Gisela Elizabeth Sánchez tenía 34 años y era paciente de riesgo: padecía asma crónica y artritis reumatoidea. Cuando estalló la pandemia, pidió licencia en el municipio de San Pedro de Jujuy, donde trabajaba hace cinco años. Pero cuando la cuarentena empezó a flexibilizarse, a fines de octubre, la obligaron a regresar a su lugar de trabajo. Se contagió de Covid-19 y murió en la madrugada del 25 de diciembre. En octubre del año pasado en la misma provincia murió Elisabeth Del Valle Pérez, a quien también la obligaron a seguir trabajando a pesar de ser grupo de riesgo.
Gisela no sólo tenía un certificado de discapacidad, firmado por el propio municipio, sino otros 200 certificados médicos. Nunca dejó de trabajar: durante toda la cuarentena lo hizo desde su casa. Pero cuando la llamaron de la oficina de Personal y le dijeron que tenía que volver no pudo optar: tenía miedo de perder el trabajo. La hicieron firmar un papel donde ella se hacía responsable de volver a su puesto de administrativa en el Mercado de Artes y Oficios, que depende del área de Cultura del municipio.
“Cuando regresó, a fines de octubre, no le dieron ningún elemento de higiene: ella llevaba su propio alcohol en gel y su propia máscara”, cuenta a Cosecha Roja, Sandra Sánchez, la madre de Gisela. Para exponerla lo menos posible, su familia no la dejaba viajar en el transporte público, así que todos los días la llevaban en moto hasta el municipio.
Gisela vivía en la casa de su mamá, con su hijo Nicolás, de 15 años, su hermana, su sobrina y su hermano. El jueves 19 de noviembre volvió del trabajo con dolor de cabeza y tos. Como no tenía fiebre, pensaron que podía ser un ataque de asma como otros que ya había tenido.
El viernes fue a trabajar y el fin de semana empeoró la tos. El lunes 23 seguía sin fiebre pero no podía respirar: se ahogaba y se ponía morada. Así que la llevaron al sanatorio “Santa María”, de San Pedro.
Le hicieron placas, tomografías y el hisopado por Covid. Quedó internada. En las placas salió una mancha en el pulmón izquierdo que antes no tenía. “Mi hija se controlaba mensualmente y estaba bien, más allá de sus enfermedades”, aclara Sandra.
La temperatura empezó a subirle y el miércoles 25 le dieron el resultado del hisopado: positivo. “Me comuniqué al trabajo con su jefa, avisé que mi hija dio positivo y les pedí por favor que cerraran el lugar y desinfectaran”, cuenta Sandra. Es que antes de Gisela, ya se habían contagiado la otra administrativa y un profesor. Ellos se aislaron, pero el lugar siguió funcionando.
A la semana, Gisela fue derivada a terapia intensiva. Murió el 25 de diciembre, a las 3 de la madrugada. “En el sanatorio estuvo muy bien cuidada, todos muy pendientes de ella, hicieron lo que más pudieron. Vi la preocupación y el desvelo, que lamentablemente desencadenó en este final”, dice Sandra.
Durante toda la internación de Gisela, nadie del municipio se interesó por su estado de salud. Tampoco lo hicieron cuando murió.
El viernes pasado, Sandra denunció al municipio de San Pedro en la comisaría 35 del barrio San José por el delito de abandono de persona y se abrió una causa penal en la Fiscalía N°12. “Ellos (el municipio) sabían bien la condición física de mi hija. Sabían que era paciente de riesgo y que no podían mandarla a trabajar en una pandemia”, dice la mamá.
Sandra también está tramitando la tenencia de su nieto Nicolás. “Su mamá era todo para él, porque su papá los abandonó cuando él era un bebé”.
Gisela era trabajadora social y militante histórica de la juventud radical de Jujuy. “El radicalismo también la abandonó a mi hija, nadie se acercó”, agregó Sandra.
Quien sí acompaña a la familia de Gisela es el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM) de la provincia de Jujuy. Desde la sede de San Pedro del SEOM hasta el municipio marcharán este lunes 18, a las 10, pidiendo justicia por ella.
“Queremos convocar a todos los gremios privados y estatales, a toda la comunidad en general, para que nos acompañen pidiendo justicia por Gisela Sánchez”, dijo Sandra. “No podemos permitir que esta gente siga haciendo lo que quiera con nuestros hijos. Son culpables de la muerte de mi hija y no podemos permitir que esto siga pasando”.
El caso de Elizabeth Del Valle Pérez, también en Jujuy
La historia de Gisela Sánchez recuerda a la de Elisabeth Del Valle Pérez, una mujer de 38 años, también paciente de riesgo por padecer múltiples enfermedades, a quien sus empleadores del Canal 2, de Jujuy, no le permitieron hacer home office.
Tuvo que ir a trabajar igual, se contagió de Covid y murió en menos de un mes.
