Foto: Alejandro Sarmiento. La Palta.
Por Gabriela Cruz en La Palta
“¿Usted llega a disparar?”, preguntó la presidente del tribunal Wendy Kassar. “Creo que uno o dos tiros abajo, al piso. Creo que sí llego a disparar”, respondió el imputado Darío Amín. La mañana de la última audiencia en el juicio por el asesinato de Javier Chocobar y las heridas ocasionadas a Emilio y a Andrés Mamaní comenzó con el pedido de Amín de ampliar su declaración ante el tribunal compuesto por Kassar y los jueces Emilio Páez de la Torre y Gustavo Romagnoli. Durante casi veinte minutos, el imputado intentó mostrarse como la víctima de los hechos ocurridos el 12 de octubre de 2009. “Todas las calumnias e injurias que he recibido de la prensa, quizás yo lo podía soportar, pero es mucho más difícil explicarle a mi hijo. Nunca se dieron cuenta que tengo una madre y tengo un hijo. Salieron a hablar del asesino. Yo no soy un asesino. Yo estaba en mi casa”, sostuvo Amín. “Nunca me imaginé que el dueño de la casa esté imputado”, dijo en la sala de audiencias mientras los integrantes de la comunidad de Los Chuschagasta, que acompañan cada jornada del juicio, escuchaban.
En el requerimiento de elevación a juicio, el indicado por haber realizado los disparos contra las tres víctimas en esta causa es Luis ‘el niño’ Gómez. Sin embargo, con las pruebas producidas a lo largo del debate, la fiscal hizo un planteo por lo que se conoce como ‘hecho diverso’. “Para la fiscal está acreditado que algunos de los hechos no sucedieron de la manera en cómo se venía diciendo”, explicó Pablo Gargiulo, uno de los abogados de la querella. “La modificación que incorpora la fiscal tiene que ver con considerar que el autor material del disparo que mató a Javier Chocobar y de los otros dos que hirieron a Andrés y a Emilio Mamaní fue Darío Amín”, agregó Gargiulo.
“En el video Amín se encontraba filmando y en ese momento se puede ver que él empuña su arma, el arma que él mismo dijo que le pertenecía, de calibre 32”, sostuvo la fiscal Marta Jerez sobre el final de la audiencia. “Empuña el revólver y se ve cuando la dirige hacia el señor Chocobar”, agregó al tiempo que remarcaba: “toda esta secuencia quedó registrada”, refiriéndose al video presentado como prueba y que en la penúltima audiencia se analizó fotograma por fotograma. “El señor Amín es quien dispara esa arma y produce la herida en la pierna del señor Chocobar. Además, efectúa otros disparos y hiere a Andrés Mamaní y a Emilio Mamaní. Esto coincide con el examen del arma en el que se encuentran 6 vainas servidas y una en recámara, es decir que agotó balas”, concluyó Marta Jerez. Para la fiscal los hechos no ocurrieron como vienen planteados en el requerimiento de elevación a juicio, pero de lo que no queda dudas es que en ese enfrentamiento había una comunidad defendiendo su territorio. El territorio que la ley 26.160 ordena relevar y regularizar a nombre de las comunidades de los pueblos originarios. Pueblos que son preexistentes a la formación del Estado Nación. Pueblos que, según la Constitución y una serie de legislaciones, son los verdaderos dueños de la tierra que habitan ancestralmente.
El martes, durante la séptima audiencia, había declarado el perito en balística Rogelio Farías Sánchez que realizó los análisis en tres de las cuatro armas secuestradas. “Según las pericias esas tres armas eran operativas, estaban en condiciones de disparar, tenían restos de pólvora y, de la cantidad de cartuchos y de vainas servidas encontradas, el perito dijo que cada una de esas vainas se correspondían a las armas y determinó que con un 100% de seguridad que esas vainas servidas han sido disparadas por esas armas”, detalló Carlos Garmendia, otro de los abogados de la querella. “Tenemos 4 vainas calibre 40 realizados por el arma de Gómez, 6 vainas del revólver de Amín que corresponden a los disparos realizados por ese revólver y tenemos por lo menos 2 disparos más realizados por el arma de Valdivieso”, contabilizó Garmendia haciendo referencia a un mínimo de 13 disparos realizados contra los comuneros que se encontraba desarmados en el lugar aquel 12 de octubre. “Ellos fueron armados y tenían la intención de asesinar. A eso fueron”, dijo Audolio Chocobar, hijo de Javier, hace un par de semanas. “La actitud al disparar esta arma hasta agotar el cargador y sin control movía al dolo de muerte, en cuanto a la agresión de los comuneros, con el propósito de conseguir el resultado a cualquier precio”, aseguró la fiscal al exponer los hechos según consideró probados a lo largo de estas nueve audiencias.
“¿Usted llega a disparar?”, había preguntado la presidente del tribunal. “Creo que uno o dos tiros abajo, al piso. Creo que sí llego a disparar”, respondió Amín. Seis balas disparadas. Solo quedó una en el arma, la que estaba en la recámara. El análisis de dermotest realizado al imputado con resultado positivo. “Disparar esta arma hasta agotar el cargador y sin control”, describió la fiscal. Armas que, a pesar de la documentación presentada por los defensores de los imputados, ninguno tenía autorización de portar. “En el informe del RENAR* (Registro Nacional de Armas de la República Argentina) respecto a Amín dice que se encontraba inscripto como usuario de arma de fuego de uso civil pero luego dice ‘No posee autorización de portación de arma de fuego en ninguna de sus categorías’”, leyó la fiscal ante la sala de audiencias y señaló que en el caso de Eduardo Valdivieso se informa lo mismo, en tanto en el caso de Luis Gómez los permisos estaban vencidos a la fecha de los hechos.
“Y el propósito era recuperar sus tierras de las que él (Darío Amín) se consideraba legítimo propietario y usuario, recuperarlas a cualquier precio”, aclaró Marta Jerez. “Nosotros como comunidad vivimos en nuestro territorio, mantenemos las costumbres de nuestros padres y abuelos. Nosotros existimos desde hace muchísimos años, nuestros padres, los padres de nuestros padres, los padres de mis abuelos vivían en esos territorios”, había declarado Audolio cuando le tocó hablar como testigo. “Ellos quieren adueñarse de nuestro patrimonio. Nosotros tenemos el relevamiento, tenemos la ley que dice que somos preexistentes y esas leyes no son respetadas”.
El análisis de los fotogramas y los audios de la filmación registrada por el mismo Darío Amín echaron algunas luces durante la última semana. Los fragmentos fílmicos no solamente muestran lo ocurrido en la cantera de lajas, donde los imputados dispararon contra los miembros de la comunidad, sino que también registraron lo que sucedió unos minutos antes, un poco más arriba en el camino. “No sé qué tanto sacan fotos si en los tribunales ya nadie les da bola”, decía uno de los imputados al subir a la camioneta refiriéndose a Delfín Cata, uno de los comuneros y testigos en esta causa, que estaba con su vieja cámara fotográfica. “…en los tribunales ya nadie les da bola”, y en esa frase dicha socarronamente aparece esa impunidad de la que han gozado por casi 9 años. Esa impunidad que las comunidades de los pueblos de la Unión Diaguita esperan que termine en un proceso judicial en el que la Justicia haga su trabajo.
*Actualmente Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC)
