IJóvenes: desigualdad, adicciones y los pibes del conurbano

Agustina Sulleiro – Cosecha Roja.-

Analía tiene 39 años y vive desde los 6 en San Petesburgo, en La Matanza. El barrio está poblado por niños que heredaron las disputas territoriales de sus padres. Los que viven en las casas de adelante enfrentados con los del medio y los de atrás. “Este año murieron seis pibes de entre 12 y 13 años. ¿Se les puede brindar algo distinto a estos chicos?”, se preguntó Analía. Ella forma parte de un grupo se reúne en la capilla del padre Bachi y recorre el barrio para acercarse a los adolescentes: “Ellos saben que estamos, entonces se pegan una vueltita” por la iglesia, dijo. Todos juntos construyeron una plaza en un predio que antes se usaba para desarmar autos robados. “Esos mismos chicos que viven una realidad con un alto grado de violencia fueron los que agarraron palas y carretillas y nos ayudaron a limpiar el lugar. Hoy tienen una canchita y una plaza para jugar”, contó.

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“Paco acá no hay”. En eso coinciden los habitantes de Garrote, una villa habitada por 800 familias y ubicada a la vera del río Luján, en el centro de Tigre. Los transas del barrio venden marihuana, cocaína y pastillas, pero la pasta base fue el límite que les pusieron quienes viven ahí. Uno de ellos contó cómo lo consiguieron: “Hace dos años supimos que se vendían paco. Entonces fuimos con una barra de amigos a preguntarles a los vendedores, hasta que llegamos a un carrero que lo traía de San Fernando. Lo apretamos, le dijimos ‘dejá de vender porque sino te sacamos a toda tu gente y te quemamos la casa’. El tipo se asustó y se fue”.

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Estas son algunas de las historias que se escucharon en la jornada de reflexión “Violencia y adicciones: su perspectiva desde la inclusión social” que organizó el Instituto de Investigación sobre Jóvenes, Violencia y Adicciones (IJóvenes) -creado hace un año por la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires-. El secretario ejecutivo, Alfredo Fernández, explicó que buscan “rescatar las historias de vida que se desarrollan en los territorios para pensar los problemas cotidianos de las personas y, a partir de ahí, captar la amplitud de las problemáticas”.

El Instituto trabaja en los territorios en conjunto con las organizaciones sociales y los dispositivos estatales: “Uno de nuestros desafíos es hacer visible la tarea de los que le ponen el cuerpo en los barrios”, dijo Fernández.

Cristian Alarcón, periodista, escritor y coordinador de uno de los equipos de investigación de IJóvenes, coincidió: “Buscamos tomarle el pulso a los territorios de distintos lugares del conurbano bonaerense, con una mirada consciente del paso del tiempo y de la acumulación de saberes que hemos hecho todos: los jóvenes, las familias y las instituciones”.

A partir del trabajo realizado en diversos barrios, Alarcón explicó que uno de los conceptos emergentes es el de la desigualdad: “Al mismo tiempo que nos preguntamos por qué se drogan los pibes, nos encontramos con la dimensión de la desigualdad. Uno puede pensar que esto significa el country y la villa separados por un muro, pero también aparece con fuerza una microfragmentación territorial entre pobres y más pobres: el de la casa de material contra el de la casa de chapa; el que está más cerca del arroyo contra el que está más lejos; el que tiene laburo o consiguió un plan social contra el que no”. La distribución de recursos opera para beneficiar pero “también profundiza esas microdesigualdades que, cuando se cruzan con consumos problemáticos de sustancias, resultan muchas veces en escenas de violencia”, concluyó Alarcón.

Para reducir la distancia entre la investigación social y la elaboración de políticas públicas, el Instituto apunta a repensar el rol del Estado cuando aborda este tipo de problemáticas. Carlos “Charly” Olivero, cura de la villa 21-24, explicó que las instituciones brindan respuestas específicas: “El pibe que está tirado en la calle consumiendo paco tiene que encarar no sólo el problema de su consumo, sino también el de su falta de vivienda. Y tal vez ese mismo pibe no tiene documentos, padece tuberculosis o tiene una causa penal pendiente. Pero las instituciones miran específicamente: el hospital trata la tuberculosis; la SEDRONAR, el consumo; el defensor oficial, la causa penal; el RENAPER, el documento”. Para el Padre “Charly” se necesitan, entonces, dispositivos inespecíficos que abarquen a todas las personas y en sus múltiples dimensiones, que acompañen a los jóvenes teniendo en cuenta la complejidad del tejido social y comunitario en el que viven.

El secretario de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires, Pablo Navarro, coincidió con Olivero: “Las áreas específicas no alcanzan. Tenemos que seguir militando por espacios interministeriales”. El funcionario pidió “interpelar con fuerza a la política a partir de un diagnóstico que entienda a los jóvenes como sujetos de derechos para fomentar su empoderamiento”.

La directora del Hospital Nacional en Red (ex CENARESO), Edith Benedetti, afirmó que no se puede recortar la salud de lo social: “Debemos abordar la complejidad de la singularidad en lo social, tenemos que pensar que es una problemática que nos abarca a todos”. A partir de esta perspectiva, el Hospital se transforma en una institución de referencia nacional para la aplicación de las leyes de Salud Mental y de Derechos del Paciente. “Entendemos que la estrategia tiene que ser de reducción de riesgos y daños, por lo tanto estructuramos una serie de dispositivos con intervención desde esta lógica”, dijo Benedetti.

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“El pibe de 20 años tenía sólo cinco en 2000, y lo más probable es que haya visto a su padre sin trabajo, a su barrio desmantelado y a su escuela convertida en un comedor”, dijo Alfredo Carballeda, trabajador social UBA/FLACSO. Frente a la fragmentación de los lazos sociales que dejó el neoliberalismo, la tarea es reconstruir espacios de sociabilidad desde una perspectiva amplia y comunitaria. Por eso, si se busca promover el despliegue de historias alternativas, primero hay que deconstruir las representaciones que asocian juventud con adicción y violencia: “Pensamos en un adicto-delincuente que tiene que ser encerrado, no en un pibe que se tomó un éxtasis en una Creamfields”, dijo Carballeda.

Para Ana Arias, doctora en Ciencias Sociales de la UBA, la mayor inclusión a través de programas sociales trajo una transformación de los reclamos, que pasaron de ser del orden asistencial a constituirse en demandas de intervención en la complejidad: “Las nuevas formas de acceso a consumos implica nuevas demandas. Frente a situaciones complejas, como conflictos vinculares o familiares, violencias en las comunidades o consumos problemáticos de sustancias, se necesita un nuevo tipo de acompañamiento. Ése es el desafío”.

En la reunión también estuvieron la vicepresidenta de IJóvenes, Nancy Monzón, y el director territorial, Ignacio O´Donnell; el dirigente de la Juventud Sindical de la CGT Hernán Escudero; el presidente de la comisión de Salud Pública de la Cámara de Diputados de la Provincia, Juan de Jesús; y referentes de la Campaña de Prevención de la Red de Intervenciones.