Julia Muriel Dominzain – Cosecha Roja.-
Uruguay, siglo veintiuno, dos mil catorce. El tipo se levanta, desayuna, se cambia el pijama por un jogging, se calza las chancletas, va a la farmacia de la esquina, saca número, espera y se acerca al mostrador: “dame 40 gramos de marihuana”, pide. Porque puede.
El presidente y el secretario de la Junta Nacional de Drogas (JND), Diego Cánepa y Julio Calzada, presentaron en público los detalles prácticos de la norma que legalizó el cultivo y la compraventa de marihuana. La reglamentación tiene 104 artículos y establece la creación de un Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA), que va a regular el mercado de la marihuana, otorgando licencias y controlando el cultivo de la planta.
El hombre que se levanta a la mañana y va a la farmacia de la esquina a comprar porro ya no es un delincuente ni un narcotraficante ni un criminal. Está usando una de las tres opciones que desde el martes quedarán habilitadas para todos los uruguayos mayores de 18 años que se registren ante el IRCCA.Las otras alternativas son el autocultivo individual de hasta 6 plantas o el colectivo -en forma de clubes- de hasta 99.
El objetivo es hacerle jaque al narcotráfico. También se busca dejar de criminalizar al usuario para encarar la problemática desde la salud pública. Es el primer país de la región que legaliza la producción, distribución y comercialización de cannabis y el primero en el mundo en el que será el propio Estado el que se ocupe de regular la industria.
El decreto es el resultado de 60 reuniones, el trabajo de 50 especialistas y la colaboración de los ministerios de Salud Pública, Economía, Educación y Cultura, Relaciones Exteriores, Ganadería y Agricultura, y Trabajo.
Para el autocultivo habrá que estar registrados y la información quedará protegida como dato sensible. El registro es por única vez, las licencias duran 3 años y pueden ser renovadas. No se va a poder tener más de 6 plantas por casa: sin importar cuántos vivan, el domicilio tiene que constar en la licencia y ser para consumo personal. Los clubes tampoco pueden vender -solamente producir para los entre 15 y 45 miembros que los componen- y deben conformarse como una Asociación Civil.
Las licencias para la producción de marihuana que se va a vender en las farmacias también las va a entregar el IRCCA y serán -como máximo- seis. Se va a plantar en tierras estatales -todavía no develaron dónde- pero tercerizando la producción. Les van a fiscalizar la calidad, el tipo de planta, que el porcentaje de THC sea del 15 por ciento y también cuidarán de cerca que no haya lavado de dinero. Se calcula que las primeras tandas estarían listas en diciembre y que con 10 hectáreas se cubrirá el volumen de lo que precisa el país.
El Secretario General de la Junta Nacional de Drogas y futuro titular del IRCCA, Julio Calzada Mazzei, dijo a Cosecha Roja: “Los 150 mil uruguayos que fuman marihuana al menos una vez al año representan el 90 por ciento del total de usuarios de drogas”.
Milagros es una de ellos. Vive en el barrio montevideano Cerrito de la Victoria y ama el cannabis porque la ayudó a dejar la pasta base. A fumar la flor le dice “degustar”. A su jardín de marihuana lo apoda “Amazonia chulesca”: lo quiere, lo riega, le saca fotos, lo muestra en Facebook. Nació en una familia evangélica de Young, una ciudad del interior uruguayo, donde le decían a todo que no por las dudas. Y huyó. La prohibición fue su puerta de entrada a las drogas. La pasta base fue su exilio. La marihuana, su salida de emergencia.
“Había un vacío legal y se vulneraba el derecho de los usuarios de drogas”, contó a Cosecha Roja Sebastián Sabini, uno de los redactores de la ley y diputado por el Movimiento de Participación Popular del Frente Amplio. Antes de la ley, si un juez quería, podía acusar a Milagros de traficante por comprar o podía mandarle una orden de allanamiento a su jardín. El derecho a consumir figuraba en el decreto 14.127 y estaba reforzado por la garantía constitucional que elimina las narices de la justicia de todas las acciones privadas que no afecten a otros. Pero para ejercerlo había que cometer un delito. A partir de ahora, Milagros no es más una delincuente y se protege a todos de “los riesgos que implica el vínculo con el comercio ilegal”.
“Se incorpora una herramienta económica, no penal”, explicó Calzada. El precio no lo regula el mercado: lo determina el Estado como hace con la leche o la nafta. Para arrancar, va a costar el equivalente a entre 7 y 10 pesos argentinos el gramo. Pero ese valor irá cambiando para que siempre sea más barato que el mercado ilegal. Los menores van a seguir sin poder consumir, va a estar prohibido manejar fumado y fumar en espacios cerrados. No va haber marcas ni publicidad para que el asunto esté libre de apología, de tongo, de vivos y de lucro.
El prohibicionismo, el perseguir al consumidor y el intento de combatir la violencia con más violencia son estrategias de un paradigma que ya fue. La “guerra contra las drogas” no funcionó. Eso concluyeron los líderes de Latinoamérica en la VI Cumbre de las Américas en Cartagena de 2012. Y Uruguay es el primero en cantar el basta para mí basta para todos. ¿Qué rompimos los del tercer mundo que pagamos tan caro? “Somos los países del Sur quienes debemos plantear el cambio porque tenemos a las redes controlando los barrios y circulando las drogas hacia el mundo desarrollado”, analizó Sabini.
Milagros llegó a Montevideo con 15 años, trabajó, novió y parió. A los 25 tuvo que velar al papá de su primer hijo, consumidor y portador de HIV. “En ese momento sentí que se iba todo a pique, me agarró salado bajón y me pasé quince días en la rosca de la pasta”, cuenta a Cosecha Roja. Aquel fue su último atracón. Dice que, de pronto, vio una lucecita que le encandiló el cerebro, que tuvo un rescate, que decidió parar. Eso pasó el “quincedenoviembrededosmildiez” y lo repite como un mantra porque fue el día de nunca más.
Durante la abstinencia la doblaban los retorcijones de panza, tenía el carácter irreconocible y caminaba de un lado al otro buscando ni ella sabe qué. Sólo fumar marihuana la calmaba. Eso, en Uruguay, el Congo o Honolulu se llama “reducción de daños”.
Gallero es el apellido que a Milagros no le interesa ocultar: “Ponelo, ponelo completo porque los usuarios tenemos que mostrarnos”, dice, convence. Es parte de la Red de Usuarios de Drogas y Cultivadores de Cannabis, una de las tantas organizaciones sociales que militaron la ley. En Uruguay hace rato que se planta en las casas y los clubes cannábicos ya son un hecho. La reglamentación les da 180 días para regularizar su situación. “La idea es que el club comunitario sea una instancia de encuentro de autocultivadores no encarado desde el punto de vista empresarial”, contó Calzada. Y aunque el Estado sacará más adelante normas para el uso medicinal, las organizaciones ya están experimentando con cannabis como terapia para enfermos de cáncer, HIV y adictos. La Red, por ejemplo, recorre las zonas más críticas de Montevideo con un mensaje claro: si vas a consumir, informate.
Milagros se define policonsumidora, artesana y malabarista pero sus amigos prefieren catalogarla como “una crá”, o sea una crack, o sea una piba que se carga el equipo al hombro, que patea, que mete gol. Tiene gestos que le creés: le creés cuando saluda, cuando sonríe, le creés cuando reclama que se regulen todas las drogas y cuando habla de terminar con el estigma. Así, tan creyéndole, podés ver que se le corroe cada músculo de la cara cuando habla de sus amigos que están en cana, muertos o arruinados. En ese momento cuando parece que una buena puteada sería el único sonido posible para este acorde de mierda, Milagros baja la cabeza, entrecierra los ojos y dice:
– Me duele ser consciente.
En Uruguay no hay carteles y el control de territorio es incipiente pero las disputas del mercado ilegal se arreglan como en todas partes: a las balas. “El 30 por ciento de los presos y uno de cada tres homicidios están vinculados al tráfico de drogas”, graficó el diputado. Calzada se preguntó en voz alta cómo puede ser que si durante el gobierno del Frente Amplio la pobreza cayó del 40 al 12 por ciento, la tasa de criminalidad haya aumentado de 5 a 7 cada cien mil habitantes. Y se respondió en voz más alta todavía: “Narcotráfico”. Según la JND, en 2013 hubo 82 muertos por ajustes de cuentas, sicariato y disputas de territorio. Y ni un muerto por consumo de marihuana.
Martín Collazo, integrante de Proderechos –otra de las organizaciones que trabajaron por la ley- aseguró a Cosecha Roja: “El narcotráfico es un problema de salud pública: es inaceptable que el mercado de sustancias psicoactivas esté en manos de los mismos que, movilizados por el lucro, están dispuestos a desarrollar la pasta base”. La nueva ley tendrá un fondo específico para campañas informativas para minimizar riesgos y atacar las “devastadoras consecuencias sanitarias, sociales y económicas del uso problemático de drogas”. Habrá concientización, tratamiento, rehabilitación y reinserción social. Es decir: prevenir y curar.
Fotos: Camila Chaia
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