(De izquierda a derecha: el secretario de Seguridad Martín Ocampo, el jefe de gobierno Rodríguez Larreta y el subjefe de la Policía de la Ciudad, Carlos Arturo Kevorkian)
Fernando Blanco murió el 29 de junio de 2005 por las hemorragias internas que le provocaron los golpes de la policía que había recibido dos días antes, durante la represión a la salida de un partido de fútbol. El jefe del operativo fue Carlos Arturo Kevorkian, el mismo policía que trece años y medio después estuvo al frente de la represión en el Congreso durante la manifestación contra la reforma previsional. Kevorkian, un policía cercano a Jorge el “Fino” Palacios e integrante de la cúpula de la Metropolitana, podría convertirse en el nuevo jefe de la Policía de la Ciudad. Desde la Liga por los Derechos del Hombre impugnaron su designación y exigen que se realicen audiencias públicas para debatir el nombramiento de los nuevos jefes.
Después de egresar de la Escuela de Cadetes en 1970 Kevorkian entró en la Policía Federal, donde hizo carrera durante 47 años. Arrancó como ayudante de comisarías, pasó por las delegaciones de Catamarca y Santa Fe y las divisiones de Automotor y Delitos contra las personas.
En 2005, mientras se desempeñaba como jefe de la Circunscripción IV estuvo al frente del operativo policial en la última fecha del torneo de fútbol entre Defensores de Belgrano y Chacarita en el estadio de Huracán. Aquella tarde Defensores descendió a la Primera B Metropolitana. Después de tener a los hinchas más de 40 minutos en el estadio abrieron las puertas y los hicieron salir por un cordón angosto mientras les pegaban palazos y golpes con manoplas. A Fernando Blanco lo golpearon y lo cargaron malherido en un patrullero. Dos días después murió en el hospital.
Algunos testigos contaron que el jefe del operativo arengaba a sus subalternos para pegarle a los hinchas. En un video que fue incorporado al expediente por la muerte de Blanco se lo ve a Kevorkian vestido de civil amenazando a los hinchas.
—Te hago cagar a palos, ¿cuál es el problema? —le dice a uno.
Kevorkian quedó involucrado en el sumario administrativo que abrió la Federal para investigar la represión pero nunca fue imputado en la causa penal. Cuatro años después de aquella tarde el policía pidió el pase a retiro en la Federal y se sumó a las filas de la flamante Policía Metropolitana, donde llegó a estar al frente de la coordinación general de la fuerza.
“Fue uno de los responsables del proceso que implementó el macrismo para convertir esa fuerza pensada en sus orígenes como de ‘cercanía’ en una fuerza de choque del PRO, vinculada a la represión y las escuchas ilegales”, anticiparon a Cosecha Roja desde el bloque de Unidad Ciudadana de la Legislatura porteña, quienes impugnarán la candidatura de Kevorkian.
En 2017, cuando nació la Policía de la Ciudad a partir de la fusión de la Metropolitana y parte de la Federal, Kevorkian fue designado sub jefe de la nueva fuerza. A los pocos meses de asumir se convirtió en el policía con más alto rango. El jefe José Potocar fue detenido y desplazado del cargo acusado de liderar una organización que cobraba coimas a comerciantes para brindarles seguridad exclusiva.
Como subjefe Kevorkian coordinó, junto con el secretario de Seguridad Marcelo D’Alessandro y el jefe de Operaciones Gabriel Oscar Berard (propuesto por el gobierno para reemplazar a Kevorkian), el operativo de seguridad del 18 de diciembre en el Congreso.
El gobierno nacional había ordenado que la Policía de la Ciudad se hiciera cargo del operativo durante la segunda manifestación contra la reforma previsional después de la represión de Gendarmería en la que hubo decenas de heridos, entre ellos diputados nacionales y trabajadores de prensa.
El 18 de diciembre la Policía de la Ciudad extendió el vallado a más de 100 metros del Palacio Legislativo. Durante varias horas la policía logró contener a los manifestantes sin necesidad de reprimir, hasta que el oficialismo logró dar inicio a la sesión en Diputados. En ese momento la policía avanzó contra los manifestantes. Abrieron el vallado y la brigada motorizada salió de cacería.
En los alrededores del Congreso detuvieron a más de 40 personas: entre ellos varios periodistas y personas que ni siquiera habían participado de la movilización. En el operativo trabajaron policías de civil, algo expresamente prohibido en el artículo 100 de la ley de Seguridad Pública de la Ciudad. También dispararon balas de goma al cuerpo y lanzaron gases a la cara de jubilados.
Un mes después de la represión, a los 66 años, el jefe del operativo fue propuesto para ocupar la Jefatura de Policía. El 29 de diciembre de 2017 el gobierno de la Ciudad hizo pública la propuesta en el Boletín Oficial el comunicado E.E N.° 30016627/MGEYA/DGALS/1, que lleva la firma del jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta.
Según la ley 5688/16 de Seguridad Pública de la Ciudad, el gobierno debe publicar los antecedentes de los postulantes durante diez días hábiles. Después, las organizaciones de la sociedad civil tienen otros diez días para presentar observaciones.
El gobierno informó los cargos por los que pasó Kevorkian durante su carrera en la Policía Federal, en la Metropolitana y después en la de la Ciudad sin detallar los años en los que se desempeñó en cada puesto. “Es imposible saber en qué período estuvo en cada lugar. Sabemos que entró a la Federal durante la dictadura de Onganía, estuvo en el período del ‘74 al ‘76, donde la Federal jugó un papel rector en la creación de la Triple A, y durante la última dictadura cívico militar. Pero no sabemos qué hacía en cada momento”, explicó a Cosecha Roja José Schulman, presidente de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH).
La LADH presentó ayer la impugnación a la designación de Kevorkian por la omisión de información en la presentación de antecedentes y por su rol en el crimen del hincha de Defensores de Belgrano y en la represión en el Congreso. La impugnación también alcanza al posible reemplazante como sub jefe de la Policía, Gabriel Oscar Berard.
“Los antecedentes y la trayectoria de Kevorkian son contradictorios con el espíritu de la Ley de Seguridad Pública”, explicaron desde el bloque de Unidad Ciudadana. Y agregaron: “La trayectoria lo ubica en las antípodas de lo que se necesita para conducir una fuerza de cercanía, prevención y focalizada en la persecución del delito”.
El plazo para impugnar las designaciones vence el viernes 26 de enero. Después el jefe de gobierno tiene la facultad de definir si da marcha atrás o sostiene el nombramiento. “Es importante que a partir de las impugnaciones se logre convocar a una audiencia o debate público -explicó Schulman- si no cuál es el sentido de transparencia de la ley”.
