La esperada declaración de los acusados se postergó para el 11 de julio. El comodoro Hugo Schaub, director de Inteligencia, respondió decenas de preguntas para intentar desentrañar cuáles eran las tareas de aquel momento en el sector y qué información revela el legajo del agente civil de inteligencia Francisco Gómez, apropiador del hijo de las víctimas.

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Después de escuchar a la mayor parte de los testigos acerca del funcionamiento de la Regional de Inteligencia de Buenos Aires, los acusados – Omar Graffigna, Luis Trillo y Francisco Gómez- habían dicho que querían hablar. Había expectativa: dos de ellos iban a declarar ayer ante el  Tribunal Oral en lo Criminal Federal 5 de San Martín. Pero después de que el único testigo citado para esa audiencia y último de este juicio -el director general de Inteligencia, comodoro Hugo Schaub-, se sentara frente al tribunal, los defensores pidieron posponer la declaración para “prepararla con más tiempo”.

– ¿No tuvo tiempo, doctor?- preguntó el presidente del tribunal, Alfredo Ruiz Paz al primero de los defensores que planteó el tema.

Casi 38 años pasaron desde que se perpetraron los delitos por los que se acusa a los aeronáuticos Graffigna (entonces brigadier mayor de la Fuerza Aérea), Trillo (en aquel momento, mayor) y Gómez (agente civil de inteligencia): la privación de la libertad y el cautiverio de Patricia Roisinblit y José Manuel Pérez Rojo, secuestrados el 6 de octubre de 1978 y llevados a una casona de Morón donde estuvieron cautivos y fueron desaparecidos.  

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“En estado calamitoso”

El 27 de junio el tribunal realizó una inspección ocular a este enclave de represión en la zona Oeste. Sólo tuvieron acceso las partes, los testigos que también estuvieron cautivos allí -María del Carmen Ramallo y Jorge Calefa-, y Gonzalo Conte, arquitecto e integrante de Memoria Abierta. No se permitió que periodistas ni público participaran del recorrido. “No me dejó de sorprender el estado calamitoso del lugar, donde a pesar de que se anunció que se convertiría en un sitio de memoria, hace años que no se realizan tareas de mantenimiento”, dijo Mariana Eva Perez, la hija de las víctimas que fue secuestrada con ellas cuando era una beba. Su hermano, Guillermo Perez Roinsiblit, había estado ahí muchos años atrás acompañando al apropiador y fue repasando en la recorrida lo que ya había contado al tribunal acerca de la disposición espacial. “No estaban más los cuadritos del casino que describí, pero quedaban las marcas de los clavos en la pared”, dijo Guillermo.

¿Qué hacía el personal de Inteligencia en 1978?

El director general de Inteligencia (en el cargo desde febrero de este año), comodoro Hugo Schaub -53 años, bigote grueso, uniforme reglamentario de la Fuerza Aérea: chaqueta con el escudo y pantalones azules, zapatos acordonados y lustrosos- ocupó la silla donde desde mayo se sentaron los más de 20 testigos que declararon en este juicio. Lo pidió la querella de Abuelas de Plaza de Mayo en relación a un informe.

En febrero, el tribunal requirió al ministerio de Defensa una serie de documentos de la Fuerza Aérea, entre ellos, legajos, memoria anual de 1976, informes de actuación de Inteligencia, resoluciones y directivas. También formuló preguntas. Por ejemplo, ¿entre 1977 y 1980 el plus por “actividad riesgosa” en la RIBA se pagaba en general, tanto al personal de contaduría como de maestranza? ¿por qué? ¿desde qué fecha se pagó ese plus por “actividad riesgosa” a Francisco Gómez y por qué?

La respuesta a ese requerimiento firmada por Schaub informa que en relación “al agente civil Gómez, el suplemento se abonó a partir de noviembre de 1977”. Ayer, las partes apuntaron a esclarecer esas preguntas y a cómo Schaub elaboró la respuesta para comprender el legajo de Gómez. Los papeles dicen que cobraba por realizar tareas riesgosas y trabajos extraordinarios. El acusado suele repetir que sus labores eran apenas de maestranza, como ocuparse del jardín, cuando se sospecha que pudo haber sido una de las personas que custodió al matrimonio de desaparecidos.

Si bien Schaub egresó de la escuela de aviación militar en diciembre de 1984 y fue destinado al área de Inteligencia en 1991, Schaub describió algunas generalidades acerca del funcionamiento del área. Contó que cualquier persona civil que realizara tareas de inteligencia, estaba amparado por una ley secreta, derogada y modificada en 2006.

Estas fueron algunas de las preguntas que le formularon las querellas y los integrantes del tribunal, a las que el director de Inteligencia respondió de manera escueta.

– ¿Por qué era secreta esa ley?

– Porque el Congreso así lo sancionó en 1973.

– ¿Qué se entiende por inteligencia?

– Analizar una información y sacar una conclusión básica. Eso es inteligencia.

– ¿En qué consiste la inteligencia aérea?

– En analizar información sobre un potencial enemigo aéreo.

– ¿Cuáles eran las tareas de calle en aquel momento?

– Todas las tareas que se realizaban fuera del ámbito militar de las fuerzas armadas.  

– ¿Existe una definición técnica de “tarea riesgosa”? ¿Puede dar un ejemplo?

– Llevar documentación reservada es una tarea riesgosa, implica un riesgo: que se extravía la documentación.

– En 1977, ¿cuál sería una tarea de riesgo y de calle?

– Era público que las Fuerzas Armadas corrían riesgo per se. Cualquier integrante lo corría, incluso el chofer de una autoridad estaba expuesto a un riesgo mayor.

Schaub explicó que todos los agentes de inteligencia -cualquiera fuera la tarea que desempeñaran: custodios, maestranzas, mozos, carpinteros- tenían contratos full time y sin carga horaria definida. Podían ser convocados en cualquier momento. “Por ley, todos estaban obligados a cumplir la actuación que se les asignara, en cualquiera de los tres cuadros”, dijo. Describió: el cuadro A incluía al personal de inteligencia más profesionalizado: analistas, universitarios. El cuadro C al personal de seguridad. En el B -Gómez pertenecía a este cuadro- estaba el personal de maestranza. Según el legajo de Gómez, ingresó en 1977 y se le asignó una bonificación por actividad riesgosa. Schaub dio a entender era habitual que se cobraran esos conceptos.

“El personal de maestranza, ¿recibió instrucción de armas?”, quiso saber el fiscal Martín Niklison. El comodoro explicó: “aunque no me consta cómo se manejaban, en aquel momento prácticamente la mayoría recibía instrucción en tiro”. Y cuando los jueces María Claudia Morgese Martín y Marcelo G. Díaz Cabral le preguntaron si el personal de maestranza podía hacer guardias, respondió que sí. “Cualquier agente podía tomar un turno de guardia aunque hiciera otra cosa”.

– ¿Qué pasaba si no cumplía esa tarea?- quiso saber la jueza.

– Tienen el deber por ley de cumplir cualquier tarea que se le encargue. Tiene que haber una causa determinada y se analizan varios aspectos. En 25 años no se me dio un solo caso.

“Lo que dijo el comodoro va en sintonía con mi testimonio en cuanto a las designaciones de inteligencia para todo el personal, y también cuando dije, por ejemplo, que Gómez tenía armas y hasta el personal de maestranza recibió instrucciones de tiro”, dijo después a Cosecha Roja Guillermo Pérez Roinsiblit. Se había pedido el día en su trabajo para escuchar la declaración de su apropiador.

Fuerza Aérea: la menos conocida de la lucha “antisubversiva”

Ayer también se proyectó una declaración del brigadier mayor (R) Miguel Ángel Ossés, grabada en septiembre de 2008. El jefe del Comando de Operaciones Aéreas fue condenado en 2015 a prisión perpetua. El testimonio que se presentó fue brindado ante el Tribunal Oral Federal 5. Allí, Ossés se centró en cómo la Fuerza Aérea se hizo cargo de las tareas “antisubversivas” en la subzona 16. Esta abarcaba los partidos de Merlo, Moreno y Morón. Habló de la creación de la Fuerza de Tareas 100 para defender el territorio que se cedía a la Fuerza Aérea. “Antes de esa fuerza de tareas, sabíamos de otros organismos que cumplían su rol en ese territorio. Por informaciones de bastantes años después, creo que eran fracciones pertenecientes a la Jefatura II de Inteligencia de la Fuerza Aérea”.  

Los acusados declaran el 11 de julio

Una de las excusas esgrimidas al principio por los defensores de los acusados para postergar las declaraciones tuvo que ver con esa proyección. En un instante se habló de posponerla por un tema técnico: el formato en el cual se habían editado 20 minutos de los 45 que duraba, no era compatible con el sistema de reproducción en la sala. Cuando los defensores dijeron que entonces sus clientes postergarían la declaración hasta poder ver ese testimonio -que como se dijo, no es nuevo-, el presidente del tribunal, Alfredo J. Ruiz Paz, fue tajante: “Si no se puede ver el testimonio editado, lo veremos completo, pero hoy”. Y aunque las cuestiones técnicas se resolvieron y el testimonio se vio editado, los defensores Guillermo Javier Miari (por Graffigna y Luis Trillo) y Sergio Roberto Díaz Dallaglio, (Gómez) insistieron con que Graffigna y Gómez (ya condenado por apropiarse de Guillermo, el hijo de la pareja desaparecida) necesitaban más tiempo para preparar sus declaraciones. El presidente del tribunal los conminó a hacerlo en la próxima audiencia, el 11 de julio. “Sin peros”, dijo con tono admonitorio. Y propuso que todos declaren el mismo día, para que Trillo- el único dispuesto a hacerlo ayer- llegue a esa instancia en las mismas condiciones.

El juicio está sacando a la luz cómo fue el accionar de la RIBA. “A lo largo de este proceso, apareció información nueva. Cuando empecé con esto y me convertí en querellante, creía que ahí solo habían estado mis padres”, dijo Mariana Eva Pérez, secuestrada junto a Patricia y a José cuando era una beba. “Hoy sabemos que en esa sede que dependía de Graffigna, más allá de que funcionaran oficinas, también alojaron a otros secuestrados. Cumplía una doble función. Fue un campo de concentración, tendríamos que pensar una nueva nomenclatura para mencionar este tipo de lugares”.

A pesar de las sucesivas postergaciones que sufrió, el proceso ya entra en la recta final: los alegatos serán a partir de agosto, después de la feria judicial.

Fotos del juicio: Julia Otero / ANCCOM