Juicio por Laura Iglesias: denuncian a la Bonaerense en la primera audiencia

Cosecha Roja.-

“¿Usted sabe que está obligada por ley a denunciar eso y no lo hizo?”, preguntó uno de los jueces. Evangelina, una compañera de Laura Iglesias, declaró en la primera audiencia del juicio por el crimen de la trabajadora social. Contó que la Bonaerense amenazaba a los tutelados del Patronato de Liberados para que trabajaran para la Policía, lo mismo que anotaba Laura en su cuaderno antes de ser asesinada en mayo de 2013. “Parecía una tomada de pelo que le pregunten eso, todos saben que si lo hacés después no la contás”, dijo a Cosecha Roja Lucía Makuc Iglesias, la hija de Iglesias.

Esteban Cuello es el único imputado por el crimen está acusado de “abuso sexual agravado seguido de muerte”. Tiene 23 años, antecedentes penales por delitos sexuales y no estuvo en la primera audiencia. La familia de Iglesias cree que no hay un solo responsable y denuncian que la Bonaerense, a cargo de la investigación, tuvo participación en el femicidio. “Ellos quieren cerrar el caso rápido”, dijo Lucía.

Hoy también declararon los hermanos de Laura -Manuel y Alicia- y Julia, una de las hijas de la trabajadora social. Afuera del tribunal, estudiantes, las compañeras del Patronato y militantes de Suteba apoyaron a la familia con banderas y pedidos de Justicia. Cuando terminó la audiencia, la marcha siguió. “Las asistentes del Patronato estaban a full. Las toca muy de cerca: esto es su trabajo, es su medio de vida y es su medio de muerte”, dijo Lucía. Mañana se espera que declaren los peritos de la causa. El juicio continuará hasta el jueves 11, cuando los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de Mar del Plata dicten la sentencia.

Laura Iglesias apareció muerta en la entrada de Miramar hace dos años. Era trabajadora social y la policía encontró su cuerpo atado a un arbusto a unos 200 metros del auto con el que había ido a ver a uno de sus tutelados del Patronato de Liberados. El organismo donde trabajaba la asistente social nunca reconoció que su muerte fue en horario laboral. La familia cree que no fue un caso de inseguridad por las “condiciones” en las que la encontraron. “No se abrieron nuevas líneas de investigación y los peritajes nunca se hicieron, no se tuvo en cuenta que mi mamá trabajaba en el estado y con personas que tenían conflictos con la ley penal. Nunca los citaron a declarar”, dijo Lucía.

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Laura se había mudado a Miramar junto a su hija y su nieta. Formaba parte de un grupo de trabajadoras sociales del Patronato de Liberados que cuestionaba la impronta punitiva de la institución y militaba en Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Querían lograr la inclusión social de los detenidos a los que acompañaban en el proceso de liberación. “Era una apasionada. Todo lo que tenía lo ponía en su trabajo, y lo que no tenía, también lo ponía”, contó Lucía.

El 29 de mayo de 2013, a pesar del paro, Iglesias fue a visitar sus tutelados. Viajó en su Renault 9 azul por la ruta 11. El auto se descompuso y fue a la casa de una amiga que la acercó hasta Mar del Plata. Más tarde volvió a Miramar para buscar el auto y mandarlo a arreglar. Esa fue la última vez que la vieron con vida.

Al día siguiente a las 10 de la mañana los perros de la policía encontraron el cuerpo. Estaba sentada en un descampado con la ropa puesta, con manchas de barro y ramas en el cuerpo -como si hubiera sido arrastrada- a unas treinta cuadras del centro de Miramar. El informe de los médicos forenses indicó que el asesino la había golpeado con fuerza en distintas partes del cuerpo y la había violado más de una vez. Laura murió por asfixia: la estrangularon con el cordón de una zapatilla.

Después de la autopsia, los forenses hicieron pruebas genéticas sobre el cuerpo de la víctima. Los resultados coincidieron con el ADN de Esteban Cuello, el único detenido. Un vecino llamó a la policía porque lo vio por la zona el mismo día del crimen. El joven de 23 años tenía antecedentes de violación y quedó con prisión preventiva en la Unidad Penal Nº44 de Batán.

A los tutelados de Laura y las compañeras del Patronato de Liberados no los citaron a declarar. Los familiares de la asistente social exigen apartar a la Bonaerense de la investigación. Pero la nueva fiscal Ana María Caro que lleva el caso le pidió a la policía que haga las pericias y negó que haya más responsables que Cuello. “Para este caso no hay nada más que silencios y mentiras”, dijo Lucia. Ella denuncia que faltan pruebas y que hay evidencias adulteradas: pelos que era de un color y aparecían de otro tono y datos que no estaban bien tomados.

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Esteban Cuello tenía que estar tutelado por el Patronato de Liberados Bonaerense, pero no tenía asistencia por un problema burocrático. No es el único caso. Las trabajadoras sociales -en su mayoría mujeres- tienen que asistir a 7000 personas en conflicto con la ley penal. Para ellas, el crimen de Laura era algo que se veía venir por las condiciones laborales. Después del asesinato – y gracias a una medida gremial de ATE- cada asistente trabaja con 30 tutelados, pero para cubrir a toda la población -como lo hacían antes- tendrían que hacer un seguimiento de 150.

“A las asistentes las persiguen y los familiares de los tutelados las echan a fuerza de patadas y gritos”, denunció Lucía. El Patronato no les da seguridad ni protección laboral y ellas armaron su propio sistema: se acompañan a las entrevistas y van de a dos al trabajo de campo. No dan abasto con las tareas. “La lógica del Patronato no cambió, es como si no hubiera pasado el tiempo”, dijo a Cosecha Roja Concepción, compañera de trabajo y militante de ATE. La institución nunca se hizo cargo de que el crimen ocurrió mientras estaba trabajando y ellas respondieron con medidas de fuerza: hubo paros extensos pero todo siguió igual. “Pedís que alguien te acompañe y no te dan ni cinco de pelota. ATE cambió pero el patronato no”, dijo Concepción.