene desperdicio: el 27 de noviembre, un día después de las elecciones, con el 57 por ciento de las urnas escrutadas se informó que Salvador Nasralla contaba con el 45,17 por ciento de votos favorables frente al 40,21 por ciento de Hernández. Después de este primera información el Tribunal Supremo Electoral, integrado por magistrados afines al oficialismo, anunció que detendría el conteo de votos hasta el 30 de noviembre. El apagón informático se mantuvo hasta el 4 de diciembre cuando se oficializó el fraude y se presentó a Hernández como ganador.
El respaldo casi inmediato de EEUU a Hernández fue el que motivó las campañas del presidente hondureño para que la caravana migrante se mantuviera lejos de Norteamérica. Después del fraude electoral el número de hondureños que busca llegar a EEUU, según el Servicio de Inmigración y Control de Aduana (ICE, por sus siglas en inglés), se incrementó.
