Cosecha Roja.-
Carlos Mejía Orellana descansaba en su casa de El Progreso, Yoro cuando un grupo de hombres lo apuñaló hasta la muerte sin mediar palabra la noche del 11 de abril. El periodista hondureño era uno de los 16 trabajadores de la emisora jesuita Radio Progreso para quienes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había pedido medidas cautelares en cuatro oportunidades desde 2009. En la última década más de 36 periodistas fueron asesinados en Honduras y sus muertes aún no fueron resueltas.
Mejía Orellana, jefe de mercadeo y ventas de Radio Progreso, era reconocido por sus compañeros como un profesional íntegro, según publicó Radio HRN. Joaquín Mejía, uno de ellos, señaló la debilidad del Estado como una de las causas de su muerte: “Este hecho es una muestra más del fracaso de las políticas de seguridad del Estado hondureño y de su falta de voluntad política para adoptar las medidas de protección establecidas por la CIDH”.
“Nuestra exigencia fundamental es que se haga una investigación seria que permita juzgar y condenar a los responsables de este crimen”, declaró titubeante, quizá temeroso Ismael Moreno durante la conferencia de prensa. “No aceptamos rumores que no estén fundamentados en un proceso de investigación”, exigió luego, a propósito de las fuentes policiales que aseguraban que Mejía fue asesinado “por alguien cercano”.
Representantes estadounidenses y varias organizaciones internacionales de Derechos Humanos lamentaron el asesinato del periodista y señalaron a la policía hondureña de hacer conclusiones apresuradas sin reunir pruebas.
El 9 de mayo de 2012 otro periodista radial hondureño había sido secuestrado y luego asesinado. Su nombre era Ángel Alfredo Villatoro y se sabe que comió por última vez el 15 de mayo minutos antes de recibir dos tiros en la cabeza. El primero entró por el costado derecho, el segundo por el párpado izquierdo cuando su cuerpo yacía sobre una vereda del barrio Las Uvas de Tegucigalpa. Los acusados fueron declarados culpables y se esperan penas de 40 años de prisión.
Durante el cautiverio de Villatoro los secuestradores enviaron un video a la familia como prueba de supervivencia para exigir un pago extorsivo de dos millones de lempiras, casi 11 mil dólares. El video fue utilizado por las autoridades durante el juicio contra Marvin Alonso Gómez y los hermanos Osman y Edgar Osorio Arguijo, capturados mientras se movilizaban a bordo de la Mitsubishi azul en la que transportaron a su víctima por última vez. Los secuestradores fueron declarados culpables por los jueces de la Sala Dos del Tribunal de Sentencia.
El hijo de la víctima, Ángel Alfredo Villatoro, lamentó que tras casi dos años de investigación por el asesinato de su padre aún no se conozcan los nombres de los autores intelectuales del crimen.
Otro de los homicidios más conocidos ocurrió el 24 de junio de 2013 contra Aníbal Barrow, periodista de la cadena Globo tv y profesor universitario de 65 años. Lo secuestraron ese día en la ciudad de San Pedro Sula mientras viajaba a bordo de un auto con su familia. A Barrow lo llevaron hasta los cañaverales de Siboney donde lo encontraron muerto quince días después.
En 2010 Honduras se convirtió en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Ese año se registraron 29 asesinatos contra comunicadores. En estos casos la impunidad es el común denominador, sólo uno tiene sentencia firme.
Algunos analistas sociales como el historiador hondureño Rolando Sierra sostienen que el país entró en un tipo de “violencia de alto perfil”. “Estamos ante un tipo de violencia que no se vivía hace 15 años, se observan cambios en la forma de operar del crimen. Esta acción responde más a un mensaje del crimen organizado en el siglo XXI que dista mucho del bandolerismo hondureño del siglo XIX”, dijo Sierra.
Fotos: El Heraldo / Periodista Digital
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