En 48 horas se vencerá el plazo para que Ricardo Bussi, hijo del genocida Antonio Bussi y actual legislador provincial de Fuerza Repúblicana en Tucumán, pueda ser juzgado por abuso sexual. La jueza Carolina Ballestero tiene tiempo hasta el 22 de agosto para solicitarle a la Legislatura tucumana que le quite los fueros a Bussi. En realidad, tuvo 58 días para hacerlo y aún no se expidió.
En junio de este año, Bussi fue acusado de abuso sexual y usurpación de la identidad por Lupe (el nombre que se usó para difundir el caso), una mujer de 26 años que trabajaba con él. Según consta en la denuncia, Lupe se había comunicado con el legislador para pedirle explicaciones por un supuesto robo de identidad: sus datos personales habían sido utilizados para abrir una cuenta a la que se giraron 600 mil pesos. El legislador la citó en su despacho de la Legislatura para hablar a solas del tema, el 10 de marzo pasado. Allí la forzó a “practicarle sexo oral, luego de lo cual la liberó y pudo huir del lugar”.
La denuncia primero fue presentada en la División de Delitos contra las Personas e Integridad Física de la Policía de Tucumán y luego ratificada en la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la integridad Sexual, a cargo de María del Carmen Reuter.
Desde entonces, Lupe vive hostigada y amenazada. Estuvo dos meses refugiada, fuera de su casa, hasta que le pusieron custodia policial. Cuando pudo regresar a su hogar, se encontró con que lo habían desmantelado: le robaron la cama, un sillón, un televisor, el secarropa nuevo que aún continúa pagando, la garrafa, la ropa de sus nenas, las colchas. Hasta le mataron el gato. Con aerosol le dejaron un mensaje en el fondo de su casa: “Akí estoy”. Adentro, encontró drogas, botellas de vino, y una insignia policial. Todo eso será remitido a la Justicia por su abogado, Salvador Iovanne, según publicó La Nota Tucumán.
El colectivo Ni una Menos Tucumán y la Multisectorial de Mujeres conformaron una mesa donde participan más de 60 organizaciones de mujeres, feministas, sociales, de derechos humanos y partidos políticos, para exigir justicia por “Lupe”. Como primera acción publicaron un escrito donde solicitan a la jueza Ballesteros el pedido de desafuero.
“Hasta este momento la jueza no ha dado señales de cuál va a ser su postura. Estamos expectantes del pedido de requerimiento”, dijo Iovanne a Cosecha Roja. “Esperamos que la jueza evalúe la causa y considere, como nosotros, que el hecho es patente manifiesto y así poder más adelante enjuiciar a Bussi”, agregó.
Para Iovanne, si la jueza no pide el desafuero, se estaría ante una “politización de la justicia”.
¿Por qué Bussi no puede ser juzgado actualmente? A diferencia de lo que pasa a nivel federal, el Código Procesal Penal de Tucumán establece que los legisladores, funcionarios o magistrados no pueden ser investigados penalmente. Los jueces tienen 60 días para decidir si existen elementos suficientes para iniciar una investigación y juzgarlos. Si deciden que hay mérito, deben pedir su desafuero y recién ahí se los puede comenzar a investigar formalmente. Pero si deciden que no, la causa queda en suspenso hasta que el acusado finalice su mandato. En el caso de Bussi esto sería recién en 2023.
“El sector más político de Tucumán, que es la Legislatura, condiciona directamente la Justicia con esta norma. Nosotros tenemos hecho un planteo de inconstitucionalidad que aún está pendiente de resolución”, cerró Iovanne.
