María Peters, El Herldo.-

La gusta la música de los Tigres del Norte. La canción “tres veces mojado” es una de las favoritas de las 10 meseras que laboran en el bar diurno El Tucanazo, uno de los negocios que permitieron la entrada a El Heraldo para conocer a las chicas hondureñas que laboran en él.

“Esa canción nos hace llorar porque nos recuerda a nuestras familias que están allá en Honduras”, dice Ximena, una mujer de 27 años originaria de la Ceiba, que hace ocho meses decidió emigrar a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida.

Sus dos hijos, de nueve y ocho años de edad, quedaron con su madre en su natal pueblo, donde trabajaba en maquilas, pero debido a que las cerraron, una gran cantidad de mujeres quedaron sin empleo.

A pesar de que en Tapachula operan más de tres mil bares, cantinas y centros nocturnos legalmente establecidos y clandestinos, solo 30 de estos decidieron unirse a una lucha frontal que ha emprendido el gobierno de Chiapas contra la trata de persona en su modalidad de explotación sexual y laboral.

La finalidad es garantizar el respeto a los derechos humanos de las mujeres que trabajan como bailarinas exóticas y meseras de esos negocios, en su mayoría provenientes de Honduras, Guatemala, El Salvador y mexicanas.

Credenciales

La Fiscalía Especial de Atención a Delitos Cometidos contra de Inmigrantes (Feadacci) otorgó credenciales y playeras a los 535 trabajadores de 30 bares, entre bailarinas, meseras y meseros, barman, vigilantes, personal de cocina, maquillistas e instructores de gimnasio, que concluyeron el curso sobre la trata de personas y derechos humanos.

Además, los establecimientos, entre ellos bar La Tía Nery, Mi Ranchito, Tucanazo, El Chamula, La Fortuna, Los Sauces, Jacalito, Marinero, Las Morenitas, Aljamailú, Salsipuedes, Tentaciones, fueron verificados previamente por personal de la Fiscalía para constatar que no estuvieran laborando menores de edad.

En el evento, el fiscal de la Feadacci, Enrique Méndez Rojas, dijo que estos cursos tienen la finalidad de conocer el delito de trata de personas, detectarlo y erradicarlo.

“El gobierno de Chiapas está combatiendo de manera frontal este flagelo, sepan a las violaciones en que incurren al contratar a menores de edad para explotarlos sexual y laboralmente, las condenas son de hasta 18 años de cárcel, de acuerdo con la Ley”, advirtió Méndez Rojas.

¿En qué consiste este curso,? se le cuestionó al representante de la Fiscalía de Atención a Migrantes.

“Son cursos de sensibilización donde se le enseña a la gente migrante que ellos tienen sus derechos de no ser explotados sexual ni laboralmente, que deben laborar horas establecidas por la Ley del Trabajo, también que les quede muy claro lo que es la trata de personas, que nadie está obligado a hacer nada que ellos no quieren”, respondió.

Abundó que también se les explica cuáles son sus obligaciones, cómo denunciar si hay algún delito de trata de personas, ya sea sexual o laboral, los delitos en que incurren si dejan ingresar al bar a un menor de edad a consumir bebidas alcohólicas y comprar documentos falsos.

El Heraldo fue el único medio de comunicación que estuvo presente en la clase que impartió la Fiscalía de Atención a Migrantes en sus instalaciones al personal del centro nocturno El Marinero, donde estuvieron bailarinas, barman, personal de seguridad, intendente, maquillista, instructor de gimnasio, cocinera, administradores y animadores.

Personal del departamento de Derechos Humanos explicó a los asistentes cuáles son sus derechos laborales y humanos dentro de la empresa, donde se les aclaró que las únicas autoridades facultadas para verificar su situación migratoria es el Instituto Nacional de Migración (INM).

También se les explicó la forma de operar de los tratantes, quienes enganchan o reclutan a sus víctimas bajo el engaño de un trabajo bien remunerado fuera o dentro del país, y luego terminan obligándolas a prostituirse bajo amenazas de muerte o presiones psicológicas.

“El tratante recluta a las víctimas de forma directa o indirecta, mediante anuncios con medios impresos o por contactos por Internet; y una vez convencida la víctima, la trasladan a otro lugar de destino donde será explotada en forma abierta o clandestina; si es de una ciudad a otra dentro del mismo país se le conoce como traslado interno, pero si se cruza de una frontera a otra es externa, con o sin pasaporte, visas y documentos”, explicó el Ministerio Público de la Fiscalía, Roger Antonio Mina Rincón.

Aclaró que la mayoría de las víctimas de este flagelo que provienen de Honduras, Guatemala y El Salvador son explotadas laboralmente en fábricas, maquiladoras, zonas agrícolas, minas, construcciones, pesca, mendicidad, trabajo doméstico y vientres de alquiler.

En lo sexual sufre explotación en la prostitución forzada, pornografía, pedofilia, turismo sexual, agencias matrimoniales y embarazos forzados; en las falsas adopciones se da la venta de niños para la mendicidad y tráfico de órganos.

Explicó que algunas personas padecen el síndrome de Estocolmo, lo que quiere decir que pasan de ser víctimas a victimarias.

Durante el curso que inició a las 10:00 de la mañana y concluyó a la 1:00 PM, con la participación de unas 30 personas, también se les explica parte de la Ley de Trata de Personas y la responsabilidad que tendrían todos si se llegara a encontrar a una menor laborando en esos establecimientos.

“Si hay una menor trabajando en el bar y no lo denuncian, todos tienen responsabilidades por omisión, pero el encargado o dueño es el responsable”, advierte.

Se les advirtió principalmente a los encargados de la vigilancia en la entrada del bar, que si permiten el ingreso de un menor de edad a este tipo de negocios estarían incurriendo en el delito de corrupción de menores.

Colaborarán

Los empresarios integrantes de la Asociación de Establecimientos de Entretenimiento de Tapachula AC decidieron apoyar estas acciones, cansados de ser extorsionados por diversas autoridades locales y estatales tan solo por tener negocios catalogados como “giros rojos” y proteger sus empresas del crimen organizado, que bajo amenazas ha querido obligarlos a realizar actividades ilícitas.

“Estamos colaborando con el gobierno también en el aspecto de seguridad para proteger nuestro patrimonio. Diversas corporaciones federales, estatales y municipales realizan operativos en nuestros negocios para detectar armas, droga o personas víctimas de trata, y eso le da confianza a las personas que llegan a divertirse”, refiere Antonio Armas, del comité de vigilancia de la asociación y propietario del centro nocturno El Marinero.

Entrevistado por El Heraldo, Armas dijo que uno de los objetivos como empresas es profesionalizar al personal desde bailarinas, meseros, el vigilante, el barman, al intendente y cocinera, dignificar la labor que desempeñan otorgándoles salarios justos y horarios de trabajos de acuerdo a lo establecidos por la ley, además de colaborar con acciones altruistas.

Autoridades atentas

Armas dijo que se acercaron a las autoridades para buscar asesoría y saber si estaban cometiendo alguna irregularidad en el funcionamiento y los derechos laborales del personal, que en su mayoría son extranjeros que se encuentran de manera irregular en el país, además de ayudar con algunas acciones altruista a la sociedad.

Por su parte, la secretaria de la Asociación de Establecimientos de Entretenimientos de Tapachula, Marisela Guerra de los Santos, propietaria del cabaret Las Morenitas, señaló que ven con buenos ojos que el gobierno de Chiapas esté dignificando al migrante centroamericano, que hace muchos años era objeto de maltrato, facilitándole documentos a sus hijos nacidos en Chiapas, además de abrirle las puertas a la educación sin importar su estatus legal.

“Esta es una zona fronteriza donde no podemos evitar el paso de migrantes que van en busca del sueño americano, pero muchos de ellos se quedan porque encuentran un buen trabajo y no hacen daño a nadie”, aseveró Guerra de los Santos.

Refirió que muchos hondureños se vienen aventurando a lo que sea, y son personas que en muchas de las ocasiones no tienen estudios y esos negocios los acogen y les dan un trabajo digno como cualquier otro. “Este tipo de empresas son fuentes de trabajo tanto de mexicanos como de extranjeros”, refiere la mujer.

Asociaciones

Guerra de los Santos señala que para ser parte de la asociación es necesario que los negocios se encuentren en regla con la documentación, trabajar en los “giros” a los que permite la autoridad y el compromiso de no contratar y prohibir el ingreso a los negocios de menores de edad, así como apoyar a las autoridades en el combate y erradicación de la trata de personas.

Asegura que muchas mujeres, en su mayoría hondureñas, así como hombres, acuden a solicitar empleo, y los principales requisitos son una identificación oficial de su país, acudir a revisiones sanitarias para llevar un control de su estado físico y cursos de derechos humanos, derechos laborales, contra la trata de personas, corrupción de menores y enfermedades de transmisión sexual, así como pláticas psicológicas.
Guerra de los Santos indicó que el mayor temor de las mujeres es ser detenidas por migración, debido a que las encierran por varios días, mientras son deportadas a su país de origen, y no las dejan ver a sus hijos, en algunos casos niños con pocos meses de nacidos.

 

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