Lucía Pérez cursaba el último año de secundario. Le gustaba pintar y tenía la idea de estudiar algo relacionado con el arte. El 8 de octubre de 2016 salió de su casa para encontrarse con Juan Pablo Offidani y Matías Farías, a quienes les debía plata. El día anterior le habían vendido marihuana. La pasaron a buscar cerca de su casa en la camioneta de Offidani y fueron a la casa de Farías. Ese mismo día, Farías, Offidani y Alejandro Maciel llevaron a Lucía a una sala de salud de Playa Serena. Lucía estaba muerta.
Durante esta semana se realizaron las audiencias del juicio donde Farías y Offidani están acusados de “abuso sexual agravado por el suministro de estupefacientes seguido de muerte en concurso ideal con femicidio” y Maciel, por encubrimiento.
Los resultados de los peritajes, que se expusieron en el juicio a cargo del Tribunal en lo Criminal N° 1, contradicen los dichos de la fiscal María Isabel Sánchez, que actuó al inicio de la causa y dijo que Lucía había sido empalada, que había muerto de dolor y que los acusados habían lavado el cuerpo antes de descartarlo. Al poco tiempo de tomar la investigación, la fiscal fue reemplazada. Una junta médica sostuvo que no hubo empalamiento. Los detalles que la fiscal contó a la familia y a los medios de comunicación no se basaban en ningún estudio forense.
“Hoy no es momento de hablar de la gestión de la fiscal anterior”, dice a Cosecha Roja Marta Montero, la madre de Lucía. “A mí, desde el corazón lo digo, prefiero que no haya sido de esa manera por el dolor que me provocó lo que podría haber vivido mi hija. Me alivia el alma que no haya sido como se dijo en un principio. Yo se que mi hija no sufrió tanto y eso me alivia un poco”.
La madre de Lucía está convencida de que los peritajes no invalidan los argumentos de la familia. Marta dice que el abuso y la violencia contra las mujeres se da de distintas maneras. “Eran personas adultas que sabían lo que hacían con una menor de edad a la que le vendieron droga. La buscaron, la llevaron a la casa de uno de ellos y después la dejaron muerta en una salita. ¿Eso no es poder? ¿Eso no es abuso?”, se pregunta.
El Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires hizo un informe inmediatamente después del crimen de Lucía. En él se pedía que su caso se investigue bajo la figura penal del femicidio, considerando que la Justicia debe tener en cuenta distintos parámetros para encuadrar estas muertes. Laurana Malacalza, su coordinadora, dice que “el asesinato se da en un contexto de dominación de esos tres varones con una chica. Les explicamos a los jueces que no hacen falta rastros físicos ni denuncias para decir que fue un caso de violencia de género. Las pericias, toda la investigación y la sanción tiene que ser entendida desde esta mirada de las cosas.”
“Hay que entender que aunque no haya huellas físicas en el cuerpo no significa que no haya violencia de género”, explicó Malacalza a Cosecha Roja. “El asesinato de Lucía se enmarca en un caso de tres varones adultos que usan la droga para relacionarse con ella, menor de edad. Hay una situación de dominación de estos varones con jóvenes, esto no se comprueba con huellas físicas. Esa dominación se entiende desde una perspectiva de género que te permite ver estos controles territoriales que ejercen algunos varones con las mujeres”.
Malacalza fue convocada por el fiscal Daniel Vicente y el abogado de la familia Pérez, Gustavo Marceillac, para que declare en el juicio como especialista. El objetivo era que brindara datos generales y conceptuales sobre la temática de violencia de género. Presenciar el juicio y testificar la impactó. En cuanto al debate sobre la relación sexual consentida, es determinante: “No puede haber una idea de igualdad cuando hay una mujer joven en relación con tres varones adultos que comercializan droga. Todos los rastros sexuales que encuentran las pericias fueron a partir de una dominación de tres hombres adultos sobre una joven menor de edad”.
La familia de Lucía pide que se entienda su caso como un femicidio. Su mamá dice que “hay muchas pruebas más allá de las pericias físicas. Tenemos muchas pruebas para demostrar que hubo violencia de género en lo que hicieron con ella. Esos elementos están basados en tratados internacionales y políticas de estado. No los inventamos nosotros.”
La estrategia de la querella busca demostrar a los jueces que la violencia de género no se comprueba solo con la ciencia forense, sino que implica comprender los mecanismos en que se dan los vínculos entre hombres y mujeres.
Marta dice que “los jueces tienen que incorporar la perspectiva de género” y que aunque en su proceso de duelo busca la aceptación, espera que se haga justicia con su hija.
En cuanto a las expectativas por el resultado del juicio, Malacalza dice que “es muy importante que en la sentencia judicial se de una sanción enmarcada en la violencia de género y de femicidio. Es importante que se de cuenta de esto porque puede dar un mensaje social de lo que el derecho entiende en relación a estos casos de violencia contra jóvenes y mujeres. Le daría un mensaje a la sociedad de que la violencia de género no puede ser naturalizada ni aceptada socialmente, sobre todo en un contexto como este en el que pareciera que todo se vuelve a discutir.”
La funcionaria provincial valora que se haya dado en este juicio la convocatoria a especialistas para poder enmarcar este caso en el contexto de la violencia de género.
La madre de Lucía habla claro y determinante. Recuerda a Lucía como a una chica con mucha capacidad para el arte. “Dibujaba muy lindo”, dice. Tenía 16 años y todavía no la dejaban salir de noche. Le habían prometido que a los 17 iba a poder ir a bailar. De todos modos, dice Marta, no tenía inquietud por las salidas nocturnas.
“Lucía era un ángel y la tengo presente por siempre. Me la sacaron físicamente pero la tengo en mi alma” dice.
En las próximas jornadas del juicio se esperan los alegatos de las partes y el 23 de noviembre sería la sentencia.
