El trabajo sexual en Argentina no es delito. Pero la falta de regulación genera un vacío normativo que permite la vulneración de derechos: el 90 por ciento de las trabajadoras sexuales en la calle sufrieron violencia policial el año pasado y un 80 por ciento fueron detenidas o demoradas arbitrariamente, maltratadas y hostigadas.
Los datos pertenecen al Informe Nacional de la situación de Derechos Humanos de las mujeres trabajadoras sexuales en Argentina, realizado por la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR) en el marco de un estudio de la Red de Trabajadoras Sexuales de América Latina y el Caribe en 13 países de América Latina y el Caribe.
Durante tres meses, las representantes de AMMAR visitaron los departamentos privados, los bares, boliches y las calles, principalmente en los barrios porteños de Once, Constitución y Flores, y entrevistaron a 363 trabajadoras sexuales. Estos son los resultados:
1. Hostigamiento policial
El 80 por ciento de las trabajadoras encuestadas contó que fueron detenidas durante 2016. Todas fueron detenciones arbitrarias que no se tradujeron en causas penales. La persecución tienen un doble objetivo: dificultar el trabajo en la calle y engordar las estadísticas policiales.
“Los datos del Ministerio Público Fiscal indican que la mayor cantidad de actas que labran son el en barrio de Constitución: eso tiene que ver con que cada vez que la Policía necesita hacer número (aumentar las estadísticas) siempre recaen sobre los sectores más vulnerables, las compañeras trans, migrantes, trabajadoras sexuales cis, los trapitos, vendedores ambulantes y manteros”, dijo a Cosecha Roja Georgina Orellano, secretaria General de Ammar.
2. Los códigos contravencionales como herramienta de hostigamiento
El 35 por ciento de las trabajadoras fueron requisadas durante los procedimientos a pesar de que el único motivo de la demora fue que estaban paradas en una esquina. La mitad de las detenciones fueron por averiguación de antecedentes y estuvieron en la comisaría entre 12 y 48 horas.
“Los códigos contravencionales sirven de herramienta a las fuerzas de seguridad para realizar acciones de demoras extendidas, con pérdidas de horas de trabajo”, explica el informe.
3. Malos tratos a trabajadoras trans y migrantes
El 54 por ciento de las encuestadas dijo que el trato recibido por la Policía fue malo. Las fuerzas de seguridad ponen el foco del hostigamiento fundamentalmente en las trabajadoras trans y migrantes.
A las chicas trans las insultan, las maltratan y no respetan su identidad de género, a pesar de que la ley los obliga a hacerlo. “Incluso las requisas las realiza personal masculino”, explicó Orellano. La requisa en sí misma también es una forma de violencia: les introducen la mano con guante o las desvisten en la calle para ver si esconden drogas.
Las trabajadoras migrantes, que representan el 41 por ciento de las encuestadas, denunciaron que son perseguidas y acosadas con insultos racistas y xenófobos y bajo amenaza de expulsarlas del país.
A las mujeres cis las tratan de “putas” de modo despectivo. “El accionar policial carga con un fuerte discurso racista, transfobo, xenófobo que destila mayor estigma en nuestras compañeras”, dijo Orellano.
4. Coimas
El 60 por ciento de las trabajadoras sexuales fueron amenazadas y a más de la mitad les exigieron coimas para no llevarlas detenidas o labrarles un acta contravencional.
5. Sin estudios
El 60 por ciento de las trabajadoras sexuales no tiene el secundario completo y el 33 por ciento ni siquiera terminó la primaria. Esto determina una mayor situación de vulnerabilidad y una mayor exposición a abusos de derechos por parte de los policías, quienes les suelen labrar actas que no les son leídas y ellas son obligadas a firmar sin saber de qué se tratan.
6. La Putyseñal
Ammar creó dos herramientas para contrarrestar la violencia institucional hacia las trabajadoras sexuales. La Putyseñal es una aplicación para teléfonos celulares abierta al público en general que incluye manuales de procedimiento ante situaciones de acoso y violencia y un botón de alerta a abogados. La otra herramienta es la Línea Roja, un teléfono gratuito para denunciar situaciones de violencia policial.
7. Las trabajadoras sexuales en Latinoamérica
Las estadísticas a nivel regional demuestran que el hostigamiento policial a las trabajadoras sexuales se extiende a lo largo de América Latina y el Caribe.
– Más del 70 por ciento de las encuestadas sufrió violencia policial durante 2016.
– El 65 por ciento sufrió amenazas.
– Al 18 por ciento de las trabajadoras las amenazaron con un arma y les iniciaron causas sin pruebas o con pruebas fraguadas.
– El 39 por ciento fue manoseada y el 26 tuvo relaciones sexuales con algún integrante de la fuerza por miedo.
– Al 35 por ciento le exigieron coimas.
Foto: Gentileza AMMAR
