Desde el viernes 11 de mayo el Tribunal Oral en lo Criminal 9 de la ciudad lleva adelante el juicio oral contra seis agentes de Prefectura Naval que en septiembre de 2016 detuvieron ilegalmente y torturaron a dos adolescentes de 15 y 18 años en la Villa 21-24 de Barracas.
La noche del 24 de septiembre de 2016 Iván Navarro volvía caminando a su casa. En una esquina, un grupo de agentes de la Prefectura requisaba a Ezequiel Villanueva Moya, de 15 años. Iván, de 18, se acercó a ver qué pasaba. Los agentes le pidieron el DNI y lo requisaron. A los pocos minutos llegaron refuerzos: cinco móviles con más de 20 prefectos.
A Iván y Ezequiel los esposaron y los cargaron en un móvil. En el destacamento los encerraron en un cuartito, los verduguearon y les pegaron. Después los llevaron a un descampado frente al Riachuelo, donde los volvieron a torturar y simularon un fusilamiento. Les volvieron a pegar, le robaron sus cosas y los dejaron ir.
Diez días después, Iván participó de un programa de televisión donde contó lo que había sufrido. Cuando volvió a la Villa 21 vio cómo dos prefectos golpeaban a un pibe contra la pared de la Casa de la Cultura.
– ¿Qué mirás? –le dijo a uno de los Prefectos a Iván.
– Nada, pero no le hagas nada al pibe, porque yo los denuncié.
– ¿Así que fuiste vos, pedazo de hijo de puta? Empezá a correr.
Un prefecto lo persiguió a Iván hasta la casa. “Si no corría, lo mataban. Y si lo mataban, no lo contaba nunca más”, denunció la Garganta Poderosa en un comunicado.
“Existen numerosos hechos como este que permanecen en el anonimato, sobre todo por el miedo que tienen los jóvenes a las represalias de los efectivos de la fuerza”, denunciaron desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). En este caso, la intervención de La Poderosa, el movimiento de resistencia villero que edita la revista La Garganta Poderosa, permitió visibilizar y denunciar las torturas. La Poderosa y el CELS son querellantes en el juicio que comenzó el viernes.
Durante los primeros días los prefectos estuvieron prófugos luego de pedir licencia médica y ausentarse de sus puestos de trabajo. Cuando la jueza ordenó su detención fueron a buscarlos a sus domicilios. Ninguno estaba ahí. El Ministerio de Seguridad de la Nación no dio respuesta y minimizó el caso. Cuando los prefectos fueron procesados, el Ministerio decidió cesantearlos de la fuerza. Pero no avanzó en la investigación.
Según denunció el CELS “los casos de hostigamiento y golpes en la zona han persistido y de hecho las denuncias han aumentado en los últimos meses, con la llegada de más prefectos al barrio. Hoy la Prefectura no rinde cuenta de sus acciones en Zavaleta y la Villa 21-24”.
