Para entender el proceso judicial que enfrentan hoy María Ovando, Lucas Ferreyra y Marcos Laurindo es necesario remontarse a 2011, cuando Ovando estuvo un año y medio presa por no impedir la muerte por desnutrición de su hija Carolina, de 3 años. La nena murió en sus brazos, cuando ella la llevaba al hospital a upa, caminando por la ruta. En 2012 el Tribunal Penal N° 1 de Eldorado, Misiones, la absolvió, después de que el movimiento feminista y organizaciones de Derechos Humanos nacionalizaron su causa.
Cuando quedó absuelta, Ovando inició una causa civil contra la Justicia por daños y perjuicios por el tiempo que estuvo presa injustamente.
Arremeter contra la justicia misionera no le salió gratis: desde el 21 de septiembre de este año ese mismo tribunal la está juzgando por no impedir el abuso sexual de otra de sus hijas y de una de sus nietas. Por segunda vez, la juzgan por mala madre.
Por esa causa están imputados además, como autores del hecho, Ferreyra y Laurindo, con una prisión preventiva que ya venció y que los tiene presos hace 5 años.
El proceso judicial está plagado de tantas irregularidades que al día siguiente de la primera audiencia, el juicio se suspendió tras la inhibición del presidente del Tribunal, Atilio León, quien consideró que “la vaguedad de la acusación no le permite determinar qué debe juzgar”. Es que la fiscalía no pudo precisar los hechos ni exactamente cuándo ni dónde sucedieron.
Desde el principio de la causa, iniciada en 2015 a partir de una denuncia de la abuela paterna de las niñas, las fechas del hecho son imprecisas. Al principio, iban del 2012 al 2015. Pero a medida que avanzaba la investigación, quedó claro que en 2012 las niñas no estaban al cuidado de Ovando. Las probables fechas fueron cambiando en la instrucción hasta que en 2019 la causa se elevó a juicio por requerimiento de la fiscal de instrucción, que estableció un plazo aproximado de dos años (de 2013 a 2015) en los que habría ocurrido el abuso.
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A María Ovando la juzgan por “mala madre”
A María le volvieron a armar una causa, dice su defensa. ¿Y Ferreyra y Laurindo? Para la defensa de los dos imputados, ambos fueron “arrastrados a un proceso penal por el sólo hecho de ser conocidos de María Ovando y provenir, como ella, de hogares vulnerables y atravesados por la pobreza”.
Lucas Ferreyra, de 24 años, fue novio por un tiempo corto de la hija mayor de Ovando. Y para cuando lo detuvieron, en 2015, estaba trabajando y viviendo en Entre Ríos con una mujer. Ambos estaban esperando su primer hijx.
Marcos Laurindo, también de 24, frecuentó un tiempo a la familia de Ovando, porque era amigo de uno de los hijos de ella y trabajaban juntos en la venta callejera de ajo.
Si el hecho que les imputan sucedió entre 2013 y 2015, como figura ahora en la causa, ambos eran menores de edad y deberían haber sido juzgados bajo el Régimen Penal Juvenil. Pero eso no sucedió.
Por este dato fundamental, las vaguedades de fechas y las inconsistencias y contradicciones de la prueba es que sus abogadxs defensores presentaron pedidos de liberación de distintos tipos: excarcelaciones, habeas corpus, cese de la prisión preventiva. Pero ninguna fue tomada en cuenta.
Recién en 2017, cuando se venció la prisión preventiva, la jueza Mirta Andino consideró que no había pruebas para mantenerlos detenidos y los liberó. La fiscal de instrucción Viviana Alderice apeló la decisión por considerar que había peligro de fuga. La Cámara tardó 10 meses en resolver esa apelación, durante los cuales Ferreyra y Laurindo estuvieron libres. En ese lapso ninguno de los dos se fugó. Y cuando llegó el nuevo pedido de detención, haciendo lugar a la apelación de la fiscal, ambos se presentaron espontáneamente en la Justicia. Y volvieron a ser detenidos.
Para la defensa, la culpabilidad de Ferreyra y Laurindo no se puede constatar en ninguna foja de la causa.
A la gravedad de la arremetida judicial contra Ovando, Ferreyra y Laurindo le antecede una peor: antes de que se iniciara esta causa, hubo una denuncia previa de abuso sexual que involucra al cuñado de la abuela paterna de las niñas. Esa denuncia nunca fue investigada ni tenida en cuenta.
Cuando Ovando estuvo presa por aquella primera causa, el Estado le sacó la tenencia de sus hijas y, una vez absuelta, volvieron con ella. Cuando volvieron a imputarla, en la causa actual, sus hijas quedaron en resguardo de su abuela paterna. Pero en estos cinco años no hubo asistencia ni seguimiento psicológico para la niña víctima de abuso.
El 29 de septiembre el Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género y referentes del feminismo pidieron la recusación del fiscal Federico Rodríguez por “hostigamiento y estigmatización” hacia María Ovando. “Hoy María es víctima nuevamente de una causa armada (…) Construyeron una acusación que pretenden sostener con el testimonio de las niñas en una Cámara Gessel donde claramente se las revictimizó y se las manipuló en la búsqueda de incriminar a María”, denunciaron.
“No podrá haber juicio justo para María y para los jóvenes encarcelados con un Fiscal como el actual”, concluyeron en la petición.
En la audiencia de ayer, la defensa de Ovando pidió que se verifique qué sucedió con la denuncia de supuesto abuso que se hizo en Iguazú, en la que está implicado el cuñado de la abuela paterna de las niñas, y que nunca se investigó. El juicio continua hoy y mañana jueves serán los alegatos.
